Esa acción generó la condena de varios sectores sociales y empresariales que exigen el enjuiciamiento de los responsables, al mismo tiempo que el Organismo Ejecutivo decretó estado de Sitio en Izabal y otros 16 municipios de Zacapa, El Progreso, Alta Verapaz y Baja Verapaz.
El propio Legislativo en un punto resolutivo había exhortado al Gobierno a restringir las garantías constitucionales en Izabal. Por aparte, las cámaras y gremiales empresariales denunciaron la ingobernabilidad que impera en ese departamento.
Por ejemplo, el Comité Coordinador de Asociaciones, Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) expuso en un comunicado que “en reiteradas ocasiones desde hace varios años” ha denunciado la ingobernabilidad en el Valle del Polochic, así como violaciones de los derechos humanos y de la propiedad privada.
Añadió que la conflictividad en aquella región se ha desbordado y calificó de “urgente” fortalecer los vínculos entre las comunidades, empresas y autoridades para evitar que sigan cometiéndose ilegalidades.
En tanto, la Gremial de Palmicultores de Guatemala (Grepalma) lamentó las muertes de los tres soldados a la vez que señaló “imperativa” la presencia del Estado en esa región para alcanzar el desarrollo de los pobladores y garantizar la certeza jurídica de las inversiones privadas.
“Nos preocupa la situación de ingobernabilidad que constantemente se vive en El Estor y la alta vulnerabilidad de la integridad física y emocional de los habitantes y trabajadores que trabajan honradamente en las empresas ubicadas en el área”, precisó Grepalma en un comunicado.
También la Cámara del Agro condenó los hechos “en donde una vez más” se violentaron los derechos humanos y a la vez de solidarizarse con comunidades trabajadoras también lo hicieron con las autoridades de la zona “que por años han sido víctimas de quienes actúan ilegalmente y en absoluta impunidad”.
Conflictividad histórica
Y las cámaras empresariales parecen tener la razón cuando señalan que estos conflictos vienen desde años atrás.
Miguel Ángel Balcárcel, académico y excomisionado presidencial de Diálogo Permanente, comentó que la conflictividad en El Estor viene “desde hace mucho tiempo”, incluso desde la Reforma Liberal de finales del siglo XIX cuando las tierras de esa región fueron repartidas por el Estado dejando a las comunidades, principalmente de queqchíes, sin acceso a esta.
Para Balcárcel, la demanda de tierras es “trascendental” en esa región y el origen primordial de muchos conflictos que existen hoy en día. “Si uno se pone a buscar de donde viene el origen —de la conflictividad— se encuentra con circunstancias de naturaleza histórica y enfocada en la tenencia de la tierra”, enfatizó el académico.
A estos conflictos, agregó, se suman otros que hacen de El Estor una región “convulsa”.
Cita, por ejemplo, los problemas que se han generado por el funcionamiento de la Compañía Guatemalteca de Níquel, originado por un grupo de personas que han protagonizado protestas violentas, supuestamente con el objetivo de que la empresa los contrate.
También el conflicto que cobró auge en el 2012 con el ingenio Chabil Utzaj, que originó una marcha de campesinos que caminó desde esa región hasta la capital para exigir sus demandas.
Además, el incidente ocurrido en agosto del 2016 cuando un grupo de personas invadió la finca Plan Grande e incendió plantaciones de palma africana. Por ese caso se enjuició al campesino Abelino Chub Caal, aunque en abril de este año fue declarado inocente.
¿Tiene que ver el narcotráfico?
Para Jorge Ortega, coronel jubilado del Ejército, los grupos civiles se conforman para velar por su seguridad; sin embargo, estos también pueden ser manipulados por grupos delincuenciales.
Según Ortega, el narcotráfico ha armado a algunas poblaciones que les permiten el movimiento y paso de droga hacia el norte. “Normalmente la aeronave descarga en dos o tres minutos y están protegidos por este tipo de población”, considera el coronel retirado.
Añadió que en estas regiones del país los grupos insurgentes posiblemente no entregaron todas las armas cuando fueron desmovilizados luego de la firma de la paz y “mantienen una estructura organizativa dentro de las poblaciones en resistencia” y una de las formas de actuar es invadir territorios, como reservas naturales o fincas privadas o del Estado.
Ortega lamentó que en ciertas ocasiones estos grupos cometan excesos como la ejecución de los tres soldados el martes, un hecho que no solo es condenable, sino “innecesario” porque “ya no estamos en guerra” y los militares no deben morir por “cuestiones que no corresponden”, más bien los problemas se deben resolver a través del diálogo.
El coronel considera improbable que el personal militar haya cometido algún fallo en el protocolo de su accionar ya que “el Ejército se maneja por códigos de conducta” y después de la firma de la paz en 1996 se trata con mucho cuidado el ingreso de personal castrense a ciertos sectores.
No obstante, César Montes, presidente de la Fundación Turcios Lima, que ha organizado a los pobladores de esa área de El Estor, aseguró en una entrevista radial que el Ejército agredió a la población, motivo por el cual respondieron y la situación se salió de control, aunque reconoció que fueron integrantes de esa organización quienes ejecutaron a los tres soldados.
En todo el país
La conflictividad no es un asunto exclusivo de El Estor, o de Izabal; de hecho, un estudio del 2016 de la Universidad Rafael Landívar estimó que más de mil 800 conflictos estaban activos en el país, de los cuales mil 500 eran por cuestiones agrarias.
Balcárcel afirma que todos los conflictos, independientemente si se tratan de grupos que intentan resguardar la seguridad de un poblado o que se transforman en delictivos “tienen una explicación estructural y se llama ausencia del Estado” lo cual no es un problema de la actual administración, sino histórico.
Añadió que lo que ha ocurrido en ciertas poblaciones, como Manchón Guamuchal o en áreas recónditas, principalmente fronterizas donde aterrizan aeronaves y la población no permite el ingreso de las fuerzas de seguridad es un síntoma inequívoco de ingobernabilidad.
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