Este proceso está enmarañado, porque ha estado marcado por la intervención de las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC) para resolver las ilegalidades y por el rehúso de los diputados del Congreso para elegir a los magistrados.
Carmen Aida Ibarra, directora del Movimiento ProJusticia, explica que el período de retraso de octubre de 2019 a mayo de 2020 porque había que superar las ilegalidades del proceso y luego estuvo marcado también por el amparo que presentó el Ministerio Público que detuvo la elección en el Congreso hasta que se emitió la sentencia definitiva en mayo de 2020. “Yo suelo empezar a contar el retraso de la elección a partir junio de 2020, porque ahí se termina el plazo”, añade.
Ibarra considera que las funciones prolongadas de los magistrados y el retraso injustificado del Congreso de elegir a los nuevos funcionarios tiene camino de durar más de dos años, porque la situación actual apunta a que los grupos interesados en influenciar en el proceso buscan que Silvia Valdés, magistrada presidenta de la CSJ, dirija la Comisión de Postulación que nombrará al próximo jefe del Ministerio Público (MP). Se debe tomar en cuenta que la fiscal general Consuelo Porras puede reelegirse.
“En la Comisión de Postulación hay 15 miembros y quien preside es el presidente o presidenta de la Corte Suprema de Justicia, en este caso sería la magistrada Silvia Valdés. De continuar en funciones estos magistrados, ella presidiría este proceso y sin duda alguna la alianza política dominante está interesada en mantener el control del Ministerio Público con esta fiscal o con nuevo fiscal que les garantice un funcionamiento del órgano de persecución penal adecuado a sus interese”, advierte.
Daños
Ibarra señala que el daño principal es que siguen vigentes cortes complacientes con los grupos de poder que dominan la situación en el país, y agrega que necesitan el sistema de partidos políticos funciones bajo sus intereses debido a que se acerquen las elecciones generales en 2023.
Mientras que, para Lorena Escobar, coordinadora del Departamento de Análisis Jurídico de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), expresa que esta situación inédita causa a nivel internacional y nacional poca certeza jurídica y de seguridad.
Critica que este retardo genera inestabilidad en sus puestos con los magistrados de las Cortes de Apelaciones lo cual implica un impacto en la productividad del juzgador y en el clima laboral de los trabajadores que lo acompañan en sus labores diarias. “Esta situación no viene a fortalecer el sistema de justicia, sino que por el contrario lo estanca”, advierte.
Edie Cux, presidente de Acción Ciudadana, expresa que esta CSJ ha emitido resoluciones cuestionables fuera de su plazo legal y es muy serio que suceda esta situación, por lo que se vulnera el Estado de Derecho y no hay certeza jurídica.
Entre las resoluciones más criticadas están el rechazo del retiro de inmunidad del expresidente Jimmy Morales para investigarlo por declarar non grato al excomisionado de la extinta CICIG, Iván Velásquez; así como también la protección dada al diputado Felipe Alejos para que conserve su inmunidad, hasta cuatro veces, y no ser investigado por el caso Traficantes de Influencias.
“La población en general no ve certeza jurídica de cómo se van a resolver los conflictos en el país. Cuestiones como personas que están siendo procesadas, que tengan un juicio en general que deba ser conocido por la Corte Suprema o por la misma Corte de Constitucionalidad ahora no tiene certeza de ello y esto incide específicamente en los niveles de impunidad, no solo en corrupción, sino en general”, advierte Cux.
Le puede interesar: Análisis del MP: las debilidades, oportunidades y fortalezas de Consuelo Porras
Antejuicios
La elección de la cortes en el país se mantiene en un estira y encoje, es un pulso de fuerzas constante. El problema de su renovación está tan enmarañado y viciado que ocho magistrados del pleno de la CSJ enfrentan solicitudes de antejuicio, debido a que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) busca investigarlos por su presunta vinculación al caso Comisiones Paralelas 2020.
El Ministerio Público busca investigar a los magistrados de la CSJ: Silvia Valdés, Josué Felipe Baquiax, Manuel Duarte, Vitalina Orellana, Nery Medina, Sergio Amadeo Pineda, José Antonio Pineda Barales y Silvia Verónica García; mientras que de la Corte de Constitucionalidad fue en contra de Néster Vásquez Pimentel y del Tribunal Supremo Electoral contra Ranulfo Rafael Rojas Cetina.
La tesis fiscal del MP señala tuvieron comunicación con Gustavo Alejos, antes de votar por la integración para la nómina de postulantes de comisionados. Bajo esta lógica, Cux ve difícil que la misma CSJ resuelva en contra de sus propios miembros y se trasladen estas solicitudes al pleno del Congreso para que las conozca y los diputados decidan si les retiran la inmunidad.
“A nivel de cuál es la visión que se tiene de la designación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, creo que se replantea depurar los listados. Personas señaladas del amañamiento de cortes y que hayan sido designadas a partir de los jueces que el Ministerio Público señala en el caso Comisiones Paralelas se hace necesario que se depuren esos listados y que el Congreso excluya esas personas. La cuestión es que la alianza oficialista evade esa responsabilidad”, afirma Cux.
Mientras que para Escobar estas solicitudes de antejuicio se torna cuesta arriba la investigación contra los magistrados que están ocupando otros cargos diferentes a las magistraturas de la CSJ, como en los casos de Ranulfo Rojas Cetina, actual presidente del Tribunal Supremo Electoral y quien está señalado de posible falsificación de un título universitario, y de Néster Vásquez Pimentel, quien recién asumió como magistrado de la Corte de Constitucionalidad.
Los antejuicios fueron presentados un día después que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, visitó Guatemala y anunció la creación de una Fuerza de Tarea Anticorrupción regional para “apoyar” a los fiscales guatemaltecos para investigar la “ruta del dinero” de este flagelo.
Ibarra señala que, aunque la FECI cumplió con su labor de presentar estas acciones contra los magistrados no pasará nada, debido a que la alianza política está consolidada y es el Congreso que debe conocerlas por lo que lógico que los protegerá.
Le puede interesar: Comisiones Paralelas 2020: ¿Podría afectar la elección de cortes los nuevos hallazgos?
Soluciones
Francisco Quezada, investigador en temas de seguridad y justicia del Centro de Investigaciones Económicas Sociales (Cien), explica que, no se ha medido el daño es enorme ocasionado en la justicia con la incertidumbre de que no se saben cuáles son las magistraturas que dirigen la CSJ y de Apelaciones, y recae en la ineficiencia debido a que no existe una planificación estratégica del Organismo Judicial porque no saben hasta cuándo estarán en el cargo.
“Para empezar ver la solución de una situación que es totalmente responsable la anterior Corte de Constitucionalidad, al haber emitido un fallo total y absolutamente en contra de la Constitución, tiene que haber una salida. La salida tiene que significar, para que los diputados se animen una elección pronta, es que la actual Corte de Constitucionalidad emita una resolución aclaratoria del fallo que emitió la anterior CC, porque de lo contrario abundarán buenas y malas excusas para no elegir”, explica Quezada.
Además, advierte que no se encuentra una solución pronto se llegara a los dos años con magistrados que tienen funciones prolongadas. “El tiempo seguirá pasando y la administración de la justicia seguirá sin norte”, indica.
Mientras que Cux señala que, el MP debe defender el amparo que le fue otorgado y presentar una debida ejecutoria para que la CC resuelva que el Congreso debe elegir y designar a los magistrados.
