El jefe de la Feci, Rafael Curruchiche dijo que la decisión se tomó “luego del análisis realizado y velando siempre por el principio de legalidad y objetividad”.
Agregó que hay una “notoria incongruencia entre la acusación realizada por el anterior jefe de la Feci y los medios de investigación”, por lo que no se presentará ninguna apelación “debido a las falencias”.
Explicó que en 2017 fue presentada la solicitud de acusación y formal acusación por el delito de tráfico de influencias contra Stalling por el entonces jefe de la Feci, Juan Francisco Sandoval.
Recordó que el caso surge porque la exmagistrada intentó influir en el juez Carlos Ruano en una investigación en la que estaba vinculado su hijo; sin embargo, Curruchiche dijo que el mismo juez puso la denuncia cuatro meses más tarde que la Feci.
Dijo que el 29 de junio último el juez sobreseyó el caso porque encontró “significativas anomalías” entre los hechos descritos en la acusación y los medios de investigación obtenidos.
“Al asumir la jefatura de Feci, y derivado del análisis que he realizado en cada uno de los casos he notado muchas deficiencias e inconsistencias en las investigaciones desarrolladas anteriormente”, enfatizó Curruchiche en un video.
Dijo que es lamentable que “estén saliendo a luz las anomalías de muchos procesos de gran trascendencia de los cuales la población ha sido testigo”, agregó.
Citó por ejemplo el caso Odebrecht (que vincula al exministro Alejandro Sinibaldi) y el caso Asodefir, que “se mantuvo oculto entre varios más”.
Agregó que también por esas inconsistencias fue sobreseído el delito de resistencia con agravación específica en favor de la exmagistrada.
El titular de la Feci arremetió contra la anterior administración en esa Fiscalía, ya que “tanto en esta como en otras investigaciones han sido notorias las debilidades en los procesos de investigación”.
Enfatizó que su actual administración “es respetuosa de la ley y las garantías procesales”. Advirtió de que estará tomando “todas las acciones necesarias” ante esas “anomalías”, “para cortar de raíz estas prácticas perjudiciales” y deducir responsabilidades.
Durante la administración de Curruchiche y María Consuelo Porras, varios exfiscales contra la Corrupción han tenido que abandonar sus puestos y huir del país.
