En reunión del 4 de agosto, la junta directiva del IGSS no conoció la materia de los oficios de la procuraduría del 21 de julio donde Jorge Luis Donado, procurador general de la nación, traslada documentación que describen “una serie de hechos que podrían ser considerados delitos” relacionados con Contreras.
En este contexto, el 31 de julio, Contreras solicitó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un amparo contra las actuaciones de la PGN que a su consideración amenazaban la autonomía de la institución.
También expuso que si la PGN estaba actuando en asuntos donde no se lesionaban los intereses del Estado temía que Donado estuviera siendo recibiendo instrucciones de la Presidencia de la República.. También le atribuyó retrasos en el traslado de información sobre pacientes de covid-19 al sistema de salud y que no estaba atendiendo a sus propios afiliados, posturas que en su momento el IGSS negó.
Uno de los puntos que más estuvo en el ambiente fue que en apariencia el Seguro Social no trasladaba de manera oportuna los datos de los pacientes con coronavirus que atendían, lo que habría ocasionado retrasos en los datos oficiales.
Carlos Contreras fue ministro de trabajo durante la administración de Otto Pérez Molina y posteriormente llego al seguro social cuando su antecesor, Juan de Dios Rodríguez, fue detenido por casos de corrupción.
