En el expediente 1188-2023 aparece como el solicitante del amparo, Carlos Giovanni Ruano Pineda, Juez de Primera Instancia del Tribunal Noveno de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente del departamento de Guatemala, mientras que la autoridad denunciada es la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El 9 de marzo pasado, la CC había dado trámite al amparo que planteó el juez Carlos Ruano, luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolviera dar trámite a la solicitud de retiro de inmunidad por una denuncia promovida en su contra por la Fundación Contra el Terrorismo.
La alta Corte había fijado un plazo de 48 horas para que la CSJ informe los motivos de la resolución que emitió el pasado 8 de febrero, a favor de tramitar la denuncia contra el juez.
EN ESTE MOMENTO
El documento que mandó la CSJ a la CC detalla que de conformidad con el análisis efectuado y razones estimadas “no se evidencia la vulneración a garantías fundamentales que denuncia el postulante, por lo que se concluye que la autoridad cuestionada ha actuado conforme las facultades que le confiere la Ley en Materia de Antejuicio, sin que exista agravio alguno susceptible de ser reparado por esta vía, razón por la cual el amparo debe ser denegado”.
“Se solicita a la Corte de Constitucionalidad que no otorgue el amparo provisional solicitado, toda vez que no se evidencia vulneración alguna a las garantías fundamentales que denuncia el amparista además de que no se configuran ninguno de los presupuestos contenidos en los artículos 27 y 28 de la Ley de Amparo Exhibición Personal y de Constitucionalidad”, se leía en el documento.
Es por ello que esta 17 de febrero se conoció que la CC aceptó la petición de la magistrada Silvia Valdés.
El caso
El juez Ruano, reconocido por Washington por su lucha anticorrupción en 2021, es señalado por la Fundación Contra el Terrorismo en un caso que involucra a la magistrada Blanca Stalling, quien fue reinstalada en ese cargo tras ser procesada en el caso “Tráfico de Influencias”.
El juez Ruano denunció en enero de 2017 que la magistrada Stalling habría ejercido presiones para que resolviera a favor de su hijo, Otto Fernando Molina Stalling, quien fue detenido y procesado en el caso IGSS-Pisa.
Por ese caso, un Tribunal declaró culpable a 12 sindicados, incluyendo a Molina Stalling, quien fungía como exasesor del IGSS. La sentencia fue de seis años y tres meses y a una multa de Q50 mil y fue absuelto del delito de asociación ilícita.
Denuncia del juez Carlos Ruano contra la magistrada Stalling
Una de las pruebas presentadas por Ruano fue un audio de una conversación que sostuvo con Stalling, cuando lo visitó en su oficina. A decir del juez, se ejercía presión sobre su independencia.
La denuncia de Ruano dio a lugar a que el MP solicitara retirar la inmunidad a la magistrada Stalling. El proceso avanzó y la funcionaria fue capturada un mes después de la denuncia, en febrero de 2017, enfrentando cargos por tráfico de influencias y resistencia con agravación de la pena.
No obstante, el caso contra Stalling se sobreseyó por el juez Décimo Penal, Víctor Cruz, en junio de 2022. Meses después fue reinstalada en el cargo.
El MP no apeló la resolución de Cruz. El titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Rafael Curruchiche, declaró que no se apelaría la decisión al considerar que existían “notorias incongruencias” en la investigación de su antecesor Juan Francisco Sandoval.
Argumentos en la denuncia contra el juez
A raíz de ello, ahora la Fundación Contra el Terrorismo señala que Ruano incurrió en usurpación de atribuciones, resoluciones violatorias a la Constitución, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y simulación de delito, por la denuncia que hizo contra Stalling.
Raúl Falla, abogado de la FCT, dijo que la denuncia que presentó el juez fue espuria porque “la magistrada Stalling habló con un juez que no tenía el caso de su hijo, además habló en su calidad de madre, no de funcionaria, no pidió ninguna medida sustitutiva sino un proceso objetivo”.
