La cárcel preventiva de mujeres de Quetzaltenango está a tres cuadras del parque Centroamérica, en la zona 1 altense. Desde este lugar las llevan, unos 15 kilómetros, presuntamente a la granja penal Cantel, ubicada en el municipio quetzalteco del mismo nombre.
En este sitio, según las pesquisas preliminares, las esperan reclusos que pagan entre Q500 y Q2 mil a trabajadores del Sistema Penitenciario (SP) presuntamente por los servicios sexuales que les dan las privadas de libertad.
Este hecho ocurre después que el Juzgado de Ejecución D, a cargo de Lisbeth Mireya Batún Betancourt, ordenó 18 puntos que deben hacer efectivas las direcciones del SP y de la Policía Nacional Civil (PNC). Una de estas es cerrar de inmediato, y en forma definitiva, el centro preventivo para Mujeres de Quetzaltenango a cargo del SP.
La otra, efectuar la separación efectiva el área ocupada por mujeres en el centro de detención preventiva de hombres y mujeres de Mazatenango, Suchitepéquez. Esto deben hacerlo en un año.
Secreto a voces
“Era un secreto a voces”, dice Andrea Barrios, coordinadora general del Colectivo Artesana, una organización que trabaja desde 2006 por los derechos humanos de las privadas de libertad del país y sus familiares.
Barrios asegura que desde hace más de cinco años habían denunciado ante el SP y otras instancias que en esa cárcel de mujeres se cometían este tipo de hechos, pero hasta ahora no se había hecho nada al respecto.
“Primero surgió el caso de la cárcel de Mazatenango, donde se capturó a empleados de presidios que explotaban sexualmente a privadas de libertad con reos de la prisión de hombres, que están en la misma prisión”, explica.
Este hecho sucedió en el 2022 en la cárcel de la cabecera de Suchitepéquez.
“En aquella prisión la denuncia fue que algunas mujeres eran explotadas sexualmente y los beneficiarios eran empleados de presidios, quienes recibían beneficios económicos por propiciar las relaciones sexuales con las privadas de libertad”, recuerda Barrios.
Pero explica que antes de Mazatenango se había denunciado lo de Xela. “Es importante que finalmente se abrió una investigación y se tomó en cuenta los antecedentes del caso”, cita Barrios.
Este 1 de febrero se llevó a cabo una requisa dentro del penal, a cargo del SP y descubrieron que hacían falta cuatro reclusas.
La Policía Nacional Civil (PNC) practicó la requisa y un conteo de privadas de libertad por la madrugada y notaron que faltaban cuatro, de quienes más adelante se estableció que habían sido trasladadas a la granja penal de Cantel sin una orden de juez.
Dos teorías
Por ahora la investigación tiene dos teorías según el MP. La primera, que fueron trasladadas con fines de aislarlas de otras privadas de libertad por razones de seguridad.
Y la segunda, porque posiblemente eran trasladadas por personal del SP con fines sexuales, como ocurrió anteriormente en la cárcel de Mazatenango, Suchitepéquez.
Ambos extremos son investigados y la fiscalía distrital de Quetzaltenango no emite comentarios para no entorpecer las pesquisas.
Por este hecho fueron consignados los empleados del SP, René Valdéz Velásquez, de 30 años; subdirector de esa cárcel y Marvin Rolando Poncio Solis, de 38; alcaide del centro carcelario.
A las dos personas consignadas las acusan de abuso de autoridad y trata de personas. Ambos son sindicados de haber permitido la salida de cuatro reclusas de la cárcel de mujeres hacia la granja penal de Cantel. Las localizaron en un área verde donde supuestamente, antes, habían “prestado servicios sexuales a privados de libertad”.
El 19 de mayo de 2021 durante un motín en la granja penal Cantel que se cobró la vida de siete personas las autoridades detectaron que había un grupo de mujeres que convivían con reclusos ese día.
Desde entonces se alertó que era común que se trasladara a mujeres privadas de libertad de la cárcel en el centro histórico de Quetzaltenango hacia la granja penal Cantel.
El delegado regional del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), Frank Ríos, comentó a Prensa Libre que han dado seguimiento a la denuncia que ingresó en el MP, sobre el caso de las cuatro reclusas.
Importante acción de las autoridades de la @Dgspg y @PNCdeGuatemala, la violencia y violencia sexual contra las mujeres privadas de libertad debe detenerse y sancionarse , existe sentencia de jueza de ejecución al respecto 🦋🦋 #sinestigma #sinprejuicio pic.twitter.com/QFgU86ZhJW
— Colectivo Artesana (@casaartesana) February 1, 2024
“Se ha manejado la versión de que probablemente las habían trasladado de manera ilegal hacia la granja modelo de rehabilitación Cantel y dentro de las investigaciones preliminares del MP y la Inspectoría General del Sistema Penitenciario se determinó que estaban en esa prisión”, explica Ríos.
Ante esto, añade Ríos, coordinaron con el MP y el SP el traslado de las cuatro mujeres hacia el juzgado de paz local. Hasta las 13 horas de este 1 de febrero estaban a la espera de llevar a cabo la audiencia de primera declaración de los empleados de presidios consignados.
Una denuncia anónima propició que se ejecutara una acción de exhibición personal en favor de las mujeres para conocer su paradero.
De acuerdo con Ríos, presentarán ante el juez a las cuatro como víctimas ante la posibilidad de que se haya cometido, o cometan, hechos delictivos en su contra.
La cárcel
La prisión de mujeres de Quetzaltenango, a cargo del SP, está en un edificio contiguo al preventivo para varones que administra la PNC. Son dos casas viejas construidas hace más de 100 años.
Este inmueble, según inspecciones que ha hecho el propio SP, no cuenta con cámaras de vigilancia. El personal que lo dirige son guardias que han asumido roles administrativos. Además, en varias ocasiones se ha denunciado no solo la insalubridad del entorno, sino el riesgo que representa para fugarse.
