La acción se presentó este martes, el mismo día que se conoció el relato de dos testigos protegidos que confirmaron la barbarie en la zona militar 21, entre 1982 y 1986, por la cual están siendo imputados 14 militares que habrían incurrido en los delitos de desaparición forzada y deberes contra la humanidad.
Militar Alfredo Sosa presentó recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Reconciliación. Vía @ClaudiaPalma_PL pic.twitter.com/1X8lv9t30O
— Prensa Libre (@prensa_libre) January 13, 2016
Sosa Díaz, que consigna en la inconstitucionalidad como terceros interesados a la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua), busca con la acción que la CC declare inconstitucional el artículo 8 de la Ley de Reconciliación Nacional,que literalmente dice:
“La extinción de responsabilidad penal a que se refiere esta ley, no será aplicable a los delitos de genocidio y desaparición forzada, así como aquellos delitos que sean imprescriptibles o que no admitan la extinción de responsabilidad penal, de conformidad con el derecho interno o los tratados internacionales ratificados por Guatemala”.
Según el vocero del Ministerio de la Defensa, Hugo Rodríguez, la acción la presentó Sosa Díaz a título personal y no tiene ninguna relación con la institución.
Según Rodríguez, el jefe del EMDN puede presentar la acción como cualquier ciudadano sin limitación de ninguna clase, sin embargo se espera una copia del documento para que el departamento jurídico lo evalúe y poder ampliar la opinión de la institución armada.
Militares lo respaldan
La acción de Sosa Díaz este martes incluye como terceros interesados a Avemilgua, sin embargo al hacerse público el actuar del General del Ejército, también se unieron otras voces; una de ellas la de la Fundación contra el Terrorismo.
“La acción se fundamentó en que de acuerdo a los considerandos de dicha Ley, se establece que obtener la Paz constituye un interés primario e insoslayable tendiente a fortalecer la estabilidad social y la Unidad del País; sin embargo, el artículo 8 de dicha ley contraviene ese espíritu de la norma”, dice la Fundación a través de un comunicado.
Agrega: “La inconstitucionalidad plantea como el artículo impugnado se ha prestado a dividir y confrontar al país, contraviniendo el deber del Estado de Guatemala de garantizar la vida, la libertad, la justicia, la seguridad y la paz”.
