“Por el principio Non Bis In Idem —una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo hecho— no puede ser juzgado este caso contra el Señor Presidente, por eso se rechaza liminarmente”, indicó Pineda.
El pleno de magistrados para la sesión de este miércoles fue integrado por los magistrados de sala, Fredyn Fernández, titular de la sala primera; Gustavo Dubón, de la sala segunda; y Jaime González, de la sala tercera de apelaciones; ante la ausencia de las magistradas María Eugenia Morales, Delia Dávila y Blanca Stalling, separada del cargo.
El Gobierno emitió un comunicado en el que el presidente Jimmy Morales “acepta con observancia y respeto” la decisión de la Corte Suprema. Además, el gobernante “pide a la población que siga confiando en el sistema” y se compromete a continuar fortaleciendo a las instituciones del sector justicia.
El mandatario Morales asistió hoy a la CSJ a la presentación de la Memoria de Labores del presidente saliente de ese organismo Nery Osvaldo Medina Méndez. El próximo viernes será juramentado su sucesor José Antonio Pineda Barales.
Devolución
En su informe la Contraloría General de Cuentas le dio la posibilidad al mandatario de devolver el dinero del bono de responsabilidad o someterse a un juicio de cuentas. Morales optó por la primera opción y devolvió al Ministerio de la Defensa los Q450 mil que recibió durante nueve meses.
La solicitud de antejuicio contra el presidente Morales fue presentada por la Fiscalía de Lavado de Dinero del MP por los delitos de enriquecimiento ilícito y de abuso de autoridad.
Por su parte, la Contraloría presentó una denuncia contra el entonces Ministro de la Defensa, Williams Mansilla, por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes. Según el contralor Carlos Mencos, Mansilla no tenía facultades para dar un beneficio a su superior en la escala jerárquica del Ejército.
Tres semanas despúes de conocerse el bono de responsabilidad que recibían la cúpula militar y el personal permanente de la cartera, Mansilla dejó el cargo y pasó a situación de retiro despúes de 33 años de servicio militar.
Pacto de Corruptos
Pineda refirió que, según la resolución de la Corte, la acción de los diputados al aprobar las reformas al Código Penal está dentro del marco de la ley según las facultades que le otorga al Congreso el artículo 176 de la Constitución Política de la República de Guatemala.
La solicitud de antejuicio contra los 107 legisladores fue presentada por la Alianza por las Reformas por los delitos de resoluciones violatorias a la constitución y obstrucción a la justicia.
El pasado 13 de septiembre los diputados modificaron el Código Penal con el objetivo de proteger a los secretarios generales de los partidos políticos cuando estos sean señalados de financiamiento electoral ilícito. También aumentaron a 10 años las penas de prisión que podían ser conmutables, es decir, pagar una multa en lugar de ir a la cárcel.
La maniobra de los parlamentarios a favor de la corrupción causó indignación y rechazo por parte de la población, organizaciones sociales y sector privado.
Las reformas quedaron sin efecto por orden de la Corte de Constitucionalidad (CC) al otorgar seis amparos presentados por varias instituciones, entre ellas la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).
Otros antejuicios rechazados
La CSJ también rechazó una solicitud de antejuicio presentada contra el presidente Jimmy Morales por el Comité Permanente de Exposiciones (Coperex) por conceder al Ministerio de Economía los terrenos del Parque de la Industria para construir un centro de convenciones.
“El análisis del expediente establece que fue presentado por razones políticas y espurias, ya que se trata de bienes del Estado, por lo cual se puede disponer de ellos”, detalló el portavoz Ángel Pineda.
Coperex también solicitaba el antejuicio contra los ministros de Finanzas, Julio Héctor Estrada, y el de Economía, Víctor Manuel Asturias.
Los magistrados rechazaron un tercer antejuicio contra Morales. Este había sido presentado por el ciudadano Ángel Guillermo Ruano González contra el Presidente, el vicepresidente Jafeth Cabrera, los ministros y los 158 diputados por la implementación del estado de Sitio durante varios meses en Ixchiguán y Tajumulco, San Marcos, por el agravamiento del conflicto territorial.
