En la actividad González expuso que la acción se realizó debido a que observaron que con esa Ley, el Estado trata de una manera represiva al núcleo familiar.
“No hay igualdad entre el género masculino y el femenino, pues solo a los hombres se les trata de manera represiva”, comenta González.
González se refirió a que esta ley no puede ser superior a la Constitución que en su artículo 1o. estipula que el Estado debe proteger a la persona y a la familia, pero que esto no se ha cumplido.
Por su parte, Castellanos aseguró que se necesita una ley que castigue porque todos los días existen casos en los que las mujeres son violentadas. “Esta ley existe porque es necesario que las mujeres estén protegidas”, agregó.
Viven sojuzgadas
Ochoa inició su disertación recordando por lo mejos ocho casos en los cuales las mujeres han sido víctimas de diversos tipos de violencia, algunos que empiezan con insultos, otros con golpes y algunos pueden llevar hasta la muerte.
“No hay una sola mujer en este país que no haya sido víctima de violencia en alguna de sus manifestaciones”, aseguró Ochoa.
A criterio de la juez el poder de los hombres ha hecho que las féminas vivan sojuzgadas, a esto se une la dominación de tipo económico.
La juzgadora relató que hay casos que se podrían evitar con las acciones judiciales, y por ello es necesario hacer conciencia a todos los jueces de distintas instancias para que se dicten las medidas de protección necesarias.
“En un juzgado de turno, llegó un caso en el que se detuvo a un hombre por haber dado golpes a su esposa, el juez le dio libertad, y cuando llego a casa asesinó a la mujer”, comenta.
Recurso
El 8 de agosto, los abogados quetzaltecos Romeo Silverio González, Werner Danilo de León Pleitez y Pablo Saúl López Reyes solicitaron que se declararan inconstitucionales cuatro artículos de la Ley contra el Femicidio porque, a su criterio, contravienen el artículo 4o. de la Constitución, que se refiere a la igualdad en dignidad y derechos.
Agregan que esta ley es violenta y causa daños severos al núcleo familiar, además de ser discriminatoria, ya que sanciona solo a los hombres. Se fundamentan en textos bíblicos para darles peso a sus razonamientos.
El grupo Amigos de la Corte, que defiende la norma, señala que la acción es improcedente, pues le corresponde al Estado adoptar medidas específicas para proteger a las mujeres.
Su planteamiento se fundamenta en que la normativa es constitucional y garantiza a los ciudadanos una vida libre de violencia.
El proceso esta en manos de la CC, quien tiene pendiente emitir sentencia.
