Ha sido intenso, con enormes desafíos. Ha habido problemas y dificultades, pero siempre tengo una actitud muy positiva, una actitud de desarrollo de objetivos y metas. Afortunadamente lo que nos definimos en un principio, antes de llegar a este ministerio, lo vamos a alcanzar conforme vaya a avanzando el tiempo.
¿Confía en quienes lo rodean, asesores, custodios, viceministros, jefes de Policía Nacional Civil (PNC) o Sistema Penitenciario (SP)?
Hemos tenido la oportunidad de tener en este ministerio personas de nuestra absoluta confianza, en puestos claves como son los viceministerios de Seguridad y Antinarcóticos.
Considero que hemos tenido una buena relación con la PNC, lo que nos ha permitido ejecutar un excelente trabajo. Es de reconocer que en el SP hemos tenido problemas por los cambios de las personas que fueron designadas en un origen, pero con la claridad desde acá del Ministerio sabemos que tenemos que modificar el sistema, y hacia eso eso vamos.
¿Confía en Nicolás García, exdirector del SP?
En el Ministerio de Gobernación estuvimos conscientes de varios señalamientos contra Nicolás, pero nunca se presentó una denuncia, no existió nunca un documento que los sustentara.
¿Qué hacer con el SP, llegó a un punto de no retorno en el control de las cárceles?
El Sistema Penitenciario por décadas fue abandonado. Ya sobrepasó la capacidad para la que fue creado. Se inauguró a finales de los años setenta y a partir de ahí fue abandonado. En realidad revertir un problema de décadas en cuatro años no es posible, pero estamos conscientes como Gobierno que se pueden sentar las bases para reformarlo, ya que en la actualidad solo genera reincidencia delictiva y criminalidad hacia la población guatemalteca.
¿Pero qué se ha hecho para retomar el control de las cárceles?
El presidente dentro de su política de Gobierno definió la reforma de presididos, como una de sus prioridades. Este año se asignó un mejor presupuesto, pero el Congreso de la República no lo autorizó. Vamos a inaugurar tres centros más en los próximos meses con la finalidad de crear un sistema de gestión distinto al que se tiene actualmente. Se prevé solicitar más presupuesto para poder remodelar y edificar algunos centros carcelarios.
¿Qué otros programas podrían evitar el hacinamiento en los centros de privación?
Ya se trabaja en la creación de los grupos multidisciplinarios, en el sistema de control Telemático —brazaletes electrónicos—. Definitivamente se debe trabajar una política desde este Gobierno, que debe ser asumida por el que viene y el tercero, para dar continuidad y finalización al proyecto. Considero que si hay posibilidad de retomar el control y hay pruebas de que sí se puede hacer. Hay ejercicios en América Latina que muestran que se puede lograr.
¿En cuánto tiempo se tiene contemplado realizar esta política?
La planificación que se tiene es para diez años, porque el problema es muy grande. Presidios fue abandonado administración tras administración.
¿Se podrá implementar este año el tema de los brazaletes para reducir el hacinamiento en las cárceles?
Hemos concluido el proceso administrativo. Ahora nos toca desarrollarlo, pero no hay financiamiento dentro del Gobierno actual, ya se planificó para el otro año.
¿Cuántos privados podrían beneficiarse con este sistema?
Con base a la población actual se contempla que unas mil personas podrían tener derecho, pero hay que tener claridad que no todos tendrían la capacidad económica para optar a esa medida. Además, la decisión de quién debe usarlos corresponde a un juez. Como le repito, va a depender mucho de la capacidad económica de la personas, pues el privado de libertad será quien lo pague.
¿Por qué esperó tanto en el tema del anterior director del Sistema Penitenciario, incluso lo defendió?
Mire, Nicolás García había trabajado en el Ministerio Público y el Sistema Penitenciario, si se recuerda, él fue quien administró Fraijanes 1 y pudimos corroborar su labor. Él tenía la experiencia y capacidad por eso se decidió darle la Dirección General del Sistema Penitenciario.
¿En qué momento decidió sustituirlo?
Fueron dos hechos, primero el tema de la exmagistrada —Blanca Stalling— y segundo, la fuga de Marixa Lemus, alias la Patrona. A él ya se le había advertido acerca de la seguridad en Mariscal Zavala, Matamoros y otros centros carcelarios. La evasión de Marixa consideramos que fue el rompimiento de un protocolo y por eso se tomó la decisión de removerlo.
¿Qué medidas de seguridad se tomaron para evitar que se fugue de nuevo?
Hoy día está en una bartolina, no hay una persona que la acompañe, esta sola. El lugar cuenta con un circuito de cámaras y considero que no existirá una tercera vez para que se fugue.
