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Guatemala
La violencia colectiva se extiende a áreas urbanas
Varios de los señalados han muerto calcinados, acusados de cometer, homicidios, extorsiones y asaltos con saldos mortales. Según la PNC, en los últimos siete años han sido vapuleadas y linchadas 322 personas.
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En el 2019 dos supuestos extorsionistas murieron linchados en el bulevar El Naranjo, zona 4 de Mixco, señalados de ultimar a un taxista.(Foto Prensa Libre: hemeroteca PL)
En los últimos siete años, 71 personas han muerto víctimas de linchamientos en Guatemala —10 durante este año—, según registros de la Policía Nacional Civil (PNC). Aunque se trata de un fenómeno que históricamente ha sido más común en áreas rurales, las autoridades advierten que esta forma de violencia se ha trasladado también a zonas urbanas y a la metrópoli, donde ciudadanos han optado por vapulear a presuntos delincuentes en plena vía pública.
Casos como el ocurrido en la 5.ª avenida y 21 calle, colonia La Reformita, zona 12, se suma a otros registrados recientemente. En este hecho, la Policía Nacional Civil (PNC) capturó a un joven de 20 años, supuesto responsable de haber ultimado a un hombre de la misma edad para robarle un vehículo en ese sector. Sin embargo, antes de la acción policial, vecinos del lugar lo vapulearon, por lo que fue trasladado a un hospital en estado grave.
Para la PNC, el aumento de estos hechos en áreas urbanas es una señal de alarma sobre el deterioro del tejido social, mientras que analistas advierten que recurrir a la justicia por mano propia solo agrava la violencia y debilita aún más el Estado de derecho.
Entre 2019 y lo que va de 2025, se han registrado 71 homicidios por linchamiento, según el informe de la PNC. En las mismas fechas, el registro indica que 251 personas han resultado heridas al ser vapuleadas por distintas razones.
A la metrópoli
Los linchamientos en Guatemala no han aumentado en los pueblos indígenas, pero sí se ha registrado un repunte de golpizas a presuntos delincuentes en el área metropolitana, según reconoció David Boteo, director general de la Policía Nacional Civil (PNC).
El funcionario explicó que en las comunidades indígenas la organización local evita hechos violentos, pero en la capital y sus alrededores, en los últimos años, se ha evidenciado con mayor frecuencia que los vecinos intentan hacer justicia por sus propias manos.
Boteo indicó que el malestar ciudadano se centra principalmente en los asaltos. Explicó que, debido a que muchas de estas personas tienen antecedentes delictivos o reinciden en sus delitos, la población ya no confía en el sistema judicial, especialmente porque, en muchos casos, los supuestos delincuentes recuperan su libertad poco después de ser consignados. No obstante, acotó que esto también depende de la colaboración de las víctimas para denunciar.
“El problema es que más tarda uno en consignar que en que el delincuente queda libre”, reconoció el jefe policial. Además, señaló que muchas víctimas prefieren no denunciar por temor o desconfianza, lo que complica que los jueces puedan dictar prisión preventiva.
Agregó que, cuando los pobladores identifican a supuestos delincuentes reincidentes o tatuados, optan por agredirlos antes de entregarlos a las autoridades. Varios de estos hechos, aclaró, se han registrado en la capital y en municipios del departamento de Guatemala, y no en el interior del país.
Falta de información
Carmen Rosa de León, investigadora del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (Iepades), indicó que en años anteriores se redujeron los índices de linchamiento debido a un trabajo más estrecho entre la Policía Nacional Civil (PNC) y las comunidades, lo cual generó confianza para que las víctimas de hechos delincuenciales o testigos de homicidios denunciaran y no tomaran la justicia por sus propios medios.
“En años anteriores eso bajó bastante porque se dieron cuenta de que había consecuencias, pero ahora se ha perdido ese contacto del Ministerio de Gobernación con la población”, acotó.
De León sostuvo que hacen falta programas de prevención del delito por parte del ministerio de Gobernación y acercamiento entre las autoridades policiales y los Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocodes), así como con las juntas de seguridad locales, para informarles cómo funciona el sistema de justicia, algo que —según la analista— también se hizo anteriormente con el apoyo del Organismo Judicial.
“A veces los ciudadanos no diferencian el rol de la PNC y del juez. La PNC ejecuta las capturas, pero el juez a veces los deja libres y entonces los vecinos piensan que es culpa de la PNC”, refirió.
También acotó que, en ocasiones, los jueces no atienden la solicitud de la PNC porque el parte policial no está bien elaborado.
“Entonces puede ser mala actuación de la Policía e incluso del MP. No es excusa porque, al final, es un homicidio, pero entonces en las comunidades pierden la fe en el sistema de justicia”, explicó.
Algunos casos
El pasado 5 de enero último en San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, un hombre señalado de asesinar a otra persona fue colgado de los pies en la escuela de la localidad, frente a la mirada de varios niños. El sujeto fue retenido cerca de las 11 horas. Con palos y objetos contundentes fue golpeado el supuesto homicida, de entre 18 y 25 años. Posteriomente fue rociado con gasolina y quemado en el lugar.
El 10 de febrero pasado, en un pozo en San Vicente Pacaya, Escuintla, fue localizado el cadáver de Jenifer Perea, de 10 años, lo que causó el repudio de vecinos, quienes lincharon a la madrastra sindicada del crimen. La PNC también detuvo al padre, como supuesto cómplice.
En septiembre de 2023, dos sujetos murieron calcinados en Sacapulas, Quiché, señalados de ultimar a una comerciante en esa localidad por no pagarles una deuda en la capital. La PNC indicó en esa ocasión que los señalados pertenecían a una estructura de prestamistas.
El 18 de marzo de 2023, un presunto integrante de la clica Solo Para Locos (SPL), de la pandilla del Barrio 18, murió calcinado en Cerro Gordo, zona 21, cuando un grupo de vecinos lo interceptó y le prendió fuego, después de haberle disparado a una persona en el sector. En ese mismo lugar, el 24 de julio de 2024, dos sujetos fueron vapuleados, y la PNC les decomisó un arma de fuego con la cual asaltaban en el área.
El 21 de marzo del 2019, dos hombres fueron quemados y aún con vida fueron trasladados a un hospital donde murieron. Una una turba les prendió fuego al señalarlos de ser los extorsionistas que dispararon a un taxista, quien también falleció.
Homicidio por linchamiento a nivel nacional desde el 2019, según datos de la PNC.
- 2019- 13
- 2020 –12
- 2021–1
- 2022–17
- 2023–8
- 2024- 10
- 2025- 10
Lesionados por vapuleo en el mismo lapso
- 2019 –31
- 2020-14
- 2021–18
- 2022-31
- 2023-39
- 2024-70
- 2025-48
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