La frecuente presentación de amparos de parte de los abogados defensores y la actitud lenta de jueces para resolverlos ha llevado a una demora preocupante para que los casos lleguen a una sentencia, dijo a periodistas Daniel Wilkinson, director ejecutivo adjunto para la Américas de HRW.
“Es una situación y un momento
muy crítico para la lucha contra la impunidad en Guatemala y hay que tomar esos obstáculos muy en serio porque se podría terminar en una gran decepción”, afirmó Wilkinson durante la presentación de un informe que evaluó varios procesos de corrupción que ventila la justicia guatemalteca.
Guatemala vive desde el 2015 una particular lucha contra la corrupción tras la renuncia del entonces presidente Pérez, señalado de dirigir un fraude en las aduanas que fue revelado por una investigación de la fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente adscrito a la ONU.
Pérez renunció en septiembre de ese año y fue encarcelado provisionalmente, pero fue hasta octubre pasado que un juez ordenó que debe enfrentar juicio tras un turbulento proceso de casi dos años donde el expresidente presentó amparos y recusaciones contra el juzgador.
Wilkinson señaló que otra preocupación es que existan acciones sistemáticas para prolongar los casos debido a los plazos cercanos para el fin de la misión de la Cicig, en septiembre de 2019, y del mandato de la fiscal general Thelma Aldana, en mayo próximo.
HRW también estudió procesos legales por crímenes durante la guerra civil (1960-1996), como el caso por genocidio contra el exdictador Efraín Ríos Montt, donde también se evidenciaron acciones de retraso.
El exmagistrado colombiano Iván Velásquez, jefe de la Cicig, indicó que el informe evidencia que “hay hechos contundentes” sobre acciones que “retrasan la justicia en Guatemala”.