¿Garantiza que no habrá más fugas?
Las debilidades del Sistema Penitenciario existen, eso no nos permite garantizar que no exista una evasión, especialmente cuando los reos se trasladan a los hospitales u otros criterios que no compartimos, pero que se cumplen por ser orden de juez.
Nosotros hemos dado la instrucción de no hacer traslados de reos de alta peligrosidad y le hemos pedido al Organismo Judicial y al Ministerio Público que se implemente el sistema de videoconferencias, no pueden seguir muriendo guatemaltecos por estar trasladando. El OJ tiene toda la infraestructura y sistemas para implementar las videoconferencias y nosotros estamos creando los espacios.
¿Han comprobado corrupción de los guardias penitenciarios?
El Sistema Penitenciario ha sido altamente corrompido. No son todos, son unos pocos, estamos trabajando en la depuración.
¿Qué es lo que más agobia a los guatemaltecos en el tema de seguridad?
Las extorsiones son un fenómeno delictivo que se ha extendido en toda las ciudades del país. Es un problema que afecta mucho la tranquilidad y paz de los guatemaltecos. En Guatemala hay estructuras criminales que dirigen las extorsiones y que lo han convertido en un modelo de vida. Además hay grupos delictivos que no necesariamente son pandillas y usan esta modalidad para agenciarse de recursos, son personas individuales.
¿Son las extorsiones lo más grave que le sucede a los guatemaltecos en tema de seguridad?
Es un delito que afecta enormemente a los guatemaltecos, pero a nuestro criterio como equipo de Ministerio de Gobernación consideramos que el crimen que más afecta a la población son los relacionados contra la vida.
¿De cuántas víctimas de extorsión estamos hablando?
Si se mide por denuncias, de enero a la fecha hay 2 mil 816 hechos. El departamento de Guatemala es el que más reportó, con mil 210; le siguen Quetzaltenango, con 312 y Chimaltenango, 174.
Consideramos que a raíz de los operativos del año pasado y del actual nos ha permitido ganar confianza con los guatemaltecos por eso ahora hay más denuncias. Hoy más personas acuden a la Policía a pedir ayuda.
¿Por qué a pesar de esas capturas masivas las extorsiones continúan?
El fenómeno es muy grande, estamos conscientes de la problemática y por ende la mayoría de los recursos los enfocamos hacia su persecución.
Lo padece El Salvador, Honduras, Colombia, Brasil… ¿alguno se libró de este flagelo?
No, ni siquiera Estados Unidos. Lo que se ha desarrollado es una labor fuerte en contra de las personas dedicadas a extorsionar. La misma forma que se utiliza en Guatemala para extorsionar —exigir dinero a un pequeño comerciante— la utilizan grupos delictivos en Los Ángeles y Chicago, especialmente en el área de California. Hace varios meses compartimos con grupos que realizaban investigación en este tema en California, con el Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), como la policía local, nos dimos cuenta que utilizan casi la misma forma de operar.
No lo han erradicado, pero sí controlado…
Eso sí, se ha controlado el porcentaje en esos países. Cada nación ha aplicado varios métodos. En Honduras se utilizan las escuchas telefónicas, métodos que ya se usan en Guatemala. Aquí en el país usan la persecución penal y la investigación estratégica. En El Salvador también se utiliza el tema de los agentes encubiertos, aquí estamos listos para inaugurar los equipos de investigación de agentes encubiertos y entregas vigiladas. Pero en general, no se ha erradicado el problema en estos países, pero si se ha golpeado fuertemente. El problema es muy grande.
El Ejército reconoció que se infiltró en sus filas un pandillero, ¿se ha detectado pandilleros infiltrados en la PNC o el SP?
No hemos detectado la presencia de pandilleros ni en la Policía ni en el Sistema Penitenciario. Tratamos de establecer un sistema de reclutamiento fuerte para todos los agentes —policías y custodios—. Ellos son sometidos a procesos muy rigurosos que van desde pruebas psicológicas y psicométricas donde estudian durante un año y posteriormente van a trabajar por un año más, sin ser contratados o confirmados bajo la supervisión de autoridades. Al pasar esos dos años se les confirma como policías. Esos procesos nos ayudan a evitar que se filtren pandilleros.
En El Salvador, las maras han buscado negociar con el Estado. ¿Cree que aquí buscan lo mismo?
Por el momento ellos no… Por aparte, nosotros tampoco estaríamos dispuestos a negociar o dialogar con personas que han demostrado que no tienen principios ni valores. Personas que han secuestrado y matado a ciudadanos, directores del Sistema Penitenciario, agentes penitenciarios y policías. No podemos negociar con esos delincuentes, que años han ido en contra de la ley y que han violentado cualquier bien tutelado.
