El Hogar Seguro Virgen de la Asunción era una residencia de abrigo y protección que estaba bajo la tutela de la Subsecretaría de Protección y Acogimiento a la Niñez y Adolescencia de la Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia (SBS), y albergaba a más de 600 menores con diferentes perfiles y necesidades. Durante años se supo sobre denuncias de malos tratos, malas condiciones de vida, y violaciones de derechos humanos de los niños, niñas, adolescentes y personas mayores de edad que padecían alguna discapacidad.
Hasta que el 7 de marzo del 2017 un grupo de adolescentes escapó del Hogar Seguro como reacción a los malos tratos, malas condiciones y vejámenes que sufrían en el lugar. No obstante, los menores fueron capturados, algunos por la Policía Nacional Civil (PNC) y otros por el personal de la SBS, en San José Pinula, carretera a El Salvador y otros lugares. Por esa razón en la madrugada del 8 de marzo 56 niñas fueron encerradas en el aula y 43 niños en un auditorio. Los dos salones fueron cerrados con candados y quedaron bajo custodia policial.
Pero un incendió comenzó en el aula de las menores, el cual se supone fue provocado por ellas para que las dejaran salir del lugar, según la investigación del Ministerio Público, en donde murieron 41 niñas y 15 sobrevivieron.
Le puede interesar: Los retos de Guatemala y la región para garantizar los derechos de las mujeres
El informe “Las víctimas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, Un camino hacia la dignidad”, elaborado e impreso por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala en noviembre del 2018, concluyó que pese a las acciones y esfuerzos institucionales quedaban pendientes de realizar cambios en el modelo de protección de la niñez con reformas estructurales que permitan garantizar sus derechos, pero de forma particular para los que viven en condiciones de mayor vulnerabilidad y pobreza.
Además, resaltó que el Estado tenía la oportunidad de extraer las lecciones aprendidas de la tragedia para avanzar en la adecuación de medidas, cambios y reformas necesarias para transformar las perspectivas de las niños y adolescentes.
Además, entre sus recomendaciones instó a revisar los criterios de institucionalización de los menores para que sea con un propósito legítimo y necesario, establecido en ley para evitar las estigmatizaciones como “riesgo social”.
Acciones
Para Carlos Gómez, subsecretario de Protección y Acogimiento, el tema de sobrepoblación en los hogares les preocupa, por lo que sostienen una comunicación más estrecha con los jueces para hacerles de su conocimiento cuáles son los limites en las residencias. Además, formaron un equipo de respuesta inmediata, el cual está integrado por personal del Organismo Judicial, Procuraduría General de la Nación y SBS para reducir la sobrepoblación y mejorar la atención a los menores y personas mayores de edad que siguen en las residencias.
Gómez resalta que el año pasado hubo una desinstitucionalización al proceso, en donde buscaron el recurso familiar idóneo de los menores, por lo que redujeron el 66 por ciento el hacinamiento en relación al 2019. Mientras que en el tema de estigmatización señala que la población tiene una percepción de que todos los menores que están en las residencias son agresivos y problemáticos, pero han lanzado campañas en las redes sociales en donde exponen las actividades lúdicas que hacen con ellos.
Además, indica que el año pasado solicitaron una ampliación presupuestaria de Q59 millones en el Congreso, pero están a la espera de la respuesta a su solicitud. El funcionario agrega que en mayo del 2020 formaron una comisión de evaluación integrada por dos profesionales para efectuar supervisiones en todas las residencias y diseñaron un instrumento con 25 indicadores para evaluar la eficiencia y eficacia de la utilización de los recursos y atención a la niñez y adolescencia. Bajo estos indicadores, entre tres y cuatro residencias deben mejorar aspectos de los que evalúan.
Lea también: El Salvador reacomoda el poder de Bukele y cómo afectará al resto de la región
También implementaron un protocolo para conocer denuncias presentadas por la niñez, adolescencia, los familiares de los residentes y los trabajadores de la SBS. Gómez resalta que el año pasado hicieron 355 talleres para el personal con el fin de que aprendieran cómo hacer contención mecánica o psicológica para mejorar la capacitación y profesionalización entre los trabajadores.
A raíz de la tragedia en el Hogar Seguro, las autoridades implementaron 21 residencias en donde en una hay hasta 80 menores, porque son primera infancia, pero en promedio tienen entre 20 y 25 menores para que la atención sea personalizada y el manejo de los niños y adolescentes sea el adecuado. Gómez detalla que en las residencias hay 660 niños, adolescentes y mayores con discapacidad sin familia, y 89 en el programa de acogimiento familiar. La SBS reporta que 431 menores abandonaron el proceso de protección especial en el 2018, 608 en el 2019, 207 en el 2020, y 31 del 1 de enero al 26 de febrero del presente año.
