En las últimas décadas las pruebas de ácido desoxirribonucleico, denominado como ADN por sus siglas en inglés, tomaron gran relevancia porque a través de las cuales se logran identificar a personas y también esclarecer la participación de responsables de cometer delitos en donde dejaron vestigios biológicos para lograr sentencias condenatorias en su contra.
Para identificar el perfil genético de un individuo se necesita muestras de sangre y fluidos, los cuales pueden ser recolectados por medio de hisopados, o material genético como cabellos, saliva o inclusive en colillas de cigarro o vasos, restos de piel adheridos a las uñas, entre otros.
En Guatemala el registro del ADN está a cargo del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (Inacif) desde 2010 y cuenta con un banco de datos que incluye más de 33 mil perfiles genéticos, los cuales se dividen en dos grandes bases: criminales y de uso humanitario.
La base de datos criminales está integrada por los indicios encontrados en escenas del crimen remitidos por el Ministerio Público como fluidos o restos biológicos, muestras tomadas a sospechosos para compararlas con los indicios encontrados, muestras tomadas a las víctimas y cadáveres sin identificar.
Mientras que la base de perfiles genéticos para uso humanitarios, que incorpora más de 12 mil, los cuales se subdividen en identificación de menores de edad, familiares que buscan a personas desaparecidas y desastres como el deslizamiento en la comunidad del Cambray 2, la erupción del volcán de Fuego y el incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción.
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Fanuel García, director del ente forense, explica que en Guatemala hay varias leyes que abordan de forma dispersa el uso del ADN, por ejemplo, el Código de Migración, que aborda la utilización de pruebas de muestras genéticas para identificar a migrantes desaparecidos, la Ley de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas y la Ley del Banco de Datos Genéticos para Uso Forense.
“Las dos bases son completamente distintas. No podemos utilizar las muestras que, por ejemplo, dan las personas para buscar a una mujer o menor desaparecido para cotejo de investigación criminal, porque no lo permite la Ley”, afirma García.
Añade que el Inacif utiliza el sistema CODIS para almacenar las bases de datos del banco de datos genéticos, el cual es utilizado a nivel mundial y por instituciones como el Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) y la Policía Internacional (Interpol).
Limitaciones
No obstante, el laboratorio trabaja con limitaciones, porque uno de los mayores problemas que enfrenta es la falta de presupuesto adecuado para que esté en su máxima capacidad. García explica que la Ley de Banco de Datos Genéticos que se aprobó en 2017 establece que el Ministerio de Finanzas debía dar una partida especifica para desarrollarlo, pero no se cumple, tampoco el Congreso les ha aprobado un presupuesto especial, por lo que operan con los mismos gastos de funcionamiento del Inacif.
“Se traduce en que el Instituto tendrá que cubrir estas necesidades –compra de reactivos, el pago de personal, la actualización de equipos y licenciamientos– con el presupuesto ordinario y dejando de cubrir otro tipo de gastos que son importantes para el desarrollo de investigación criminal”, advierte.
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El ente forense dejó de ampliar su cobertura a municipios del país, hasta ahora solo tienen representación en cabeceras departamentales y en 19 de 340 municipios de Guatemala debido a su situación presupuestaria.
“¿Qué sucede en la práctica? Pues la gente tiene la bendición y oportunidad de acercarse al Ministerio Público a presentar su denuncia, pero luego le dirán que se traslade a la sede departamental – del Inacif- para que le hagan la evaluación médico legal y representa para ellos sacrificios y recursos que no tienen. Tenemos datos en que más del 60 por ciento de los casos desisten en llegar”, puntualiza.
El Inacif de 2017 para la fecha aumentó su personal en el laboratorio, hace cuatro años estaban contratados siete genetistas en genética y ahora son 13, así como también hubo 12 genetistas en serología y ahora 14. Mientras que de personal pasaron de siete a 12, según informó la institución.
Deficiencias
En opinión de Claudia Hernández, directora de Fundación Sobrevivientes, el banco de datos genéticos es un archivo necesario para el país, incluso está establecido su uso en diversas normativas como la alerta Alba—Keneth e Isabel Claudina, pero a su parecer falta mayor aplicación en procesos de investigación.
Sin embargo, explica que una de las deficiencias que existen es que en la mayoría de las veces no se logra obtener material genético en los hechos delictivos que se compare con los perfiles genéticos que están almacenados en los registros del ente forense.
“Consideramos que tenerlo –el laboratorio— es bueno, pero implica mayor recurso económico y se debe ampliar el presupuesto porque va creciendo conforme se va guardando. Necesitan tener equipo para que estén en las mejores condiciones, además, capacitar al personal para su uso. Tiene que ir de la mano con los investigadores y fiscales, después que los jueces acepten los medios de pruebas”, señala Hernández.
Del Sector Justicia, el Inacif y el Instituto de la Defensa Pública Penal son las instituciones que reciben menos presupuesto comparado con las demás como el MP, Ministerio de Gobernación y el Organismo Judicial.
García explica que el presupuesto que debe tener el banco de datos genéticos depende del alcance de las posibilidades de muestras, pero estiman que necesitan Q5 millones tomando alrededor de 15 a 20 mil muestras anuales, pero si crece el número de las solicitudes también aumenta el presupuesto.
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Hernández opina que sin el presupuesto el Inacif trabaja sin eficiencia, porque han tenido audiencias sin los medios probatorios que da el Inacif, debido a la sobrecarga de trabajo, por lo que han tenido que hacer uso de los otros medios probatorios y evidencias para que avance el proceso judicial.
“Hay saturación y eso perjudica algunos procesos. Lo otro es que cuando entregan los informes no son de buena calidad y se espero mucho tiempo para que no sean de mucha ayuda, sobre todo de los informes psicológicos. Entonces ya no se cuenta con el único elemento para probar la violencia psicológica”, critica.
Según los registros del ente forense, en 2020, fueron evacuados 7 mil 976 requerimiento de análisis genéticos de 9 mil 906 que ingresaron, estas estadísticas incluyen 1 mil 416 de años anteriores, por lo que evacuaron 1 mil 848 órdenes de peritaje, 514 notificaciones a debate, 5 mil 614 solicitudes aleatorias y mil 1 mil 930 órdenes de peritaje o correlativos quedaron pendientes de evacuar.
Mientras que un año anterior, ingresaron 12 mil 215 casos y venían 90 pendientes de evacuar de 2018, por lo que en total recibieron 12 mil 305, por lo que, 8 mil 515 fueron evacuados, atendieron 1 mil 447 notificaciones a debate y 927 aleatorios.
Por su lado, Roberto Garza, abogado especialista en temas forenses, opina que el Inacif debe tener más presupuesto para fortalecer el laboratorio de genética y la compra de reactivos que son muy costosos y contratar más personal.
Agrega el Inacif mejoraría su respuesta con la ampliación del presupuesto, porque se debe fortalecer para dar una mejor respuesta a la población con contratación y capacitación al personal y compra de tecnología.
Garza explica que en promedio un perito del laboratorio tiene tres días hábiles para trabajar en el banco de datos, porque los otros días va a tribunales para ratificar su dictamen o aclarar cualquier duda que presente la defensa o el Ministerio Público.
Resalta también que la cooperación estadounidense y europea que recibe el Inacif ha generado avances, porque con los recursos estatales que se maneja no estaría fortalecido.
