Justicia

Guatemala carece de cifras para combatir el fenómeno de las drogas

La investigación del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEC), denominada Drogas: un desafío para la seguridad, expone falencias que afronta el país por carecer de información clara acerca del tráfico y consumo de drogas, panorama que debería aclarar el Gobierno.

Los decomisos de drogas también aumentaron en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

Los decomisos de drogas también aumentaron en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

El estudio fue expuesto por  el analista de ese centro, Francisco Jiménez, exministro de Gobernación, quien señaló las debilidades que se enfrentan debido a la falta de información institucionalizada de las drogas y sus efectos en Guatemala.

La investigación el Cien señala que “el acceso a drogas no controladas y el tránsito ilícito” generan en el país “el trasiego, consumo y la economía ilícita”. Además, observa que los problemas provocados por las drogas deberían tener “respuestas diferenciadas” del Estado.

Como contexto regional, Jiménez explicó que Colombia aumentó su producción de drogas y Estados Unidos (EE.UU.), mantiene el alto nivel de consumo.

Según la Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas (Undoc), la cantidad de usuarios habituales de cocaína en EE. UU., se mantuvo constante en los últimos cuatro años.

A escala mundial, de 2015 a 2016, Colombia incrementó en 50 mil hectáreas su extensión de cultivos amapola, pasando de 96 mil hectáreas a 146 mil.

Los indicadores de Colombia y EE. UU. dejan en medio de la problemática a Centroamérica y Guatemala no es la excepción.

Jiménez expuso las cifras de incautación de cocaína del 2001 al 2018 y concluyó en que el decomiso de esta droga incrementó el 310 % en los últimos 17 años.

Las dudas

Las cifras de incautación de cocaína se laboró con información que brindó la Policía Nacional Civil (PNC).

En el 2001, se decomisaron cuatro mil 103 kilos de cocaína y 2018 fueron 16 mil 829 kilos incautados de cocaína, que según estimaciones es la droga más trasegada por los carteles.

Al respecto, Jiménez dijo que niveles de decomiso son indicadores del comportamiento del tráfico y tránsito internacional de drogas, y hay factores que se combinan, como el probable aumento del tráfico de drogas y la probable mayor efectividad de las fuerzas de seguridad en la contención del narcotráfico.

Para el Cien, hay “ausencia de información que permita una comprensión cuantitativa y cualitativa del impacto del tráfico de drogas en Guatemala” y también evidencia “la falta de una política integral para el abordaje de los problemas de las drogas: tráfico, consumo y economía ilícita”.

Prensa Libre buscó a Fernando Lucero, portavoz del Ministerio de Gobernación, para obtener la postura de la cartera respecto al informe y las conclusiones, pero no respondió.

La investigación del Cien sugiere que se debe fortalecer el Observatorio Nacional de Drogas para lograr formular insumos de políticas públicas en materia de drogas.

Asimismo, sistematizar la información e investigación para la elaboración de indicadores que permitan revisar las políticas públicas en materia de narcotráfico.

Jiménez señaló: “El Gobierno debe impulsar encuestas para establecer el consumo y así aclarar el panorama porque solo con las cifras de incautaciones es complejo descifrar lo que ocurre”.

Una investigación de Prensa Libre publicada el 31 de enero pasado expone que en Guatemala, algunos datos del decomiso de cocaína —de varias fuentes oficiales— no coinciden entre sí, ni con cifras que el Departamento de Estado de los EE. UU. publica desde el 2016.

Es investigación periodística reveló que el 18 de diciembre del 2018, la Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN), citando información de la Policía Nacional Civil (PNC), publicó que se habían incautado 34,130 kilos de cocaína en los primeros tres años de la administración del presidente Jimmy Morales. Anunciaba, además, que la cifra superaba lo incautado en las últimas dos administraciones: Álvaro Colom (2008-2012), con 14,728 kilos, y Otto Pérez Molina (2012-2015), con 17,955 kilos. Dos días después, el Diario de Centro América (DCA) publicó que en la administración de Morales se habían incautado hasta esa fecha 43,305 kilos. Las cifras en las administraciones anteriores se reportaron sin cambios. Para el 12 de enero de este año, AGN rectificaba y publicaba que la incautación 2016-2018 sumaba 43,307 kilos.

Para diciembre pasado, varias fuentes de información oficial compartían la misma cifra de decomisos en kilos para todo 2018: 16.8 toneladas para mediados del mes, y 17.8 toneladas —17,897 kilos— para el 27 de diciembre. De esa cifra, solo en un día —el 17 de diciembre pasado—, según AGN, las autoridades guatemaltecas reportaron la incautación de 5.6 toneladas en aguas del Pacífico, que contribuyó a elevar los decomisos del año pasado. Pero hasta no hace mucho, había discrepancias sin esclarecer.

El dato de las 43.3 toneladas coincide con cifras que la PNC facilitó al Cien y al MP. No obstante, aún es inexplicable la diferencia entre algunas cifras que suministran fuentes y órganos de divulgación oficial, que tampoco reflejan que el incremento en las incautaciones también obedece al incremento de la cantidad de droga traficada vía Guatemala hacia EE. UU.

Impacto en la seguridad

El informe del CIEN expuso los efectos que tiene el tráfico de drogas en la seguridad:

  • El auge de la economía ilícita, determinada por el alto nivel de ganancia que genera el tráfico ilegal, distorsiona la economía del país por la necesidad de los grupos criminales de blanquear sus ganancias.
  • El surgimiento de estructuras criminales cada vez más complejas, que implican altos niveles de soporte logístico, seguridad  para la mercancía, organización para el blanqueo de capitales, red criminal de influencia en tomadores de decisiones en el poder local que distorsionan las dinámicas de poder legítimas.
  • El desarrollo de prácticas criminales colaterales, que implican una mayor inversión en actividades de la economía ilícita, tales como el tráfico de armas, trata de personas.
  • El incremento de las prácticas de corrupción.
  • Debilitamiento del estado de Derecho.

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