Este 3 de septiembre la jueza envió un memorial al Juzgado de Mayor Riesgo A, a cargo de Claudette Domínguez, para que esta le envíe un informe circunstanciado de lo sucedido después de la aprehensión de la expresidenciable.
En el documento le solicitó que en un plazo de seis horas (alrededor de las 15 horas) explique cuándo fue avalada la orden de aprehensión así como los motivos de asociación ilícita y financiamiento electoral no registrado. El documento ingresó al Juzgado a las 9:20 horas.
Por aparte, la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) informó que el médico de la cárcel militar Mariscal Zavala evaluó a Torres a las 16 horas del lunes, aunque el resultado no fue proporcionado.
Domínguez aún espera que le remitan el informe de la evaluación que un médico del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) le practicó a Torres Casanova.
Cuando le entreguen el referido informe médico se especificará en las conclusiones si Torres Casanova amerita seguir en prisión o deberá ser trasladada a un hospital privado, como lo solicitó el abogado Vinicio Salvatierra, por padecer hipertensión, arritmia cardíaca y neuralgia.
Sus defensores argumentaron en la audiencia de motivo de detención que debe estar internada en un hospital de la zona 13.
La audiencia de primera declaración está prevista para el próximo viernes de 9 a 22 horas.
El señalamiento
La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) junto con la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP) plantearon antejuicio contra Torres Casanova el 6 de febrero pasado.
La pesquisa surge por el avance de la investigación del caso Traficantes de Influencias, que se conoció en enero del 2018, que develó la existencia de una estructura vinculada con el pago de sobornos para la agilización de crédito fiscal en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Los investigadores detectaron movimientos financieros desde las cuentas de la empresa Ingeniería Integral S.A., hacia la entidad MAARIV S.A.
La entidad Ingeniería Integral era manejada por Marlon Estuardo Marroquín Silva, hijo de Giovanni Marroquín Navas, vinculado con el caso La Línea y Traficantes de Influencias.
Cuando los analistas rastrearon los movimientos de la entidad MAARIV S.A., detectaron que las cuentas eran utilizadas por Mario Leal Castillo -quien tiene orden de aprehensión por el caso- para el financiamiento ilícito de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
Utilización de empresas
Según el MP, las diligencias de investigación revelaron que la UNE utilizó a las empresas MAARIV, S.A., Promotora de Recursos Habitacionales S.A. (PROHABSA) y al Grupo Empresarial San Felipe S.a. como centros de recaudación y administración de recursos externos al partido por medio de una estructura de entidades y una administración paralela de las finanzas oficiales de campaña, de esta forma el partido habrá logrado eludir el control sobre los fondos que le aportaron.
Las pesquisas establecieron que a través de dichas entidades se hacía llegar la aportación de dinero procedente del pago de comisiones ilícitas por la agilización de expedientes de devolución de crédito fiscal ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), dinero que en parte ingresó a la cuenta oficial de campaña.
De acuerdo con la pesquisa, los fondos provenían de la entidad Ingeniería Integral, S.A., que trasladó Q3 millones, 458 mil 407.84 a las cuentas de MAARIV S.A. y de Promotora de Recursos Habitacionales, S. A., los cuales se mezclaron con otros capitales y fueron utilizados en gastos de campaña de la UNE, según el MP.
La investigación determinó que para retirar el dinero de las cuentas se utilizaban mensajeros de las empresas vinculadas a Leal Castillo y personas afiliadas al partido, quienes habrían sido utilizadas por algunos candidatos.
Aporte aumentó
Según las pesquisas, en la canalización de los fondos hacia las dos empresas que los recaudaban y administraban se estableció la participación de una tercera entidad, Grupo Inmoviliario Empresarial San Felipe, S.A., representada legalmente por el diputado Julio César Ixcamey Velásquez, y de la entidad Compañía Agrícola Industrial Solesa, S. A., vinculada a la familia de Leal Castillo.
Los aportes identificados que no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral (TSE) por el partido UNE fueron cuantificados en Q19 millones 531 mil 753.10. Aunque, cuando fue ampliada la investigación Andrei González, quien fue fiscal de la Feci, explicó que el aporte aumentó a Q27.7 millones.
Una jueza de paz informa que practicó la exhibición personal a Sandra Torres, excadidata presidencial por la agrupación política Unidad Nacional de la Esperanza, en la cárcel militar Mariscal Zavala y requiere informe circunstanciado a la jueza Claudette Domínguez. pic.twitter.com/VGEhJItgQR
— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) September 3, 2019
Ligados
En el caso Financiamiento UNE, Domínguez ligó a proceso a siete personas el pasado 23 de agosto.
Los procesados son:
- Maynor Feizal Zimeri Corado: por asociacion ilícita y financiamiento electoral no registrado.
- Antonio Juan Cristiani Burkard: por financiamiento electoral no registrado.
- Héctor Rafael Leal Valdes: por financiamiento electoral no registrado.
- Edin Alberto Álvarez Pérez: por financiamiento electoral no registrado.
- Nelson Alexis García Morales: por financiamiento electoral no registrado.
- Per Michael Erichsen Rydhager: por financiamiento electoral no registrado.
- Susana Patricia Castellanos González: por financiamiento electoral no registrado.
De acuerdo con el MP, a Susana Patricia Castellanos González le fue otorgada la medida desjudicializadora de suspensión condicional de la persecución penal por haber pagado impuestos defraudados ante la SAT, por Q2 millones 743 mil 396.41, que incluye intereses y mora.
Ella tenía una orden de captura por defraudación tributaria. La jueza ordenó el pago de Q25 mil a la oenegé Yo’O Guatemala, en Purulhá, Baja Verapaz, y recibir cursos de cultura tributaria.
En este mismo caso hay cuatro más procesados, entre ellos Gustavo Alejos, el exoperador del partido y exsecretario privado del expresidente Álvaro Colom entre 2008 y 2012. Guarda prisión preventiva por financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita, por supuestamente haber aportado Q500 mil en un cheque, en mayo de 2015.
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