Según se informó, la jueza Aifán considera que la fiscal Reynoso pudo incurrir en los delitos de desobediencia, asociación ilícita y obstrucción a la justicia al no haber querido responder al requerimiento que hizo con un plazo de tres días.
En un documento enviado por Aifán al fiscal Mendizábal, se menciona que la fiscal Reynoso tiene resistencia a cumplir con resoluciones judiciales que la jueza ha dictado en el marco de sus facultades y ha ocultado información a la judicatura.
Aifán añade que la fiscal también pudo haberse concertado con funcionarios o empleados de la Supervisión Auxiliar de Tribunales para que procedieran en su contra sin seguir el procedimiento establecido en la Ley.
Aclara que no quedó documentada la supuesta denuncia, quién la formuló o cómo se originó el supuesto proceso disciplinario en su contra, la comparecencia de la fiscal con el supervisor auxiliar de tribunales al juzgado que Aifán dirige, lo hechos denunciados en su contra ni el resultado de la supuestas investigación a la que la juzgadora se refiere y por eso considera que estos hechos están al margen de la ley y constituyen intimidación, acoso laboral y hostigamiento para obstaculizar el proceso.
En el documento Aifán también pide que se tomen las acciones necesarias para evitar el ocultamiento de información y garantizar la independencia judicial en ese caso.
Además, el cese de las acciones intimidantes y amenazantes generadas con la comparecencia conjunta de empleados del MP con el supervisor auxiliar de Tribunales, para ejercer acciones en contra de la juzgadora, sin que exista registro de un procedimiento disciplinario y por ende con vulneración del debido proceso en contra de Aifán.
También se pide que se tomen acciones necesarias para cumplir con lo ordenado en la resolución de fecha cuatro de noviembre de 2021, emitida dentro del proceso penal 01073-2016-00359 a cargo de ese juzgado de Mayor Riesgo D.
También que se tomen acciones necesarias para cumplir con las medidas cautelares que le fueron otorgadas a Aifán por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se garantice el respeto y observancia de la independencia judicial.
Finalmente, Aifán pide que se informe de las acciones tomadas a efecto de comunicarlas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El caso
En julio de 2021, el MP informó, mediante un comunicado, que haría una investigación respecto de una nota publicada en un diario nacional sobre supuestas filtraciones de información que se dieron dentro del MP sobre casos relevantes llevados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci).
La nota, publicada en un medio guatemalteco, se basa en la supuesta declaración otorgada a la Feci por el abogado Marco Aurelio Alveño Hernández, en calidad de sindicado, el 13 de julio de ese año.
En el supuesto testimonio, en el que también se adjuntan otras pruebas como la impresión de correos electrónicos, imágenes y conversaciones, Alveño delata el papel de Claudia Paola Mansilla Figueroa dentro del MP.
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Alveño revela que Mansilla fue su compañera de estudios en la Universidad de San Carlos, le comentó en junio del 2020 que laboraba como asesora de Héctor Aníbal de León Velasco, que a la vez era asesor de la fiscal General, Consuelo Porras, y quien tenía a su cargo los proyectos de apartamiento de fiscales en el Despacho Superior del MP.
En la presunta declaración testimonial, Alveño cuenta que Édgar Barquín, expresidente del Banco de Guatemala, de quien era abogado, le dijo el 15 de mayo de 2020 que estaba preocupado porque policías se encontraban haciendo preguntas en su domicilio en la zona 16 capitalina, y que luego tuvieron información de que se trataba de una investigación sobre el caso Bancafé.
Alveño dijo que por ese caso, Barquín había tenido “un acercamiento” con la fiscal General “por instancias del Presidente de la República” a través de Ángel Pineda.
EL abogado dijo que, entre otras acciones, se le instruyó que “se solicitara el apartamiento de los fiscales a cargo del caso”.
Barquín también le pidió que fuera con el juez Miguel Ángel Gálvez, a cargo del caso, para obtener más información sobre la orden de aprehensión, quien le confirmó que no podía emitir una orden de aprehensión sin fundamento.
“Plan elaborado”
De acuerdo con la supuesta declaración testimonial de Alveño, en agosto de 2020 se reunió con Claudia Mansilla y el exjuez Mynor Moto, donde le revelaron un plan para señalar que la jueza Érika Aifán “era incompetente de conocer el caso Comisiones Paralelas”, pero que dicho plan, elaborado junto con Dennis Billy Herrera, iba a ser rechazado, por lo que pidieron asesoría, ampliaron la solicitud y fue así como el 29 de octubre de 2020 fue declarado con lugar el planteamiento.
Alveño asegura que, aparte de las reuniones personales, todas las comunicaciones se dieron a través de Telegram, pero con mensajes “autodestruibles”.
Relata que después de que el caso fue trasladado a la Fiscalía de Delitos Transnacionales, tal y como Mansilla se los había adelantado, ella llegó a su despacho para exigirle Q50 mil por el “apartamiento del Lic. Édgar Barquín, y que, además, le pidió que se reuniera con Maynor Moto para apoyarlo en la campaña para su elección como magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC).
Casos de la Feci
Alveño asegura que el 11 de noviembre del 2020, Mansilla lo visitó en su apartamento para recibir un adelanto de Q30 mil del pago requerido, quedando pendientes 20 mil.
Asegura que ese día, Mansilla llevó un informe con todos los casos que se llevaban en la Feci y le ofreció una copia; sin embargo él se negó a recibirla, pero anotó los números de casos y personas en un documento que le fue incautado después por las autoridades durante un allanamiento.
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El abogado continúa diciendo que el 18 de noviembre de 2020 se reunió personalmente con Moto y Mansilla, en donde le volvieron a pedir su apoyo para la elección a la CC.
“Me señaló Mynor Moto que la Licda. Éricka Aifán había comenzado con sus berrinches respecto de la discrepancia planteada; Paola Mansilla agregó que el Lic. Juan Francisco Sandoval estaba necio con operativizar el caso, pero que la Fiscal General no lo había dejado, según ella había escuchado en el Despacho Superior”, relata el abogado en la supuesta declaración testimonial.
Alveño también declaró que en una ocasión Francisco García Gudiel le contó que estaba siendo investigado por la Feci y que un agente del Deic le confirmó la investigación, por lo que le pidió que se reunieran para ver si le podía ayudar.
Cuenta que en la reunión llamaron a Mansilla y esta les confirmó que el caso en el que estaba involucrado García Gudiel era del Construcción y Corrupción. Mansilla también les habría pedido US$9 mil, la mitad por adelantado, por el apartamiento del caso, de lo que pagaron US$4 mil 500 el 23 de enero de 2020.
Además, el 26 de febrero de 2021, Alveño se enteró de que la Feci estaba efectuando allanamientos por una filtración de información que se le hizo llegar al sindicado Gustavo Alejos, exsecretario presidencial.
Alveño cuenta que, preocupado llamó a Mansilla, y esta le dijo que él estaba “clean” (limpio).
