Justicia
Juez Fredy Orellana ordena nuevas acciones contra el Movimiento Semilla
El juez Fredy Orellana autorizó una nueva suspensión de la personalidad jurídica del Movimiento Semilla, así como la inhabilitación de las cuentas bancarias de la agrupación política, cuya dirigencia critica dichas acciones judiciales.
El Ministerio Público solicitó nuevas acciones en contra del Movimiento Semilla, partido con el que Bernardo Arévalo llegó a la Presidencia. (Foto: Hemeroteca PL)
El juez Séptimo Penal, Fredy Orellana, congeló este martes 2 de julio las cuentas bancarias del partido Movimiento Semilla del presidente Bernardo Arévalo y autorizó una nueva suspensión de la personalidad jurídica de dicha agrupación política, informó el Ministerio Público (MP)
Dichas acciones son por una investigación por supuesto lavado de dinero que abrió la Fiscalía en 2023 y que puso en riesgo la investidura de Arévalo en enero pasado.
Orellana, a petición de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), "autorizó la inmovilización de las cuentas" de Semilla, partido suspendido desde el año pasado por orden del mismo magistrado, indicó el MP en un comunicado.
“A solicitud de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, el Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal autorizó como nueva medida precautoria la suspensión provisional de la inscripción de persona jurídica del Comité Pro Formación del Partido Político Movimiento Semilla y del Partido Político Movimiento Semilla”, informó por su parte el MP.
Detalla que, con base en el artículo 12 de la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, el juez Orellana autorizó la inmovilizacion de las cuentas del Movimiento Semilla; además, refiere que esa resolución tiene su fundamento en la Ley contra la Delincuencia Organizada y tiene los efectos mencionados en la resolución del 18 de junio del 2024, dictada por la Corte de Constitucionalidad.
“La resolución fue notificada a la Dirección General del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral la cual deberá cumplir en un plazo de 6 horas e informar sobre el cumplimiento de la misma, de lo contrario se certificará lo conducente en contra de la persona que resulte responsable. Así también se notificó a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Congreso de la República de Guatemala”, agrega el MP.
Qué dice Semilla
Andrea Reyes, diputada de Movimiento Semilla, señaló que no es nada nuevo, sino que el 12 de julio se vence el plazo de la suspensión provisional contra el partido, por lo que se trata de suspender al partido por otra vía con una nueva medida que “en realidad no es nada, sino una medida practicada desde el día de hoy”.
“En el entendido de que la Ley de la Delincuencia Organizada establece que un de estas medidas no se puede prorrogar por ningún motivo y como la prórroga no es validad están argumentando nuevos hechos, pero no sabemos cuáles porque no hemos ten ido acceso a la carpeta -judicial-”.
Señaló que la resolución con la que se les notificó “tiene falencias muy graves, que son falencias que caen por su propio peso que pueden conseguir que se caiga la medida vía recurso de apelación”.
Rayes calificó la medida como ilegal y como fraude de ley.
Sancionados
Tanto Orellana como los jefes de la cuestionada fiscalía guatemalteca están sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea, que los acusan de socavar la democracia en Guatemala.
La Fiscalía inició las acciones contra el Movimiento Semilla y Arévalo por supuestas irregularidades en la creación del partido en 2017, lo que en enero puso en jaque la investidura del actual presidente.
Por su parte, el mandatario acusa a la fiscal general, Consuelo Porras, de obstaculizar su lucha contra la corrupción arraigada en Guatemala, promesa de campaña que lo llevó a ganar las elecciones en agosto pasado.
Arévalo ha intentado remover a Porras, pero carece de facultades para ello. En mayo presentó una iniciativa de ley al Congreso, dominado por la oposición, para reformar la ley orgánica del Ministerio Público, pero el proyecto no ha avanzado.
Hasta 2018, los presidentes guatemaltecos tenían atribuciones para remover a un fiscal general, pero actualmente solo puede ser destituido si pesa una condena en su contra.
En tanto, la fiscal general, cuyo mandato expira en 2026, mantiene una decena de acusaciones contra el presidente con la intención de quitarle la inmunidad y sacarlo del poder.
Con Información de AFP
