De acuerdo con la Corte, con dicha medida se busca evitar que se “produzcan daños irreparables a sus derechos a la vida e integridad personal y a su independencia judicial, así como al derecho al acceso a la justicia de las víctimas”.
Además, la Corte IDH advierte que los actos de hostigamiento, amenazas, intimidación, seguimientos y vigilancia que ha enfrentado el juez Gálvez Aguilar, así como los factores que denotan la permanencia del riesgo en fechas recientes, se han ido acrecentando en la medida que avanza el proceso penal por los hechos del caso Diario Militar, el cual involucra a exmilitares y expolicías del Estado en el caso Diario Militar.
Le requiere al Estado que “a más tardar el 8 de agosto de 2022” presente a la Corte Interamericana un informe actualizado y detallado sobre las medidas urgentes adoptadas en cumplimiento a lo ordenado. También los representantes de las víctimas deberán presentar sus observaciones en un plazo de una semana, que comenzará a contar a partir de la notificación del referido informe.
El pasado 14 de junio los representantes de las víctimas solicitaron la adopción de medidas provisionales en favor del juzgador.
Los detonantes
Afirman: “El Estado no controvirtió la situación manifiesta de riesgo en que se encuentra Gálvez y su familia; sin embargo, indicó que cuentan con un esquema de seguridad completo, en cumplimiento de las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana”.
Sin embargo, considera que tales medidas son “insuficientes puesto que la situación de riesgo que actualmente enfrenta el administrador de justicia requiere una respuesta estatal inmediata que adapte las medidas tomando en cuenta las causas generadoras de riesgo referidas por los representantes, y que los problemas identificados sean atendidos”, señala la Corte IDH.
Desde el 1 de julio de 2022 la Corte confirmó que el juez Miguel Ángel Gálvez Aguilar y su núcleo familiar son actuales beneficiarios de medidas cautelares que le fueron otorgadas desde el 21 de agosto de 2016.
Antecedentes
El 6 de mayo de 2022, el juez Gálvez Aguilar dictó un fallo judicial que ordenaba enviar a juicio a nueve sindicados en el caso Diario Militar, por su presunta participación y responsabilidad de cometer delitos de lesa humanidad entre los años 1983 y 1985, hechos que afectaron a 183 personas.
La deliberación por parte del juzgador se desarrolló durante tres días, en los que escuchó los argumentos de las partes procesales, entre estos, los querellantes del caso, quienes mostraron fotografías de algunas de las víctimas desaparecidas.
Luego de la resolución Gálvez Aguilar denunció ser víctima de constante hostigamiento y acusaciones.
El 11 de mayo, luego de anunciar en las redes sociales que “se haría cargo” de Gálvez, la Fundación contra el Terrorismo (FCT) presentó una querella por el supuesto delito de prevaricato y una solicitud de antejuicio contra el juez de Mayor Riesgo B, porque habría abusado de la prisión provisional.
En el recurso, publicado por Méndez Ruiz en su cuenta de Twitter, la FCT denunció la supuesta comisión de cuatro delitos: entre ellos abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, prevaricato y detenciones ilegales con causas agravantes en forma continua.
No obstante, el 14 de junio la CSJ dio trámite a la solicitud de retiro de inmunidad planteada por dicha fundación. El magistrado Roaldo Isaías Chávez Pérez, fue designado como pesquisidor en el trámite del antejuicio promovido contra el juez.
Gobierno responde
El gobierno de Guatemala, por medio de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, emitió un extenso comunicado respecto de la la resolución de la Corte.
Refiere que el juez Gálvez ya cuenta con medida cautelar desde el 2016, “fecha desde la cual se le brindó la seguridad necesaria para garantizar tanto su vida, integridad y seguridad, como la de su familia.
Agregó que dichas medidas fueron actualizadas en marzo de 2022 a raíz del caso Diario Militar. Expresó que, por tanto, en la actualidad cuenta con medidas de seguriad por parte del Ministerio de Gobernación y del Organismo Judicial.
