Hay tres grupos dedicados a las extorsiones e identificados por las autoridades: el Barrio 18, la Mara Salvatrucha y los imitadores, este último es un grupo de delincuentes que no pertenecen a las gavillas pero simulan serlo, para infundir miedo en sus víctimas.
Entre julio y septiembre, se registró alza en las denuncias de extorsiones, que durante todo el año ya acumulan más de cuatro mil 475, pero son menos respecto del mismo período del 2019 —diferencia de 529 denuncias—.
Emma Flores, jefa de la Fiscalía contra Extorsiones, explicó que el 70% de esas denuncias proviene de llamadas extorsivas efectuadas por imitadores desde las prisiones.
El trabajo de la Fiscalía también ha permitido identificar que los sectores que más denuncian extorsiones son los comercios, que en septiembre acumularon casi el 60% de las quejas presentadas. Le siguen el transporte y los restaurantes.
Requisas
David Boteo, jefe de la Unidad Antiextorsiones de la Policía Nacional Civil (PNC), explicó que por la pandemia les ha sido difícil ejecutar requisas de forma constante en los centros carcelarios, pero la falta de esas acciones deja la puerta abierta a los extorsionistas.
Según Boteo, a los reos extorsionistas de Pavón, Fraijanes, y Cantel, Quetzaltenango, se le han encontrado celulares durante las revisiones, los cuales han ingresado a través de encomiendas, ya que las visitas están suspendidas.
“Lo que se quiere es que haya menos comunicación, y en el caso de las llamadas extorsivas de imitadores que no culminan en extorsión, porque no se les efectúa el pago, sí han ido en aumento. Pero en el caso de la extorsión de las pandillas que sí son reales, han disminuido. ¿Por qué? Porque hemos capturado a buenos objetivos, hemos incautado armas, drogas e indicios en su contra”, puntualizó Boteo.
Además, señaló que, con el restablecimiento de la economía, los pandilleros tomaron otras alternativas para tener ingresos económicos como el microtráfico y venta de drogas. “Están teniendo otras opciones, se están apropiando de todos los puntos de drogas que están en los barrios marginales”, agregó.
Boteo refirió que las personas en la provincia acceden a efectuar los pagos a los pandilleros, porque en la capital las víctimas tienen mayor conocimiento e información de su forma de operar y el área más afectada por estos grupos de imitadores es Quetzaltenango, Escuintla, Jalapa y Huehuetenango.
“La gente en el interior no está acostumbrada a este tipo de amenazas y por lo mismo acceden a pagar. No hay riesgos, pero las llamadas que reciben son muy amenazantes y por lo mismo no denuncian”, advirtió.
Carlos Morales, vocero del Sistema Penitenciario, informó que 79 requisas han realizado en las cárceles hasta septiembre, mientras que en el 2019 fueron 305 durante todo el año. Además, afirmó que han incautado teléfonos celulares y drogas, pero no precisó cuántos ni qué clase de narcóticos.
Prevención
El pasado 20 de agosto, las autoridades trasladaron a 39 miembros del Barrio 18, entre los cuales figuraban los integrantes de la Rueda y los cabecillas más importantes de la pandilla, al Preventivo para Hombres de la zona 18, pero una semana después fueron distribuidos en diferentes centros carcelarios, para reducir las extorsiones en el país.
Además, en marzo pasado, el Ministerio de Gobernación (Mingob) trasladó a más de 210 integrantes de la Mara Salvatrucha de Fraijanes 2 a Pavoncito.
Boteo explicó que el traslado de los pandilleros del Barrio 18 redujo el riesgo de los ataques armados contra pilotos, transportistas y comerciantes.
Mientras que en el caso de la Mara Salvatrucha, explicó que están distribuidos en dos cárceles: El Boquerón, Santa Rosa, en donde hay “sublíderes” –prisión de la cual se escaparon 14 miembros de esa pandilla, aunque las fugas fueron detectadas en el 2016, y se desconoce cuánto tiempo llevaban en las calles— y en Pavoncito.
En opinión de Évelyn Espinoza, socióloga especializada en criminología, era de esperarse que subieran las denuncias con la reapertura de la economía, y sugirió que la Fiscalía relance su campaña para motivar que las víctimas de extorsiones denuncien, pero de manera simultánea deben demostrar los resultados a la ciudadanía, haciendo públicos sus logros y no solo arrestar a los sospechosos, sino también llevarlos a juicio.
“Me parece que eso puede no solo aumentar la confianza en denunciar, sino también puede tener un efecto disuasorio en quienes se involucran en este tipo de actividades”, puntualizó Espinoza.
La PNC y la Fiscalía trabajan en planes para reducir las extorsiones, en conjunto con otras entidades, como bancos, para tener control sobre las cuentas donde se hacen los depósitos de las exacciones.
