Ahimas fue detenido bajo los cargos de cohecho activo y lavado de dinero y ahora le corresponde a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) gestionar su extradición.
“La Unidad de Asuntos Internacionales del Ministerio Público fue notificada por Interpol de la aprehensión en Francia de Joseph Ahimas, quien es sindicado en el caso Construcción y Corrupción. La Fiscalía Especial contra la Impunidad realizará los requerimientos para iniciar el trámite de extradición”, informó el MP.
De acuerdo con el expediente en el que se vincula a Ahimas señala una presunta estructura criminal que habría operado en el Ministerio de Comunicaciones, y cuyo objetivo habría sido recibir sobornos por las obras adjudicadas dentro de esa cartera.
El caso
Las pesquisas de la Fiscalía, en lo que denominaron fase 2 del caso Construcción y Corrupción, dan continuidad a la investigación que presentaron el 14 de julio de 2017, cuando se estableció la existencia de una supuesta estructura corrupta en el Ministerio de Comunicaciones durante el gobierno del desaparecido Partido Patriota y coordinada por el entonces ministro Alejandro Sinibaldi, actualmente preso.
Parte de los sobornos dados por los constructores habría llegado a cuentas en entidades fuera de plaza a favor de Sinibaldi, incluso, según declaraciones de testigos, el exministro de Comunicaciones habría amasado en efectivo unos Q100 millones.
Las empresas Constructora Benelli S.A., Agropecuaria y Constructora Agua Azul S.A. y Agropecuaria El Florido S.A. estaban ligadas a Alejandro Sinibaldi Aparicio y eran manejadas por una red de operadores para lavado de dinero u otros activos, según la investigación.
Según el MP, Sinibaldi compró bienes a través de grupos de empresas de cartón. La investigación abarcó tres grupos empresariales, cuyo factor común es que eran controlados por Sinibaldi a través de empleados del grupo ARCQO, trabajadores del Ministerio de Comunicaciones, familiares y amigos. Por ejemplo, una persona que desempeñaba sus labores como bodeguero era el dueño de un lujoso apartamento en el edificio Tiffany, de Sinibaldi.
Cuando se trata de obras públicas millonarias, todos los caminos pasan por el Congreso de la República. La facultad legislativa para aprobar préstamos e incluso emitir leyes específicas para la ejecución de obras es la llave del tesoro público.
Este mecanismo lo han entendido los principales caudillos políticos de las últimas décadas. El 14 de agosto de 2018, una investigación del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) tiró de uno de los hilos de la trama detrás de la aprobación de la construcción de ruta en la Franja Transversal del Norte, una carretera que uniría Izabal con Huehuetenango.
Este proyecto fue adjudicado por Q1 mil 748.9 millones, según registros del Ministerio de Finanzas, y que luego de ajustes, según el índice de precios al consumidor costará Q2 mil 594.72 millones, Q845.85 millones más de lo previsto, siempre y cuando se cumplan los plazos de finalización.
La investigación detallaba pagos a Alejandro Sinibaldi por parte de la constructora israelí Solel Boneh y SBI International Holdings —otra de las entidades de la compañía— en el 2009, cuando era diputado por el cancelado Partido Patriota (PP) y más tarde, en el 2013 y en el 2014, cuando era ministro de Comunicaciones.
Los pagos del 2009, sin embargo, corresponden a una modificación, realizada desde el Congreso junto a otros diputados, del decreto con el cual se creó el proyecto vial.
