Del total de las cuentas sospechosas, no menos de 70 están relacionadas con corporaciones municipales; y el resto, con legisladores, exdiputados, jueces, empleados y funcionarios públicos, empresas y otro tipo de entidades.
Un informe de la IVE establece que durante el 2016 los bancos y otras entidades financieras enviaron mil 189 alertas de transacciones sospechosas por depósitos inusuales que rompían con el perfil económico, para que fueran analizados.
Según el documento, esa cantidad de transacciones se efectuaron en mil 88 cuentas y sumaron Q2 mil 636 millones de dinero dudoso.
Pedro Muadi, expresidente del Congreso, fue ligado a proceso y enviado a prisión preventiva por lavado y otros dos delitos.
La investigación reveló que para el 2013 Muadi, como presidente, tenía asignado un grupo de guardias para su seguridad personal.
Estos eran trabajadores de la empresa Grupo SIS y devengaban un salario de Q5 mil, pagado por la compañía. Para desviar fondos de ese organismo, Muadi habría ofrecido a su grupo un pago extra a su salario de Q2 mil, con fondos del Legislativo. Para eso, firmaron un contrato por Q8 mil con el Congreso.
Los fondos llegaron a cuentas de Muadi.
Después del proceso de verificación y de haber desvanecido dudas, se depuraron los reportes y entregaron, hasta el 26 de octubre último, las 449 denuncias por haber considerado que hay indicios de algún delito, como lavado de dinero.
Prensa Libre preguntó a la unidad de información de la Superintendencia de Bancos (SIB) a qué personas —funcionarios y empleados públicos o empresarios— o entidades —públicas, privadas, corporaciones u organizaciones— pertenecen las referidas cuentas, pero respondieron que la ley Contra el Lavado de Dinero, en el numeral 36, recomienda la reserva de la información. “La Superintendencia no puede revelar datos relacionados con las actuaciones y denuncias”, cita ese artículo.
¿Quién denuncia?
Sara Sandoval, jefa de la Fiscalía de Lavado de Dinero del MP, informó que el 95 por ciento de expedientes que investigan fueron remitidos por la IVE.
“El 5 por ciento restante es presentado por personas particulares; pero muchos, al revisarlos, son trasladados a la Fiscalía Metropolitana, porque resulta que son delitos que encuadran en estafas”, aseguró.
Indicó que unos 70 expedientes de la IVE involucran a ex jefes ediles y corporaciones municipales. “Muy pocos son los casos en los que se ven señalados diputados y exdiputados”, agregó la jefa de la mencionada fiscalía, sin dar más detalles.
Sandoval señaló que entre los expedientes más recientes de los exalcaldes se encuentran el de Abel Sandoval Martínez, de Oratorio, Santa Rosa; y Ernesto Calachij, de Zacualpa, Quiché.
Señalados
En el caso del exalcalde de Zacualpa, la Fiscalía investiga actividades irregulares en la comuna, del período comprendido de septiembre del 2005 a marzo del 2006.
La jueza Carol Patricia Flores está señalada de haber adquirido un inmueble “ostentoso”, que sobrepasa su capacidad económica. El 30 de abril del año pasado, la Fiscalía Especial contra la Impunidad, del Ministerio Público, presentó una solicitud para retirarle la inmunidad con el fin de investigarla por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito e incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial. El 15 de julio de ese año, el juez pesquisidor Jaime Amílcar González recomendó a la Corte Suprema de Justicia retirarle el beneficio. El caso está en investigación.
Esa municipalidad autorizó varios cheques para pago de cuatro contratos de arrendamiento de maquinaria para reparación de carreteras, que sumaron Q1 millón 46 mil 850.
Sandoval explicó que de forma posterior se efectuaron transacciones para depositar parte de los fondos en cuentas del exalcalde Calachij y hubo depósitos en cuentas del exsecretario Danilo Quintana y del extesorero Jobany Girón.
Respecto de la comuna de Oratorio, el MP informó que el 29 de mayo del 2012 el caso se relacionó con la cancelación anticipada de un préstamo con garantía hipotecaria y personal, otorgado en el 2005 por un banco a Abel Sandoval, quien fungió como alcalde del referido municipio del 2008 al 2016.
Otros casos
La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) recién logró que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) retirara la inmunidad a Jorge Alberto Rizzo Morán, alcalde de Puerto San José, Escuintla, por sospechas de lavado de dinero y su relación con una organización de narcotráfico.
“Del 2007 al 2011, Rizzo Morán realizó actividades vinculadas con trámites aduaneros en la Portuaria Quetzal, sin estar inscrito en la Superintendencia de Administración Tributaria”, señala el reporte de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que colabora con el MP en la investigación.
Marvin Rolando Cruz Guzmán, jefe edil de Dolores, Petén, está vinculado con lavado de dinero u otros activos.
El Ministerio Público sospecha que autorizó y cobró cheques de fondos municipales.
El 10 de junio pasado, el MP, para investigarlo, solicitó a la CSJ que le retire la inmunidad. La acción fue planteada ante el Juzgado de Primera Instancia Penal, Civil y Económico de Poptún.
De acuerdo con la denuncia presentada por la Intendencia de Verificación Especial, el jefe edil autorizó en diciembre del 2015 cuatro cheques por Q530 mil. Además, cobró uno de esos, por Q130 mil.
La Feci también investiga a Mario Israel Rivera Cabrera, exdiputado del partido Libertad Democrática Renovada (Líder), a quien se le señala de poseer cinco casas lujosas en Escuintla, Santa Cruz del Quiché y en la capital, así como cinco vehículos y una cuenta bancaria, bienes valorados en Q9.1 millones.
Cinco trucos
En mayo último, la IVE presentó el cuarto informe de tipologías de lavado de dinero, que contiene cinco métodos utilizados por las organizaciones criminales el año pasado.
Los mecanismos identificados fueron lavado de dinero por medio de la utilización de créditos en cuenta corriente, desvío de recursos públicos por medio de una sociedad de fachada que presta servicios a una institución del Estado y lavado de dinero por medio de evasión de impuestos al régimen aduanero.
También se lava dinero por medio de adjudicaciones públicas para trasladar fondos a un partido político —como el caso de Francisco Morales, alias Chico Dólar, quien está procesado por lavado de dinero—, y la constitución de cuentas monetarias con documentos falsos para depositar el dinero cobrado por extorsiones u otros delitos.
“Las tipologías se fundamentan en análisis efectuados por la IVE, presentándose sin identificar a personas individuales o entidades jurídicas involucradas en los casos sometidos al estudio”, señala la referida entidad en su informe.
Sube incautación
La Fiscalía reportó más incautación de dinero. Una gran cantidad se encontró en vehículos.
| 2015 | 2016 |
| US$3.2 millones fueron decomisados por el MP | US$6.6 millones. La cifra se duplicó aunque no haya terminado el año |
| Q523 mil 243 fueron incautados | Q2.9 millones. El monto superó en una cuarta parte a la de 2015 |
| 867 mil 199 pesos mexicanos incautados | 17 mil 10 pesos mexicanos |
| 5 mil 470 yuanes chinos | 4 mil 718 yuanes chinos |
| 3 mil 3 euros | 77 mil 615 euros |
