Paulina Paiz y Olga Méndez pagaron Q343 mil y la entidad Novaservicios, S.A., Q2 millones 273 mil al Tribunal Supremo Electoral (TSE), después de un año de estar señaladas en el caso de la Fiscalía de Delitos Electorales.
Ambas colaboradoras reconocieron ante la juzgadora que cometieron ilegalidades ante el financiamiento electoral no registrado de la agrupación política Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) que llevó a la presidencia a Jimmy Morales Cabrera en 2015.
Paiz y Méndez brindaron tres capacitaciones de tres horas a la semana a los integrantes de las agrupaciones políticas y a empresarios. El objetivo fue recordar el financiamiento electoral.
“Las peticiones se declaran con lugar, el caso quedará archivado”, mencionó la jueza Aifán para cerrar la persecución penal.
Colaboración
Paiz y Méndez relataron ante la Fiscalía y después en la judicatura detalles sobre los aportes que siete empresarios dieron a FCN-Nación en la campaña de 2015 y que este partido no reportó al TSE.
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La investigación determinó un mecanismo alterno ilegal para gestionar el pago de fiscales a través de la empresa Novaservicios, S. A.. El aporte fue de Q7 millones 119 mil 300, el cual no fue reportado, como lo establece la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
En ese contexto, y luego de que rechazó el retiro de inmunidad al presidente Morales, el Congreso creó el 18 de octubre de 2018 dos delitos en torno al financiamiento electoral. Así, nacieron los delitos de financiamiento electoral no reportado y financiamiento electoral anónimo; el delito de financiamiento electoral ilícito sigue vigente.
📰 COMUNICADO: #CasoFinanciamientoElectoraIlícito: Reparación integral cumplida. 👇👇
— Archivo de la CICIG Guatemala (@CICIGgt) March 28, 2019
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