Aldana indicó que la investigación derivó de los documentos que fueron localizados luego de que se realizaran allanamientos en 2015, luego de que se saliera a luz el caso La Línea.
Aldana calificó la situación como una cooptación de las entidades del Estado, mientras que Velásquez destacó el descubrimiento de tres grupos de lavado: empresas pantalla, empresas de papel y empresas cambistas y de transportes de valores.
“Se pudo identificar el entramado financiero que tenía como fin fortalecer al PP y enriquecer a sus líderes y lograr la cooptación del Estado”, dijo Velásquez.
Estructura ilícita
La fiscal Aldana indicó que las investigaciones precisan que esta organización criminal se habría formado en 2007 y sus operaciones duraron hasta el 2015. En sus inicios sirvió para recibir y lavar dinero que fue utilizado para financiar las campañas electorales del PP.
“Esta actividad que a nuestro juicio es ilícita se diseñó en el 2007 en la primera participación electoral del PP y siguió funciones entre el 2012 y el 2015, esta estructura había cooptado instituciones del estado y cuyos dirigentes son el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti”, refirió Aldana.
Explicó que en los años en los que el PP buscaba ser el partido de Gobierno una serie de empresas de cartón funcionaban para recibir dinero ilícito de financistas, lavarlo y luego inyectarlo a la campaña electoral sin reportarlo al Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Generalmente estas empresas recibían dinero de financistas que no querían figurar, extendían facturas por la prestación de servicios ficticios y de esta manera se agenciaban de fondos para la campaña electoral.
Según las investigaciones de la Fiscalía y de la Cicig la operación de estas empresas permitió que Pérez Molina y Baldetti fueran beneficiados y se enriquecieran ilícitamente al recibir inmuebles, vehículos, joyas y pagos a tarjetas de crédito.
Un caso puntual señalado por Aldana involucra a las empresas televisivas Radio y Televisión Nacional S. A. —Canal 3—, Televisiete S. A. —Canal 7—, que habrían pagado a empresas de cartón servicios ficticios.
Según la investigación estas empresas pagaron entre mayo de 2008 y diciembre de 2011 servicios ficticios que ascieden a Q17.6 millones los cuales habrían servido para financiar parte de la campaña del PP, pero durante la administración de Pérez Molina y Baldetti recibieron eventos que llegan a los Q216.2 millones.
Organización se fortalece
Velásquez indicó que las investigaciones concluyen que al menos Q50 millones de quetzales no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y que las tablas de pagos a las empresas fueron encontradas en dispositivos electrónicos decomisados al ex secretario privado de Baldetti, Juan Carlos Monzón.
El comisionado agregó que la estructura que ayudó a capitalizar al PP, lejos de desaparecer cuando llegaron al poder, se fortaleció y cooptó algunas instituciones del Estado.
Esto se logró al pedir sobornos o “comisiones” a empresas a cambio de ser beneficiadas con contratos del Estado. Se logró establecer que “los operadores priorizaban las comisiones y las cobraban. Por lo menos era el 10 por ciento para tramitar los contratos”.
De ese 10 por ciento, el 60 por ciento era para los jefes de la estructura —Pérez Molina y Baldetti—y el restante 40 por ciento para los demás participantes.
“Hasta ahora se han identificado 450 contratos diligenciados por la estructura criminal; este es un corte de cuentas para presentar a la población. En varios de estos casos fue determinante la evidencia digital y documental hallada en los allanamientos de 2015 que permitieron describir los registros de ingresos y egresos. El monto de ese incentivo —soborno— asciende a Q500 millones”, dijo el comisionado de Cicig.
Ejemplos
Aldana dio algunos ejemplos de los contratos que tendrían algún tipo de irregularidad. El primero es un caso de la Empresa Portuaria Santo Tomas de Castilla y la empresa Terminal de Contenedores Quetzal, donde habrían dado Q59 millones en comisiones.
Otro caso es el del Fondo de Desarrollo Social que otorgó contratos de fertilizantes y estufas ahorradoras, sistemas de riego, donde se detectaron coimas por Q11 millones.
En el Registro de Información Catastral (RIC) se detectó un evento para la compra de software de computadoras que tenían un soborno de unos Q 7 millones.
El comisionado agregó que para lograr el operativo de este día, donde se capturaron a 23 personas se utilizaron 93 declaraciones testimoniales, 56 sesiones de escuchas y se analizaron 2.5 millones de documentos y 12 dispositivos electrónicos incautados.
Operativos
Los 23 detenidos en los 43 allanamientos realizados este jueves son:
- Alberto Rafael De León Escobar, 45
- Alex Sical Girón Martínez, 39
- Antonio Rodríguez Vásquez, 37
- Benjamín González Zepeda, 63
- Boris Orando Navas Aguilar, 53
- Daniel Juan Pablo Pellecer Siliezar, 33
- Deni Leonel Linares Juárez, 40
- Denis Leonardo Lam, 44
- Doris Alberto Linares Juárez, 45
- Edin Raymundo Barrientos, 60
- Emilia Guadalupe Ayuso De León, 55
- Juan Carlos Salguero Barrientos, 44
- Judith del Rosario Ruíz Blau, 43
- Julian Muñoz Jiménez, 48
- Julio Alejandro Quinto Tobar, 44
- Julio René Barrios Ortega, 68
- Karl Cristian Kaller de León, 44.
- Mario Rodolfo Contreras Díaz, 58
- Marvin Estuardo Díaz Sagastume, 48
- Nax Roberto Burgos Faillace, 68
- Óscar Ludwin Osorio Ovalle, 46
- Rudy Leonel Gallardo Rosales, 42
- Walter de Jesús López Acevedo, 42
Las autoridades confirmaron que 42 personas están pendientes de captura debido a que no fueron ubicadas o no están en el país, y entre los que resaltan banqueros, empresarios, representantes legales de varias empresas, ex funcionarios del gobierno del PP. Además, 14 personas, la mayoría empresarios, están citados a un juzgado. No se descartó que por el mismo caso también estén siendo investigados ministros del gobierno patriotista.
