Justicia

Diputados deben definir idoneidad de aspirantes a magistrados y no sentenciar, señalan sectores

Desde este viernes los diputados tienen 20 días calendario para analizar de forma exhaustiva la información que les proporcionó el Ministerio Público sobre cada uno de los 26 candidatos a magistrados de Corte Suprema de Justicia (CSJ) y 270 candidatos a magistrados de salas de Apelaciones y elegir a los más idóneos (13 para CSJ y 225 para Apelaciones).

Diputados, durante una sesión plenaria en el hemiciclo. (Foto Prensa  Libre: Congreso de la República)

Diputados, durante una sesión plenaria en el hemiciclo. (Foto Prensa Libre: Congreso de la República)

Luego de finalizar ese tiempo, la junta directiva del Congreso tiene cinco días para convocar a sesión plenaria para elegir a los magistrados de CSJ y Apelaciones para el periodo 2019-2024 y con ello finalizar este proceso que ha sido suspendido en cuatro ocasiones.

El presidente ejecutivo del Movimiento Cívico Nacional (MCN), José Echeverría, manifestó que ahora los diputados, al momento de elegir a los magistrados, deben de hacerlo con base en la Constitución y que esos parámetros que establece se refieren a la independencia e idoneidad.

“Hay falencias dentro del informe, pero obviamente, las pruebas fehacientes que mencionan a los postulantes sí representan un elemento importante de consideración para evaluar la idoneidad y la independencia de los magistrados y no la culpabilidad, porque eso únicamente lo puede definir un juez”, dijo Echeverría.

El analista manifestó que el MP aún tienen que cumplir con su mandato constitucional de persecución penal y lo presentado el jueves es un informe similar al que se presentó en febrero con muy pocos avances.

“Un juez debe ser independiente con sus acciones dentro y fuera de la judicatura, eso quiere decir que las acciones deben representar su independencia más allá de los fallos. Cómo se conducen, cómo actúan, qué premios reciben y en este caso las visitas a Gustavo Alejos, serán un punto que menoscaba o daña la independencia que tienen estos posibles magistrados”, refirió Echeverría.

Carmen Aída Ibarra, directora ejecutiva del Movimiento Pro Justicia, considera que los diputados no deben tomar en cuenta a todos aquellos que tengan algún pendiente con el Ministerio Público en el marco de la investigación del caso Comisiones Paralelas 2020, o denuncias penales en curso, por lo que sus candidaturas tendrían que ser consideradas no idóneas, ya que sobre ellos existe un cuestionamiento o una situación que pone en duda su perfil de idoneidad y honorabilidad.

“Los diputados tienen que ponerse de acuerdo para definir cómo van a aplicar la sentencia de la Corte -de Constitucionalidad- de cara al informe del MP y a los procesos parlamentarios. Los diputados tienen que distanciarse de aquellas candidaturas cuestionadas a la hora de votar”, expuso Ibarra.

La analista añadió  que algunas personas han interpretado que el Congreso debe hacer una depuración previa a la votación. “Para votar los diputados tendrán que pronunciarse nominalmente a viva voz, uno a uno sobre cada uno de los candidatos y decir por qué son o no idóneos”.

El expresidente de la Corte de Constitucionalidad (CC), Roberto Molina Barreto, es crítico al señalar que la sentencia emitida -por la Corte- es absurda, porque los diputados tienen 20 días para estudiar el informe y entrar a un proceso de votación para elegir a los magistrados.

“Lo que pretende es que en base a ese informe determinen quienes no son idóneos y los excluya y prácticamente les está diciendo, voten sobre los que consideren sí son idóneos”, refirió Molina Barreto.

El exmagistrado considera que los diputados no van a poder elegir, van a tener que razonar sus votos diciendo que no tienen la capacidad “ni de jueces”, “ni de fiscales” para poder determinar quién es y quien no es idóneo.

