Era su pareja, tenían cuatro hijos en común que al momento de la agresión tenían 16, 11, 9 y 6 años de edad. Tres de ellos fueron testigos de cómo su papá la dio un puñetazo a su mamá la noche del 14 de diciembre de 2015.
La denuncia llegó horas después cuando Marta* fue atendida por los golpes que tenía en el Centro de Atención Permanente (CAP) de Nahualá.
Pero fue el 29 de octubre de 2020 cuando el Tribunal de Sentencia Penal de Delitos de Femicidio y otras formas de violencia contra la Mujer de Sololá condenó al señor de apellido Tzup por este hecho. La sentencia llegó dos años después que Tzup matara machetazos a Marta.
Cuando el agresor estaba en prisión por el delito de femicidio, el Ministerio Público pedía que a la condena se le agregaran cinco años más por haberle pegado a su pareja.
Los hechos
La familia vivía en el barrio Chuajuyub en Nahualá. Marta fue a ratificar su denuncia a la Fiscalía de la Mujer el 5 de enero de 2016. Los detalles de lo que pasó esa noche de diciembre se mantienen guardados en aquella declaración testimonial que fue usada durante el juicio debido a la ausencia de Marta.
“Estábamos junto a mi esposo en nuestra cada de habitación, específicamente en uno de los cuartos de nuestra casa, empezamos a discutir por situaciones personales y de nuestros hijos, en eso mi esposo se molestó conmigo porque como mis dos hijos estaban peleando yo defendí a A., luego se quería llevar a mis hijos entonces yo le dije que me los dejara pero él se molestó y con una de sus manos me dio un puñetazo en mi rostro en la parte del lado izquierdo”, contó.
Según dijo Marta en ese entonces, era la primera vez que le pegaba. Pero dijo que ya no quería seguir con la denuncia porque se reconcilió con él. Pero la ley manda a continuar con el proceso, aunque la víctima desista de la denuncia debido a que la violencia contra la mujer son delitos de acción pública.
Por ello, los hijos de Marta también brindaron su declaración por haber sido testigos y la fiscalía continuó con el proceso, aunque el caso llegó al juzgado en 2019, un año después de haberse registrado el femicidio de Marta.
Fue el 28 de mayo de 2018 que los medios locales reportaban que el señor Tzup había huido con sus hijos luego de haber matado a machetazos a Marta.
El 3 de abril de 2019 fue sentenciado por el delito de femicidio y en octubre de 2020 por las agresiones hechas contra su esposa en una audiencia donde la jueza unipersonal de sentencia, Ana Karina Guzmán, pidió que se investigara al MP y al Organismo Judicial para determinar en qué fase del proceso se detuvieron las diligencias.
“La justicia ha llegado tarde para quien era merecedora de una tutela judicial efectiva (…) hoy esta sentencia no le devolverá la vida a una mujer víctima de la violencia en pareja, dejando a quien juzga un vacío legal y humano de quien no tuvo una tutela judicial efectiva”, argumentó la jueza.
Atrasos en la investigación
El Observatorio de las Mujeres del Ministerio Público reporta 234 denuncias diarias de víctimas de delitos contra la niñez y la mujer. Según mencionan, el 25 por ciento de las denuncias ya están solucionadas, aunque esta solución va en la vía del sobreseimiento, archivo, desestimación y, en pocos casos, la sentencia.
Esteban Celada, abogado de la organización Mujeres Transformando el Mundo (MTM) lamenta que el caso de Marta no sea el único ya que se ha evidenciado que los hechos que llevaron a la muerte de la mujer sean los que lleven a la condena del agresor y no las denuncias que existieron previamente.
“Aquí hay dos ejes importantes, el de la justicia inmediata y el de la efectividad de las medidas de protección y como nunca se implementó el control telemático y esto es algo estructural porque las mujeres son asesinadas antes que se haga justicia”, menciona.
Según comentó, una de las usuarias que buscó ayuda a la organización decidió huir del país cuando se percató que la denuncia hecha contra su agresor no avanzaba.
Juan Pérez, directora de uno de los albergues que tiene a su cargo el Centro de Apoyo Integral para las Mujeres (Caimus) de la región metropolitana lamenta que el MP no lleve control de sus investigaciones y eso lo han visto en las mujeres que están bajo su resguardo.
Solo durante el 2021, los Caimus llevan 622 procesos y han dado 469 atenciones iniciales a mujeres que han buscado.
Según explicó, los albergues reciben a víctimas de violencia que no tienen redes de apoyo donde resguardarse cuando son agredidas por sus parejas u otros agresores. Les dan un lugar donde vivir, atención psicológica, asesoría legal y talleres de ocupacionales para evitar que lleguen situaciones como la de Marta.
(los nombres se resguardan para proteger a los hijos de la víctima)
