Un informe de las Naciones Unidas de 2007 señaló que Guatemala atravesaba por uno de los momentos más violentos de su historia y que la violencia homicida había aumentado en más de 120 por ciento entre 1999 y 2006.
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Este crecimiento, advirtió, equivalía a un aumento mayor al 12 por ciento por año desde 1999, superando ampliamente al crecimiento poblacional que era inferior al 2,6 por ciento anual.
En 2006 el país presentó una tasa de homicidios de 47 por cada 100 mil habitantes y la ciudad de Guatemala llegó a 108. Estas cifras posicionaron a Guatemala como uno de los países más violentos del mundo oficialmente en paz.
En 2017 la tasa se redujo a 26.1 por cada 100 mil habitantes y este sábado cesó el apoyo a la Policía por decisión del presidente y comandante general del Ejército, Jimmy Morales.
El argumento para sacar a los batallones militares de las calles es que la PNC ya adquirió nuevas capacidades y cualidades, se profesionalizó y aumentó su número de efectivos a casi 40 mil, es decir casi el doble de lo que tenía a principios del 2000.
Además, como dice el portavoz del Ministerio de la Defensa, el coronel Oscar Pérez, han disminuido los índices de criminalidad y el Ejército ha planificado ubicar a sus soldados en áreas fronterizas que son consideradas “estratégicas” para el país para combatir el crimen trasnacional como el narcotráfico, el tráfico de armas y personas, entre otros.
El instituto castrense llegó a tener 5 mil soldados distribuidos en nueve escuadrones militares en municipios de los departamentos de Guatemala, Escuintla (sur), Izabal (Caribe), Chiquimula (este) y Petén (norte).
Con mochila y fusiles al hombro patrullaron esta zonas violentos que ahora serán responsabilidad de las fuerzas civiles.
Durante el gobierno que presidió el general retirado Otto Pérez Molina (2012-2015) detenido y procesado por corrupción, las Fuerzas Armadas adquirieron más notoriedad porque el mandatario ofreció “mano dura” contra el crimen, aunque fueron utilizadas para otras tareas como desalojos.
En uno de ellos, en octubre de 2012, murieron seis campesinos y más de 30 quedaron heridos de bala cuando los soldados dispararon contra una protesta en la denominada Cumbre de Alaska, en el departamento occidental de Totonicapán.
A los militares también se les responsabiliza de haber cometido genocidio durante la guerra interna (1960-1996), pero hasta ahora ningún alto mando ha sido condenado.
En la actualidad es juzgado, en un proceso especial, el general golpista y exjefe de Estado de facto, José Efraín Ríos Montt (1982-1983) por el asesinato de 1 mil 771 indígenas ixiles.
Las causas que originan la violencia aún se mantienen en Guatemala, como es la pobreza en que vive más del 57 por ciento de la población estimada en más de 17 millones de habitantes, la exclusión social y la discriminación.
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Un informe de “Global Peace” señaló el año pasado que la violencia le generó en 2016 a Guatemala US$20 mil 804 millones, el costo más alto en Centroamérica.
El gobierno de Estados Unidos se ha congratulado por la decisión de la administración de Morales de dejar en la PNC la responsabilidad de la seguridad ciudadana y retirar a los militares de las calles.
También asegura que seguirá trabajando en el fortalecimiento de la seguridad civil y apoyando al Ejército para que se convierta en una fuerza de defensa aún más profesional y responsable.
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