“Cuando la fiscal -general- asegura que el proceso está viciado, y además señala vicios de postuladores y de diputados que tendrían conflicto de interés, por lo que sería imposible nominar de esta manera a la Corte Suprema y continuar con la crisis que la CC creó”, puntualizó.

No es potestad del Congreso

Consultado al respecto, el diputado Manuel Conde Orellana, del PAN, cuestionó el informe del MP y la resolución de la CC, al considerar que pretenden que los congresistas tomen decisiones que no les competen.

“En el informe que hay indicios racionales de criminalidad o de la comisión de un delito, eso no se juzga en el Congreso, eso se juzga ante juez competente, y ahí tergiversando el procedimiento penal y las funciones que le corresponden al Ministerio Público como el ente que tiene la función privilegiada de la función penal, pero cuando ellos la ejercitan es con el juez competente que se resuelve y no con el Congreso, nosotros no somos jueces”, dijo el parlamentario.

Rodolfo Neutze de CREO, coincide con Conde, al señalar que el congreso solo debe elegir a magistrados y no calificar si son idóneos o no.

“Considero irresponsable que nos manden al Congreso a tomar decisiones como si fuéramos jueces, nosotros debiéramos escoger dentro de un listado que ya está depurado y todas aquellas personas que tengan problemas con la ley que sean retirados de esos listados, pero no nos pueden decir a nosotros, ni el Ministerio Público ni la Corte de Constitucionalidad, que nosotros emitamos juicios de valor, porque no somos jueces, nosotros somos electores”, refirió el diputado.

Otros congresistas opinan que es trabajo de otras instancias determinar los listados para que el Congreso se limite solo a elegir.

“Tenemos que analizar el documento, lo que está enviando el Ministerio Público para poder tomar una mejor decisión. Es un poco complejo este tema porque, por ejemplo, nosotros como Congreso recibimos listados que ya han sido prácticamente depurados, que han sido analizados, que han sido calificados y entonces nosotros tenemos un problema serio porque nos mandan 270 personas y después nos dicen que no podemos elegir esos, entonces nos tendrían que enviar a los demás para completar ese número, porque si para ellos algunos no son elegibles, tienen que ver qué hacer, porque no podemos elegir solamente de 270 que solo podamos tomar en consideración a 150 o menos”, finalizó Rudy González, de VIVA.

No votar por señalados

Entre tanto, algunos parlamentarios aseguraron que deberán estudiar cada uno de los expedientes para excluir a las personas con tachas o señalamientos.

“El problema es complicado, nosotros tenemos una lista de 26, tenemos que elegir a 13, el problema es complicadísimo para nosotros, estamos en el análisis, tanto de la sentencia de la Corte de Constitucionalidad como del informe que envió el Ministerio Público para, a partir de aquí, definir quiénes son los 13 más idóneos y tendremos que elegir de esa nómina, porque nosotros no podemos dejar de elegir. El llamado a todos los diputados que resultan señalados ahí a declararse en conflicto de interés y a no participar en esa elección”, dijo Óscar Argueta, de la UNE.

Algunos dan valor a lo investigado por el Ministerio Público, por lo que instaron a no votar por los candidatos con señalamientos.  “En el caso de este informe que entrega el Ministerio Público para la elección de los magistrados, aquí será de revisar las tachas y de revisar quiénes son los señalados y obviamente no escogerlos, porque ya fueron puestos en evidencia por el MP. Lo que nos compete es ver las tachas y obviamente no votar por ellos”, opinó Aldo Dávila, de Winaq.

El parlamentario Aníbal Samayoa, del Partido Humanista, manifestó: “La gran responsabilidad del tema de los candidatos que hoy tenemos para magistrados es de la comisión de postulación, el trabajo de depuración se tuvo que haber dado desde ese momento. Como diputados nos hemos encargado de haber hecho el análisis de todos los candidatos a magistrados, y ahí pueden ver qué candidatos tienen tachas y cuáles no. Yo creo que más allá de las reuniones, es importante el análisis que el diputado haga”.