La carta tiene fecha del 28 de julio de 2021 y es dirigida a Blinken, y fue recibida en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala el 29 de julio, quien deberá hacer llegar el documento al Departamento de Estado de EE. UU.
En la misiva, la fiscal Porras habla sobre la buena relación y cooperación entre el MP y el gobierno de Estados Unidos y que gracias al apoyo de ese país ha habido avances en el fortalecimiento de la justicia y la lucha contra la corrupción y la impunidad.
También afirma que durante su administración, se ha fortalecido el trabajo para combatir la corrupción y prueba de ello es haber incorporado al esquema organizacional a la Feci y dotarla de capacidades técnicas al personal, así como la incorporación de más recurso humano, técnico y financiero.
También justifica la salida de Sandoval de la Feci y afirma que es debido a sus reiterados desacatos a las ordenes que se le giraban.
Porras le dice a Blinken que luego de la destitución de Sandoval diversos grupos sociales ejercen medidas de presión en su contra y en contra del MP, materializadas en actos que un momento dado podrían encuadrarse en conductas delictivas tales como publicaciones irrespetuosas, ofensivas y difamatorias, inclusive incitando a un paro nacional, con el único fin de coaccionar a la fiscal general.
La fiscal general también pide que Blinken que se haga del conocimiento de su despacho la postura oficial del Gobierno de los Estados Unidos de América, en relación a la continuidad de la cooperación con el Ministerio Público de Guatemala, a efecto se puedan tomar las acciones pertinentes para garantizar los servicios que se prestan.
Esto debido a que pasado martes 27 de julio, Estados Unidos anunció que paralizará “temporalmente” la cooperación con el MP de Guatemala después de la destitución del fiscal anticorrupción, Juan Francisco Sandoval, que ya había sido condenada por Washington.
La decisión la dio a conocer en una rueda de prensa la portavoz adjunta del Departamento de Estado de Estados Unidos, Jalina Porter.
Según información de La Voz de América, Porter especificó que, como resultado de la destitución de Sandoval “hemos perdido la confianza en la fiscal general (María Consuelo Porras) y en sus decisiones e intenciones de cooperar con el gobierno de Estados Unidos y luchar contra la corrupción de buena fe”.
Carta íntegra que envió la fiscal al Departamento de Estado
Respetable Señor Secretario
Cordialmente le saludo deseándole éxitos en sus actividades cotidianas. Atentamente me dirijo a usted en atención a las relaciones de amistad y cooperación que se han desarrollado entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y el Ministerio Público de la República de Guatemala, las cuales nos han permitido avanzar de manera importante en el fortalecimiento de la justicia y la lucha contra la corrupción y la impunidad.
Como es de su conocimiento, dicha cooperación ha significado un aparte importante para nuestro país toda vez que la justicia constituye un pilar fundamental en toda sociedad democrática, la cual debe ser administrada de manera objetiva, imparcial y eficiente. Por ello, nuestras relaciones de cooperación, enmarcadas históricamente bajo los principios de reciprocidad y buena fe, han coadyuvado a que el Ministerio Público cumpla con su mandato en beneficio de ambos países.
En este sentido, el Ministerio Publico de la República de Guatemala es una institución con funciones autónomas, que persigue la realización de la justicia con apego al principio de legalidad. Dicho principio ha garantizado que durante mi administración, el Ministerio Público desarrolle su actuar de manera íntegra, siempre en beneficio de la población guatemalteca, procurando ante todo el respeto al Estado de Derecho.
Por esta razón, desde que asumí la jefatura del Ministerio Público, he reafirmado mi compromiso en la lucha contra la corrupción y la impunidad, flagelos que históricamente han socavado los derechos de nuestra población. Dicho compromiso se ha visto reflejado a través de diversas acciones, como lo es la incorporación al esquema organizacional de la Fiscalía Especial contra la Impunidad -FECI-, a través del Acuerdo 59-2019, luego de la culminación del mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala -CICIG- en el año 2019. Dicho esfuerzo también contempló la dotación de capacidades técnicas al personal, así como la incorporación de más recurso humano, técnico y financiero, a efecto de que la FEC continuar con sus labores al servicio de la población guatemalteca.
