Fue la Fiscalía de Delitos Administrativos la que solicitó que Dávila fuera procesado, pero el juez consideró que no existía delito que perseguir y dictó la falta de mérito.
En varias oportunidades, el parlamentario ha dicho que la denuncia es espuria, política e ilegítima y la califica como criminalización.
El Ministerio Público (MP) presentó el 21 de abril de 2021 la solicitud de retiro de antejuicio en contra del diputado Aldo Iván Dávila Morales para investigarlo por los delitos de resoluciones violatorias a la constitución y abuso de autoridad y fue el 17 de noviembre que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió retirarle la inmunidad.
Dávila era señalado por la Fiscalía de haber agredido física y verbalmente a un agente de la Policía Nacional Civil durante una manifestación el 4 de septiembre del 2020.
“La conducta del funcionario denunciado podría encuadrarse en la comisión del delito de abuso de autoridad, porque valiéndose de su cargo como diputado y abusando de su cargo, realizó actos arbitrarios en contra de un empleado público, haciendo uso abusivo de las atribuciones públicas que posee, al empujar y proferir palabras de discriminación en contra de un agente de la Policía Nacional Civil”, señaló la Fiscalía en un comunicado en su momento.
La solicitud de retiro de derecho de antejuicio en contra de Dávila llegó dos días después de que se viera involucrado en un incidente armado, el cual fue calificado como un intento de asalto por parte de la PNC; sin embargo, el parlamentario asegura que fue un atentado directo en su contra.
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