Durante la diligencia de este día la juzgadora intentó separar a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) por considerar que no tiene competencia para ser querellante en su proceso pero Cojulún denegó la petición porque no era el momento procesal oportuno para hacer la petición.
El Ministerio Público (MP) señala a la juzgadora de los delitos de lavado de dinero u otros activos; enriquecimiento ilícito, e incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial y obstaculización a la acción penal.
Según la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) Reinoso Trujillo, también habría recibido Q619 mil en efectivo sin que se conozca su procedencia.
Estos montos sobrepasan su capacidad económica producto de sus actividades como juzgadora y como docente en las universidades Rural y Mariano Gálvez.
Los recursos financieros que se presume sea de origen ilícito fueron utilizados para la adquisición de bienes y servicios, de la siguiente manera: una vivienda ubicada en residenciales Los Lazos, Fraijanes; la cual fue comprada el 4 de abril de 2013, por un monto de Q2 millones 357 mil 439.70 de los cuales canceló Q775 mil 982 como parte del enganche y el saldo de Q1 millón 581 mil a través de un crédito hipotecario a 20 años.
Para el desembolso del enganche Reinoso Trujillo debito de sus cuentas Q442 mil 78.44, aquieriendo cheques de gerencia de igual suma. Y el resto del enganche de Q333 mil 904.46, no aparecen registrados en los movimientos bancarios ni de la juzgadora, y tampoco de su hija y esposo, por lo que se desconoce cómo ubtuvo dicha cifra y cuál es su origen.
Para el pago del crédito hipotecario que se pactó a razón de cuotas mensuales de Q1 mil; y de una cuota extraordinaria de Q20 mil en el mes de julio de cada año, por lo que sería Q32 mil anuales.
La investigación refiere que entre el 27 de junio de 2013 y el 16 julio del 2014, Reinoso Trujillo efectuó abonos que suman Q95 mil 898 mil a dicho crédito y además se evidenció que el 93% del engance que corresponde a Q275 mil 898 fue abonado con dinero cuyo origen se desconoce y que no ingresó a sus cuentas ni se debitó de las mismas.
De tal manera que entre mayo de 2013 y julio de 2014, canceló Q1 millón 74 mil, suma que equivale al 45.5% del valor de la vivienda y que no corresponde a su capacidad económica.
Según la investigación Reinoso Trujillo cuenta con bienes que sobrepasan su poder adquisitivo y resultan incongruentes con los ingresos que devenga como empleada pública y como docente.
La compra de varios automotores en el 2014, que implicó dos pagos de contado por Q200 mil en febrero y mayo, aparecen antecedidos de depósitos en efectivo en sus cuentas bancarias, los cuales no se reflejan en los estados de cuenta de su núcleo familiar, de acuerdo con las pesquisas.
Los estados de cuenta reflejan preliminarmente un incremento injustificado en su patrimonio en Q1.4 millones. Ello corresponde a dinero recibido en sus cuentas bancarias en efectivo y en cheques depositados por terceros.
Se defiende
Reinoso Trujillo jusitifica ante el juez José Eduardo Cojulún, que los pagos para la adquisición de su casa y de dos vehículos fue con dinero proveniente de sus ahorros bancarios. Agregó que su hijo menor fue intervenido y que por la intervención quirúrgica pagó más de Q400 mil.
Durante su declaración procedió a presentar comprobantes de los supuestos retiros y recibos de pagos, los cuales según la juzgadora son lícitos, con ello intentó desvirtuar los señalamientos de la Feci.
“Hasta ese momento señor Juez, yo tenía siete sueldos, escúchelo bien, pero como nadie habla nada porque tienen miedo y esa es una revancha. Aqui no es la canción de Pedro Fernández, que me vinieron a contar cositas malas de mí”, dijo la juzgadora durante su declaración.
Procesos polémicos
Seis guatemaltecos y un mexicano señalados de haber lavado dinero fueron beneficiados por la jueza, quien les cambió el delito y revocó su arresto.
En el caso de Ana Sofía Castañeda Deras, alias la Sirenita, le cambió la prisión preventiva por arresto domiciliario.
En el 2012, Reinoso ordenó arraigo contra Sandra Torres. El proceso fue cerrado, años después, por otro juzgado.