A su vez, es importante resaltar que, en su Acuerdo de creación, se establece que dicha Fiscalía, por su especialidad y coordinación estratégica, depende jerárquicamente del Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, siendo este el único responsable de la asignación de los casos que conoce.
Es por ello que, constantemente se velaba porque el ex Fiscal de Sección desarrollara su actuar de manera objetiva, sin sesgos de ningún tipo, a efecto de que les investigaciones que se llevan a cabo, se realizaran apegadas al principio de legalidad. Sin embargo, incumplía reiteradamente con las directrices emanadas por la superioridad, dirigidas estrictamente al fortalecimiento de la persecución penal.
Por consiguiente, en observancia a los principios rectores de esta institución, así como de acuerdo a lo preceptuado en la demás normativa nacional que regula el funcionamiento del Ministerio Público, tomé la decisión de destituir al señor Juan Francisco Sandoval Alfaro, quien ostentaba el cargo de Fiscal de Sección de la Fiscalía Especial contra la Impunidad -FECI-, toda vez que es imprescindible que la justicia sea impartida sin sesgos ideológicas y apegada estrictamente al principio de legalidad.
Al respecto, quisiera llamar la atención de su respetable persona a efecto de hacer de su conocimiento que el Código de Trabajo Guatemalteco, preceptúa en su artículo 24 que “La falta de cumplimiento de la relación de trabajo, solo obligo a los que en ella incurran a la responsabilidad económica respectiva, o sea las prestaciones que determinen este Código, sus reglamentos y las demás leyes de trabajo o de previsión social, sin que en ningún caso puedo hacerse coacción contra las personas”.
Sin embargo, en este caso, desde el sábado 24 de julio, diversos grupos sociales ejercen medidas de presión contra la Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, y en general en contra de la institución, materializadas en actos que un momento dado podrían encuadrarse en conductas delictivas tales como publicaciones irrespetuosas, ofensivas y difamatorias, inclusive incitando a un paro nacional, con el único fin de coaccionar a la Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público.
A su vez, nuestra Ley laboral establece que el derecho de dar por terminado el contrato de trabajo, con justa causa la puede ejercer el patrono en cualquier momento. Así también, de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley Orgánica del Ministerio Público y su Reglamento, la suscrita dio por terminada la relación laboral con el trabajador Juan Francisco Sandoval Alfare con cauta justa, primero por ser trabajador de confianza y segundo porque la decisión se encuentra ajustada a derecho. Por consiguiente, lo sucedido se debió a que el trabajador citado se negó de manera abierta, reiterada y por escrito a acatar las instrucciones que el patrono le indicó con claridad para obtener la mayor eficacia y rendimiento en sus labores.
En el mismo orden de ideas, el ordenamiento jurídico interno establece un sistema de justicia en caso de controversias entre patrones y trabajadores, el cual permite acudir a los órganos jurisdiccionales competentes para garantizar el debido proceso, y no mediante campañas de desprestigio y actos de coacción en contra de funcionarios y la institución, lo cual contribuye al debilitamiento institucional de Guatemala.
Consecuentemente, a pesar de que la decisión fue tomada en concordancia con las facultades que la normativa guatemalteca me confiere, ello ha significado que el Ministerio Público de Guatemala sea objeto de comentarios malintencionados, fundamentados esencialmente en hechos selectivos e ideológicos, lo cual atenta gravemente contra la institucionalidad.
Por tal motivo, respetuosamente deseo solicitar sus buenos oficios a efecto de que por su intermedio se informe al Congreso y al Senado de los Estados Unidos de América, sobre estos graves hechos que atentan arbitrariamente contra la justicia guatemalteca.
Finalmente, respetuosamente solicito se haga del conocimiento de este despacho la postura oficial del Gobierno de los Estados Unidos de América, en relación a la continuidad de la cooperación con el Ministerio Público de Guatemala, a efecto se puedan tomar las acciones pertinentes para garantizar los servicios que se prestan.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterar nuevamente mi compromiso en continuar trabajando frontalmente en la lucha contra la corrupción y la impunidad.
Deferentemente
Dra. María Consuelo Porras Argueta
Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público
Honorable Señor
Antony J. Blinken
Secretario de Estado
Gobierno de los Estados Unidos de América
Su despacho
