Guerra argumentó los motivos que lo llevaron a dictar auto de procesamiento, pues según las primeras pruebas presentadas por el Ministerio Público los tres “abusaron del poder” del que estaban investidos, tienen responsabilidad en los hechos, permitieron el abuso hacia las pequeñas y con su acción “imprudente y negligente” participaron en la tragedia.
“En las manos de ellos estuvo, de alguna manera, la evitabilidad del resultado final”, dijo el juez, quien durante su resolución cuestionó además cómo la sociedad ha llegado a tolerar “un sistema de Justicia complaciente”, al extremo de que “la corrupción se ha arraigado” y muchos delitos se ven como normales.
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Guerra también agregó, por iniciativa propia, el delito de “lesiones graves” por las 15 niñas que sobrevivieron al fuego y que tuvieron diversas lesiones, además de amputaciones de sus miembros, y argumentó que “no puede ignorar la ley” a pesar de que ninguna de las partes, ni la fiscalía ni los querellantes, lo solicitaron.
“La adolescentes, si estaban ahí, era para que se protegieran sus derechos (…). Los tres firmaron y participaron del abuso”, reiteró el juez, quien manifestó que los tres acusados dieron su consentimiento para que la Policía las resguardara en un cuarto: “Pudieron evitar la situación, pudieron evitar el maltrato”.
Durante la vista del pasado martes, la Fiscalía estableció que el fuego se originó en un salón de 6 por 7 metros, donde estaban encerradas las niñas “como castigo” desde la noche anterior cuando unas 60 jóvenes intentaron fugarse del centro, supuestamente por los maltratos de los que eran víctimas.
“El incendio duró alrededor de 9 minutos (…) a una temperatura superior a los 300 grados centígrados y gases letales con menos del 21 % de oxígeno necesario. Las probabilidades de sobrevivir en esas condiciones eran mínimas”, dijo el fiscal Edwin Marroquín, quien resumió que la llave de la puerta no aparecía y que las niñas estaban bajo la supervisión de la Policía Nacional Civil (PNC).
Según las imágenes de la presentación del Ministerio Público (MP) , muchas de ellas muy duras por el estado en el que quedaron los cadáveres, en el centro estatal faltaba seguridad, había una mala alimentación, poca iluminación, escasos servicios sanitarios y poca privacidad.
La Fiscalía señaló, además, que los bomberos, alertados por un motín y no por un fuego, no fueron llamados a tiempo para sofocar el incendio, y denunció que ni Rodas ni Keller tenían la capacidad para actuar ante emergencias de este tipo por su falta de experiencia.
En la audiencia de este viernes, que continúa a expensas de que el juez decida si los tres procesados deben guardar prisión preventiva y determine el tiempo que otorga a la fiscalía para finalizar la investigación, los familiares de las víctimas presentes en la sala elevaban rezos para clamar por Justicia.
