Este es uno de los testimonios que se presenta en el informe “Crisis Hogar Seguro”, presentado por Unicef, donde se analiza la situación de los niños, de los programas de protección y de las víctimas en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, las supervivientes y las familias de las fallecidas.
Esta crisis, que evidenció la debilidad del Estado de Guatemala en la protección especial de la niñez y la adolescencia víctima de abuso, violencia, abandono y negligencia, afectó directamente a los 600 niños albergados en ese hogar estatal, bajo custodia de la Secretaría de Bienestar Social (SBS) de la Presidencia.
A pesar de los avances -entre ellos el diseño de programas para lograr “un sistema no institucionalista de protección”-, Carrera reitera que queda mucho por hacer, pues cada vez más niños, más de 5 mil, requieren de la protección del Estado por vulneraciones a sus derechos fundamentales, que parecen olvidados.
“Se ha ido perdiendo ese sentido de urgencia que existía hace unos meses y esta situación es tan urgente antes como ahora”, enfatiza, y añade que todos los poderes del Estado tienen que hacer su deber, pero que es el Ejecutivo el que tiene la “responsabilidad fundamental” de proveer programas de apoyo, acompañamiento y protección.
“El Legislativo tiene que mejorar el marco legal, pero incluso con el existente, el Ejecutivo puede tener programas acuerdo a los estándares internacionales”, proclama el entrevistado, mientras insiste en la necesidad de un plan alternativo a la institucionalización de los pequeños, “el último recurso” en la protección de los menores.
Es por ello, que en su informe Unicef pide marcos legales, ampliaciones presupuestarias, adecuar las normativas, fortalecer los programas de apoyo a las familias o la creación de oportunidades, empezando por las causas estructurales, como la pobreza, la desigualdad o la violencia.
Pero también pide a la Fiscalía “acelerar” sus conclusiones sobre la investigación del Hogar Seguro, en el que varios funcionarios fueron enviados a juicio por su responsabilidad en el caso, para que esta tragedia “no quede en la impunidad” y se asegure la recuperación física, psicosocial, espiritual y moral de las víctimas.
“Como sociedad (…) creo que la reacción al horror, que fue esta tragedia en el periodo inmediatamente después, fue una lección de tomar contacto con la gravedad y seriedad de este problema, cuán inaceptable había sido el sistema de protección”, pero la preocupación ahora es la pérdida de visibilidad y urgencia, que se ha apagado.
Esta crisis ha sido “la punta del iceberg”, un ejemplo de un sistema que “no funciona bien”, por lo que se requiere un apoyo político y social para avanzar y construir un Estado incluyente rompiendo el ciclo vicioso de desigualdad y pobreza y focalizando esfuerzos en la niñez, el futuro del país, precisa la Unicef en su informe.
