La contratación de la fiscal especial, Karin Orellana, quien estaría a cargo para investigar las denuncias en contra de Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y su personal, pusieron contra las cuerdas y generaron dudas sobre el proceso de selección que utiliza el Ministerio Público para elegir al personal con un perfil idóneo para el puesto que ocupe.
Consuelo Porras, fiscal general del Ministerio Público, explicó la semana pasada en una conferencia de prensa que el nombramiento de Orellana se hizo sin conocer la relación sentimental con Erasmo Martínez Díaz, detenido por tener pendiente una orden de aprehensión con fines de extradición a EE. UU. por cargos de narcotráfico. La fiscal general, María Consuelo Porras, justificó que la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad no le informó al respecto.
Porras dijo que el expediente de la fiscal especial tenía notas a 80 a 90 puntos en las pruebas psicométricas y de confiabilidad. Además, señaló que fue elegida de un banco de datos de abogados que aspiraban a ser fiscal especial, por lo que el Departamento de Recursos Humanos revisó la autenticidad de sus documentos, fue contratada el 25 de octubre y se le rescindió el contrato el pasado 8 de diciembre.
El potencial riesgo de que Orellana conociera el expediente de investigación de Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), abre las dudas de analistas que consideran débil el proceso de selección de los trabajadores del Ministerio Público y esto podría representar un riesgo en otras investigaciones.
Para Eleonora Muralles Pineda, presidenta de la Familiares y amigos contra la delincuencia y el secuestro (FADS), los argumentos presentados por Porras en la conferencia de prensa no tienen validez, porque en cualquier institución, pública o privada, con un cargo tan importante como el que ocupó Orellana, se efectúa una investigación sobre la persona.
“La fiscal dice que no se le puede prejuzgar y que no importa a quien defienda, pero si tiene que ver muchísimo. Recuerdo que, durante una de las Comisiones de Postulación, los mismos comisionados pusieron como una decisión de que personas que hubieran defendido a narcotraficantes o del crimen organizado de una manera consuetudinaria quedarían excluidos”, indicó Muralles.
Además, agregó que es evidente que hubo una investigación mediocre. Además, también que podría haber sido recomendada para estar a cargo de una fiscalía que no debería existir, porque genera muchas dudas del objetivo de su creación.
Preocupación
Carmen Aída Ibarra, directora ejecutiva del Movimiento Projusticia, también ve grave la contratación de Orellana, porque, aunque presentaron los resultados de las pruebas de confiabilidad y exámenes psicométricos, sus aspectos académicos y trayectoria profesional, quedó a la vista que, más allá de cumplir con los requisitos formales, hay que analizar la idoneidad de la persona y en este aspecto el Ministerio Público falló, porque omitió los detalles del entorno social y familiar de la exfiscal.
Ibarra también señaló que este caso se repite en otras contrataciones que realizan las instituciones del Estado, la diferencia es que este se hizo público.
“Estamos ante una situación que resalta, porque es bastante grave que el Ministerio Público contrate a profesionales que, si bien no se puede ligar una conducta criminal, sí están vinculados a un entorno criminal. La persecución penal es personal, y a ella no se le pueden atribuir las responsabilidades del extraditable que se le ubicó en cercanías a ella”, señaló.
La preocupación de que personas no idóneas ocupen cargos públicos no solo se limita al Ministerio Público, también está latente en las demás instituciones de seguridad, justicia y el Ejecutivo.
Revisión de proceso
Marco Canteo, abogado experto en política criminal y en procesos de reforma al sector justicia, opinó que los procesos de contratación del personal deben ser revisados para que no busquen solo llenar requisitos formales, sino también materiales.
“Se debe mejorar los criterios de selección para la contratación del personal en el Ministerio Público y evitar que este tipo de contrataciones en vez fortalecer la institución la debilitan. Considero que su imagen fue dañada y esto no abona a la persecución penal, porque los ciudadanos tienen percepción delictiva”, expresó.
Canteo afirmó que el problema de fondo es la carrera fiscal y el MP se quedaría muy corto si se revisa únicamente la contratación de Orellana, porque la carrera fiscal garantizaría que el profesional que esté ejerciendo sea el mejor abogado penalista que haya en el país y las autoridades tendrían la plena confianza de que tienen a los mejores en la institución.
“Lo que nos dice claramente es que lo que está fallando en el Ministerio Público es la carrera fiscal, y en este sentido, creo que la fiscal general tiene una responsabilidad política tanto en esta contratación como la no revisión y reforma en un sector importante del sector justicia. Así como hablamos en el OJ de la carrera judicial, también es imprescindible de la carrera fiscal en el MP”, agregó.