Mayores esfuerzos
Para Carlos Carrera Cordón, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en Guatemala, expresa que después de la tragedia ha habido algunas mejoras en el sistema de protección infantil, pero no son suficientes para construir un verdadero sistema integral que proteja a los niños de los abusos.
Además, señala que no existe un marco legal apropiado que deje claro los roles y funciones y debería de discutirse la propuesta de ley 5285, que tiene como fin crear un sistema de protección integral a la niñez y adolescencia, el cual funcionaría como ente rector para absorber a la SBS y PGN.
“Consideramos que es una propuesta interesante que deberían tomar en cuenta los miembros del Congreso y analizarla, porque puede mejorarse. Tiene grandes fortalezas. Primero crea una verdadera instancia rectora y coordinadora, el Instituto de la Niñez, que podría acabar denominándose”, explica. También que es importante que el sistema de protección tenga presencia en todos los municipios del país.
Carrera Cordón indica que han dado acompañamiento a la SBS en algunos servicios como en el proceso de deportación de menores migrantes no acompañados, han puesto a prueba algunas programas alternativos para que los menores sean acogidos por programas de acogimiento temporal.
Mientras que Otto Rivera, director del Observatorio de los Derechos de la Niñez, opina que el país no tiene ningún sistema de protección para la niñez y adolescencia, sino que lo que tiene son instituciones que trabajan de forma aislada y de manera directa e indirecta en sus derechos, con una mirada de poco alcance.
Agrega que debería apuntarse a 340 sistemas municipales de prevención a la violencia y como mecanismo operativo establecer entornos protectores de los niños y adolescentes. Rivera afirma que cuando se conforme el sistema integral de protección tendrán prioridad para el Estado, porque ahora no lo son.
Tres procesos
Por la muerte de las niñas, 15 personas, entre trabajadores del gobierno, defensores de la niñez y exfuncionarios, están ligados a proceso y por enfrentar juicio. Pero los sindicados están divididos en tres procesos.
El fiscal Carlos Gómez explica que en el primer grupo están a la espera de que inicie el juicio en su contra Anahí Keller, subsecretaria de la Secretaria de Bienestar Social (SBS); Carlos Rodas, exsecretario, y Santos Torres, exdirector del Hogar. Todos están acusados por incumplimiento de deberes, maltrato contra menores, abuso de autoridad, homicidio y lesiones culposas.
“El proceso está pendiente de que regrese de la Sala de Apelaciones, porque quien conoce es el Tribunal Séptimo, pero en diciembre celebró una audiencia de medidas de coerción y le dio medida a Anahí Keller y Santos Torres. El Ministerio Público y los querellantes apelamos esta resolución, pero la Sala la confirmó. Es factible que estén con medida sustitutiva. Cuando baje el expediente se conocerá una solicitud de Carlos Rodas para revisión de medidas”, precisa.
En el segundo proceso, Harold Flores y Brenda Chamán, exjefa del Departamento de Protección Especial contra el Maltrato del Hogar Seguro, están ligados por homicidio culposo, lesiones culposas, maltrato a menores e incumplimiento de deberes. El subcomisario, Luis Armando Pérez Borja, por abuso de autoridad; Gloria Castro, exdefensora de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), por maltrato a menores de edad, y Eva Lucinda Marroquín, subinspectora, por homicidio culposo, lesiones culposas y maltrato contra menores.
Mientras que en el tercer grupo están ligados a proceso Rocío Murillo Cruz, Flor de María López y Ofelia Pérez desde enero del 2020. Gómez explica que todos tenían medida sustitutiva, por lo que le dieron tres meses de investigación para presentar el acto conclusivo el 27 de abril, pero no se lo recibieron en el Juzgado Cuarto por la pandemia, pero hasta el viernes pasado le notificaron que fue recibido el expediente.
En opinión de Paula Barrios, coordinadora de Mujeres Transformando el Mundo, organización que es querellante en el caso del Hogar Seguro, ve estancado el proceso por las acciones legales que presentan los acusados para recuperar su libertad, como el caso de Keller, Torres y Rodas, porque este último por medio de un amparo logró la medida sustitutiva, pero no fueron notificadas de esa acción.
“De alguna manera el proceso está parado, porque ya cuatro años y no logramos avanzar en ninguno de los tres grupos a un juicio. Todavía se está discutiendo la etapa intermedia del grupo uno, que es ofrecimiento de prueba, y el dos, entrar a conocer la etapa intermedia. La discusión es si se toman y si es el Juzgado o el Tribunal que debe escuchar los anticipos de prueba de las niñas que faltan por declarar en anticipo de prueba, y así como algunos medios probatorios que el juez dejó afuera y se lograron reincoporar”, explica.
Entre la pandemia y las acciones presentadas, el caso está parado y es preocupante por la falta de compromiso con las víctimas y sus familiares para que obtengan justicia pronta, señala Barrios.
