Según su criterio, la directiva actuó mal al dar marcha atrás a la prórroga de un contrato por un software para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), el mismo día que el Ministerio Público realizó capturas relacionadas con el tema.
La congresista afirmó que en julio envió una carta a la directiva para que no se prorrogara el negocio que ese mismo mes fue aceptado. Lo mismo hizo la Contraloría General de Cuentas (CGC), por medio de un oficio, donde indicaban que no era conveniente renovarlo.
Los directivos del IGSS en ese momento decidieron continuar el proceso con la empresa Intellego, S. C. y abandonarlo el 23 de noviembre pasado.
A criterio de la diputada “La Junta Directiva tiene la responsabilidad penal de haberlo hecho”. La denuncia es por los delitos de incumplimiento de deberes y fraude de ley.
Mientras que el presidente de la Junta Directiva del IGSS, Carlos Contreras indicó que a su criterio no hay ninguna ilegalidad, debido a que no había documentos que sustentarán que el sistema tenía irregularidades.
Contreras señaló que la institución no canceló nada de la renovación del contrato, y que se tenía pendiente una deuda del 15 por ciento, y que la empresa esperaba que con la renovación acuerdo se les iba a cancelar lo que faltaba y un adelanto, pero debido a la carta enviada por la contraloría el pago estaba suspendido.
El presidente del IGSS agregó que debido a las capturas que hizo el Ministerio Público la Junta Directiva decidió rescindir el contrato antes mencionado, por lo que a su parecer no hay delitos que perseguir.
Divididos
En la aprobación de la continuidad del contrato, hubo un voto en contra. Fue el representante de la Universidad de San Carlos, Edgar Balsells.
Pero en la aprobación final de dicho convenio, hubo dos votos disidentes, el de Balsells, y Alan Ruano, representante titular del Colegio de Médicos.
Ruano no estuvo presente en la votación donde aprobaron la prórroga y fue su suplente, Conrado Rivera.
Negociantes de la salud
Por un caso de corrupción fue detenido José Javier Donis Álvarez, gerente del IGSS, quien fue nombrado hace cinco meses.
También fueron detenidos, Carlos Ramiro Moino Cárdenas, sindicado de fraude y defraudación tributaria; Dominga Estela Cuellar Hernández, por incumplimiento de deberes; Rebeca Cordón, fraude, y Luis Alfredo Morales Palma, fraude.
Cuellar Hernández, fue subgerente del departamento de Integridad y Trasparencia del IGSS, Morales Palma, representante legal de la entidad Intellego, S.C. -la compañía que obtuvo un contrato del sistema SAP-, Cordón, representante legal de la entidad Coral Gables Bussines Group, S.A. -obtuvo contrato de arrendamiento-.
Miono Cárdenas, es representante de la empresa Supplies Trading, S.A., a la que se le adjudicó el contrato de ambulancias en el Seguro Social.
Las cinco personas capturadas este miércoles estarían vinculadas a un caso de corrupción junto a otras siete que están detenidas. Los actos corruptos se habrían cometido en la adjudicación de contratos de arrendamiento de un edificio por US$30 mil mensuales por cinco años, la adquisición de ambulancias por Q880 mil y un sistema informático de Q243 millones.
