“Ella solicitó mi presencia en el despacho para hacer requerimientos sobre el presente debate”, puntualizó el juez ante los sindicados y abogados en el proceso.
Este miércoles estaba programada la continuación del juicio contra señalados en dos casos de corrupción relacionados con el manejo de recursos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
"Ayer presenté la formal denuncia (contra Blanca Stalling)…", dice juez Carlos Ruano. Video: J. Ramos https://t.co/iBuEhGWFJI Escuche ► pic.twitter.com/GxH2E0auGc
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En el proceso está involucrado Otto Molina, hijo de la magistrada Stalling, a quien habría intentado favorecer con presiones al juzgador.
Ruano afirmó que ante el llamado de la magistrada, tomó las acciones pertinentes para documentar su presencia en esa oficina. “En ningún momento iba a comprometer mi trabajo”, manifestó.
Acusado Otto Fernando Molina Stalling, hijo de la magistrada Blanca Aída Stalling Dávila. @prensa_libre pic.twitter.com/Fa6FKQumOM
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Ruano fue designado el 30 de agosto del año pasado por la Sala Segunda de Apelaciones del Ramo Penal, para integrarse al Tribunal y conocer el proceso.
“Ayer presenté la formal denuncia ante el Ministerio Público sobre los hechos que sucedieron en virtud de que la magistrada vocal séptima de la CSJ Blanca Aída Stalling me hiciera en su oportunidad”, indicó.
Luego de la denuncia de Ruano, las juezas Dinora Martínez y María Sitavi, también se excusaron de continuar con el proceso.
El juicio contra los 18 acusados por las investigaciones de IGSS-Pisa e IGSS-Chiquimula comenzó el 24 de octubre del año pasado, luego de varios meses de procedimientos que detenían el avance.
En mayo del año pasado se suspendió por primera vez luego de una recusación planteada por la defensa de algunos señalados.
El Tribunal recibió en ese momento solicitudes de los abogados respecto a que ambos procesos surgieron de hechos que se investigan no solo en momentos sino en lugares distintos, por lo cual se asegura que en el juicio que se tiene programado para este martes no deberían estar todos los acusados.
En el caso IGSS-Pisa se investiga el contrato que el Seguro Social otorgó a la Droguería Pisa para dar tratamiento a enfermos renales afiliados a la entidad, el cual, según las denuncias de los pacientes, era deficiente y habría causado el deterioro de su salud, lo cual produjo la muerte de más de 30 personas.
El caso IGSS-Chiquimula refiere a las reparaciones en la clínica del Seguro Social ubicada en la cabecera de Chiquimula, labor para la cual fue contratada una empresa con vínculos a Francisco Cortez Bocaletti, jefe del Departamento de Compras y Contrataciones del IGSS, por lo cual se habría incurrido en ilegalidades para beneficiar a una constructora.
No renunciará
Blanca Stalling, magistrada de la CSJ, se pronunció esta tarde ante los señalamientos del juez que integra el Tribunal Noveno de Sentencia, Carlos Ruano, quien denunció públicamente que recibió presiones de ella para favorecer a un sindicado.
“Les voy a dar mi versión, esto es a raíz de lo que la señora fiscal dijo, me lo encuentro -al juez Ruano- y me dice que él fue nombrado en el caso de mi hijo pero que él no quiere llevar el caso, y que si puede hablar conmigo”.
En otra parte de sus declaraciones dijo Stalling en su defensa “jamás le pediría a ningún juez que haga algo ilegal”. “Me preocupa la actitud de él —el juez—. Yo lo que pido es que se haga justicia”, agregó la magistrada de la CSJ.
Con relación a si está dispuesta a dejar su cargo, aseguró “yo no estoy pensando en renunciar”. “Desde que la Cicig está aquí se han presentado casos fantásticos, dignos de una novela”, refirió Stalling.
Juez recibe apoyo
Organizaciones sociales se pronunciaron esta tarde en apoyo al juez Carlos Ruano Pineda, y al mismo tiempo mostraron su indignación por la supuesta presión que ejerció la magistrado Stalling contra dicho juzgador.
“Reconocemos la labor de jueces independientes, imparciales y honestos como el juez Carlos Giovanni Ruano Pineda, quien este día se excusó de conocer el caso IGSS-Pisa, por haber sido requerido por la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Blanca Stalling de favorecer a su hijo Otto Molina Stalling, procesado por dicho caso”, dicen en un comunicado las organizaciones firmantes.
En otro párrafo se lee “las y los firmantes nos encontramos indignados por las presiones que han existido contra jueces y juezas independientes, quienes debido al cumplimiento de su función legítima, han sido objeto de presiones indebidas. Es aún más preocupante, que dichas presiones provengan desde dentro del Organismo Judicial, lo cual constituye obstrucción a la justicia y abuso de poder”.
También se pronunció la Embajada de Estados Unidos por medio de su cuenta de Twitter expresó “la transformación de las instituciones afianza los esfuerzos por eliminar la contaminación que las ha viciado durante mucho tiempo”.
En otro mensaje dijo “los cambios de un país requieren participación de todos, cada uno cumpliendo su papel, denunciando los delitos y exigiendo justicia”.
También menciona la sede diplomática “la depuración en las instituciones es esencial para poder avanzar en el proceso de eliminación de la impunidad”.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), por medio de un comunicado emitió su pronunciamiento en donde resalta la importancia de garantizar la independencia judicial y llama al Estado a garantizar la protección de los jueces y juezas.
“Una jueza o un juez, una magistrada o un magistrado independiente e imparcial se constituye en un defensor de los derechos humanos y en un garante de la lucha contra la impunidad”, dijo Ana María Upegui, representante de Oacnudh-Guatemala.
