“A él no se le podían entregar Q18 millones en calidad de depositario, es algo que no fue normal y que fue emitido por el juez de Salamá porque él es parte actora y no se le podía entregar ese dinero. Se trató de rectificar la resolución para que el dinero esté bajo la tutela de un banco o de otra persona; pero no de él, como lo señala el Código Procesal Civil y Mercantil”, explicó el juez.
González del Cid denunció que dos vehículos rondan las instalaciones del juzgado, y se presume que son propiedad de González Portillo. También señaló que dos personas en moto lo siguen.
“Temo por mi vida. Es una persona que ha tenido problemas con la Ley, por lo que responsabilizo a González Portillo y a su procurador de lo que me pueda pasar”, expuso.
En apoyo
El presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados, Mario Alberto Taracena, rechazó las amenazas, porque atentan contra la independencia judicial.
“Se están dando las amenazas porque está actuando de una manera correcta y por no acceder a resoluciones”, señaló.
Proceso original
El 15 de agosto del 2014, Prensa Libre publicó que el 3 de enero del 2013 un juez de Salamá ordenó al Banco de Desarrollo Rural entregar la cantidad antes referida al abogado.
El monto viene de una cuenta de una filial de la empresa Tradeco, firma constructora que lo demandó por el supuesto cobro de US$15 mil para su jefa en esa época, Anabella de León, por contactos para que no se ejecutara un embargo.
El abogado era mandatario judicial de Tradeco, que lo acusó de coacción, extorsión, amenazas, hurto, usurpación de funciones, estafa, apropiación indebida, abuso de autoridad, tráfico de influencias, conspiración y patrocinio infiel, por haber tratado de apropiarse de Q85.3 millones que había obtenido a favor de la firma, luego de que ganó un juicio contra la Organización Internacional para las Migraciones.
Los Q18 millones fueron depositados en otro banco a cuentas de él y de su esposa, Samantha Marisol Mejía Salguero, quienes “movilizaron” alrededor de Q49 millones 973 mil 302.33 durante el 2013.
Se trató de localizar al denunciado y a su procurador, pero el profesional del Derecho no contestó las llamadas hechas a su celular.
Abogado con historia oscura
El abogado Vernon González lleva un proceso penal en su contra. Fue capturado el 7 de noviembre del 2014, sindicado de tráfico de influencias durante el proceso para elegir magistrados de salas de Apelaciones.
Según las pesquisas del Ministerio Público y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, González fue el enlace del diputado Gudy Rivera para comunicarse con la magistrada Claudia Escobar, con quien este conversó sobre el amparo solicitado por la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti para revertir su suspensión como secretaria general del Partido Patriota (PP).
Supuestamente, en esa conversación, el legislador del PP le ofreció a Escobar que sería reelecta por el Congreso como magistrada para una sala de Apelaciones.
González y Rivera enfrentarán juicio por tráfico de influencias.
El 5 de marzo de este año, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) inhabilitó a González y le impuso una sanción de Q41 mil.
La denuncia fue presentada por Blanca Rebeca Morán, mandataria de la firma Tradeco, quien lo había denunciado por haber atentado contra el Código de Ética del CANG relacionado con la libertad de aceptación, abuso de procedimientos e influencias personales, entre otras faltas.
También lo había denunciado penalmente por patrocinio infiel.
