La Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, de la que dependen los centros, aseguró que se están tomando “medidas concretas” para paliar la situación de las instalaciones, pero recordó que es necesario tiempo para poder solventar la situación.
“Se está en la etapa de acuerdos para que lo dictaminado por la jueza pueda llevarse a cabo respetando los plazos establecidos”, señaló la entidad en un comunicado.
Esa situación se da luego de que la Jueza de Control de Ejecución de Medidas para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, Verónica Galicia, ordenó el martes el cierre de un área.
La verificación constató que los menores habitan en espacios de aproximadamente dos metros cuadrados con hasta 15 jóvenes, falta de ventilación y de infraestructuras sanitarias que ponen en riesgo el estado de los menores, de acuerdo con la medida.
Ante esa situación Galicia ordenó el cierre del centro ubicado en San José Pinula. La juzgadora dio un plazo de tres meses para que los internos sean traslados a otro lugar mientras la Secretaría de realiza los cambios pertinentes.
La dramática situación es extensible a los cuatro centros del sistema, alertó también la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), quienes indicaron que el centro tiene capacidad para 550 personas, pero alberga a mil 77 reclusos.
Además de la falta de espacios y de las malas condiciones higiénicas de los centros, la PDH ha denunciado la carencia de monitores y asistencia.
“La mayoría de los adolescentes tienen sarcoptosis y recurrentemente presentan cuadros de diarrea, principalmente como consecuencia de la alimentación y el agua que consumen. Algunas veces la comida está en proceso de descomposición”, alertó la entidad.
Ante eso, solicitaron revisión del estado de todos los centros y el traslado de los jóvenes a edificios donde se den las condiciones mínimas de salubridad.
