Se trata del caso de Rudy Augusto Ortiz Morales, alias el Smoking, quien hasta el 16 de mayo se confirmó que no estaba en su celda en Fraijanes 2 a donde había sido trasladado desde el 8 de octubre de 2009 junto con otros peligrosos pandilleros del Barrio 18.
El suicidio de Héctor Alfonso Quinteros Martínez, de 41 años, confirmado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) evidenció que el Smoking se había fugado de Fraijanes 2 desde hacía por lo menos tres años, según las primeras pesquisas de la División Especializada en Investigación Criminal (Deic) de la Policía Nacional Civil (PNC).
El Inacif confirmó este 17 de mayo que la la causa de muerte de Quinteros Martínez, quien usurpaba la identidad de Ortiz Morales, fue asfixia por suspensión (ahorcadura). Todo esto ha activado las alertas, sobre todo, porque el Ministerio de Gobernación (Mingob) había denunciado desde mayo de 2022 la evasión de el Smoking.
La información preliminar es que desde hace por lo menos tres años Quinteros Martínez se hacía pasar por Morales Ortiz, quien hasta ahora, oficialmente, se investiga si se evadió de la prisión o fue eliminado en el interior.
Eddy Morales, analista en temas penitenciarios, y exdirector de presidios, asegura que este tipo de casos ocurre porque los controles en las prisiones es débil desde hace poco más de 10 años.
Asegura que los carceleros y guardias del SP temen ingresar a los sectores en donde hay pandilleros y en los conteos diarios de reos se “dejan llevar únicamente por lo que dicen los privados de libertad”.
Morales considera que uno de los puntos que agudiza la crisis del SP es esa falta de una estadística real de los reclusos que hay en cada prisión. “Es un descontrol que hace imposible saber si la persona está cumpliendo con su condena en la cárcel”, argumenta morales.
“Este tipo de casos es más frecuente de lo que se cree, y por eso se hace necesario una investigación exhaustiva”, expresa el analista.
El traslado de el Smoking
El 8 de octubre de 2009 el Sistema Penitenciario (SP) y la PNC llevaron a cabo el traslado de Morales Ortiz y otros pandilleros por una serie de atentados que se habían cobrado la vida de policías, guardias penitenciarios y planificaban también asesinar a fiscales y el entonces director del SP, Eddy Morales.
Ese 8 de octubre trasladaron a 18 privados de libertad con perfil de alta peligrosidad a la cárcel Fraijanes 2, entre ellos Ortiz Morales.
Con este movimiento sumaban 33 los reclusos en ese penal, ya que el 28 de septiembre del mismo año, las autoridades habían trasladado a los primeros 15 pandilleros con el mismo perfil de alta peligrosidad.
Entre los trasladados estaban Érick Humberto Contreras, alias el Abuelo; Wilson Estibenson Moreira Aristondo, el Weekend; Andy Gustavo García Vásquez, el Andy; Eulogio Orozco, el Spawn; Áxel Danilo Ramírez, el Smiley; Aldo Ochoa Mejía, el Lobo; Héctor Giovani Estrada Martínez, el Tigre; Jorge Mario Moreira Reyes, el Marino; José Daniel Galindo Meda, Frank Estuardo Barillas Gómez y Ortiz Morales, alias Smoking.
La muerte del pandillero que no fue
El pasado 16 de mayo elementos del departamento de delitos contra la vida de la PNC llegaron a Fraijanes II para verificar sobre la muerte de Ortiz, líder de la pandilla del Barrio 18 e integrante de la Rueda del Barrio.
El director del penal les informó que la persona que había fallecido no era alias el Smoking, sino otra persona que usurpaba la identidad. Se trataba del pandillero del Barrio 18, Quinteros Martínez, quien según el Inacif se suicidó.
