El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) es uno de los que sale perdiendo con el presupuesto asignado por el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) para el 2021, según explicó Fanuel García, director de la institución. Los reclamos no son nada nuevos, porque desde hace años atraviesa la misma situación presupuestaria.
Lea también:
¿En qué impactaría el presupuesto inadecuado? García explicó que existe el riesgo de que se retroceda a realizar necropsias de lunes a viernes de 8:00 hasta las 17:00 horas porque tendrán personal insuficiente. Además, se verán obligados a cerrar sedes como las que se encuentran en Ixcán o Joyabaj, y solo quedarán abiertas las que se encuentran en la cabecera departamental. Otro de los problemas sería el financiamiento de los insumos que utilizan los laboratorios, porque sus costos y los de importación subieron a causa de la pandemia.
Actualmente el ente forense tiene abiertas 28 sedes periciales municipales en el país, comparado con el Ministerio Público que son más de 100, la cobertura tiene una brecha grande.
Señaló también que están “bastantes preocupados” por el presupuesto, ya que, para el 2020 el Congreso les asignó Q260 millones para el funcionamiento del instituto, pero los recursos son insuficientes porque tienen una proyección de gasto para finales de año de Q282 millones 243 mil 131 que cubre el pago de salarios de los trabajadores, contratos adquiridos para la compra de reactivos, equipo de bioseguridad por la pandemia, entre otros.
“Tenemos un déficit de Q22 millones 243 mil para fin de año, es decir, nos será insuficiente los Q260 millones. Sin embargo, preocupa más el hecho que el Ministerio de Finanzas no nos ha otorgado el ritmo de aportaciones, porque las aportaciones que ha dado hasta el momento reflejan un déficit de Q15 millones”, señaló García.
El director reforzó que el Minfin aún no les ha depositado Q15 millones 780 mil y esperan que la cartera se ponga al día, porque tendrían una crisis financiera muy fuerte. Además, García reconoció que el presupuesto que proyectó Finanzas para el siguiente año es de Q250 millones, lo cual significa una limitante para el funcionamiento de la institución, aunque los fondos aún no están aprobados por el Congreso.
García afirmó que antes de que se apruebe el presupuesto, buscaron acercamientos con el Legislativo y el Minfin para exponer la situación presupuestaria que atraviesa la situación, pero no obtuvieron ninguna respuesta.
“Tendrá un impacto muy fuerte en la investigación de delitos sexuales o secuestros. Teníamos proyectado comprar sistemas de comparación del habla para identificar secuestradores, extorsionistas, no lo podremos hacer este año, ya desistimos y agotamos el proceso de compra porque no tenemos los recursos para comprarlos”, advirtió.
Labor importante
Lizandro Acuña, investigador en temas de seguridad y justicia, explicó que el Inacif tiene cobertura de sedes del 7 por ciento a nivel nacional, porque en 2019 incrementó su capacidad de atención a 23 municipios, pero 317 municipios no tienen presencia.
Además, señaló que el instituto tiene una labor importante para la investigación criminal, porque realizar peritajes para sustentar la prueba científicas en los diferentes procesos. Acuña explicó que, el presupuesto de las instituciones de seguridad y justicia está repartido así: el Ministerio de Gobernación tiene más de Q5 mil millones asignados para un total del 57 por ciento, le sigue el Organismo Judicial con más de Q2 mil millones que significa el 21 por ciento, el Ministerio Público tiene Q mil 599 millones que equivale al 17 por ciento, mientras que el Instituto de Defensa Pública Penal (IDPP) 217 millones.
Unas instituciones reciben más que otras, el reparto no es igual para todas, por lo que Acuña considera que existe un desfase en la asignación de fondos que perjudica el reparto de justicia para la población y también impacta en la mora judicial.
“Cuando se hace el análisis a nivel general de estas instituciones, el 85 por ciento se va en el pago de salarios y entre el 15 y 10 por ciento se va en inversión. (…) Es necesario que se haga una evaluación en el presupuesto que se asigna a las instituciones y debe ser un trabajo que involucre a las instituciones, sociedad civil y académicos”, sugirió Acuña.
Verónica Godoy, vicepresidenta de Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS), cree que el presupuesto asignado a cada institución debe ir conforme a sus necesidades, El Inacif solicitó al Minfin que para el 2021 sus fondos sean de Q557 millones 236 mil 667, pero solo le fueron proyectados Q250 millones.
La analista considera que con dicha asignación presupuestaria se maneja un esquema represivo y de persecución criminal desde el gobierno y no se le invierte más a la investigación.