De acuerdo con el MP “la persona fallecida se encontraba ligada a proceso penal por el delito de cooperación para la evasión”, sin brindar más detalles. Mientras que el portavoz del Mingob, Jorge Aguilar, indicó que desde mayo de 2022 se había presentado una denuncia sobre la fuga de Ortiz Morales.
En su oportunidad el sistema Aplicaciones Tecnológicas para la Solución Estratégica de Casos y Atención a Víctimas (Astrea) del MP, reportaba que durante el 2022, ingresaron once casos relacionados con la evasión de reclusos de prisiones del país.
De esos casos los que se hicieron públicos fueron los de Bagner Alexander Morales García, alias el Hardy; Francisco Javier García González, alias Blacky; Miguel Ángel Cáceres Cuy; Juan Manuel Galindo Ortiz, alias el Tonka; Julio Leonardo Morales Pedroza, Edwin Enrique Granja Lobos, alias Parce, Josué Daniel Castillo Gaspar y un privado de libertad al que el SP no proporcionó su identidad, pero ahora se cree que se trataba de el Smoking, según un investigador de la PNC.
De esos privados fugados la mayoría están condenados por delitos que van desde asesinato hasta secuestro. Tres están vinculados con peligrosas clicas de la Mara Salvatrucha (MS-13) y también del Barrio 18; mientras que otros tienen vínculos con el narcotráfico y grupos de secuestradores.
Castillo Gaspar purgaba una condena de 100 años por haber participado en la masacre de Los Cocos que ocurrió en Petén y donde asesinaron a 27 personas. Este caso tiene relación con la incursión del grupo narcotraficante Los Zetas en 2009.
Reforma penitenciaria
Eddy Morales, analista en temas penitenciarios, y exdirector de presidios, asegura que con el caso de Rudy Augusto Ortiz Morales, se reconfirma la decadencia del SP y muestra en realidad quién tiene el control de las prisiones. “Los privados de libertad controlan el Sistema”, asevera.
Para el analista uno de los grandes problemas que ha tenido presidios en los últimos años “son los niveles de corrupción que se han elevado a porcentajes inimaginables”.
“Se ha deteriorado no solo en el hacinamiento, sino también en la vinculación de personal con los reclusos, e, incluso hasta con directores de las prisiones del país”, asevera Morales.
El especialista añade que esta situación ha hecho que las autoridades pierdan “el control del SP y han debilitado la institucionalidad”.
Para Morales solo la muerte del reo que usurpaba a ese líder del Barrio 18 evidenció lo que había ocurrido ya hace más de tres años.
Morales recordó que el SP fue debilitado entre 2015 y 2016 cuando decidieron nombrar, sin ningún análisis previo, a guardias como directores de centros penales.
La única salida a todo esto es que el gobierno que venga eche a andar la “Política Nacional de Reforma Penitenciaria que se impulsó en 2014 y está por caducar el próximo año. “No hay otra salida, e incluso, se debe jubilar a todo el personal actual, aunque cueste, para contratar a uno nuevo, con capacidades diferentes”, explica Morales.
De la misma opinión es el analista en incidencia criminal, Mario Bosos. “Se debe implementar la Política Nacional de Reforma Penitenciaria, que fue diseñada y presentada en el 2014 y vence en el 2024”, dice.
Agrega que este caso de Ortiz Morales “demuestra que el SP se deslegitimó y ha perdido su esencia, su naturaleza, su misión de proteger a la sociedad de la criminalidad”.
“El mayor peligro en estos casos es la para los ciudadanos. Luego es un mensaje a los privados de libertad que pueden hacer lo mismo y la percepción de inseguridad y falta de credibilidad en la institución de parte de los ciudadanos”, explica Bosos.
Según las autoridades las evasiones las han logrado ejecutar los reclusos directamente de los centros carcelarios o cuando los trasladaban del centro de reclusión hacia algún juzgado y centros de atención médica. Lo logran mediante el pago de fuertes sumas de dinero a guardias y funcionarios de alto nivel, supuestamente.
