Durante las protestas de aquel sábado, un grupo de personas incendió una de las oficinas del Congreso frente a la presencia policial que se encontraba en el lugar. Lejos de responder ante esto, grupos de antimotines empezaron a reprimir a quienes manifestaban pacíficamente en la Plaza Central y a sus alrededores, capturando a 43 personas.
Aunque estas personas recobraron su libertad días después, en las audiencias de primera declaración se demostró que las detenciones estuvieron llenas de irregularidades, por lo que los jueces a cargo de escuchar a los detenidos certificaron lo conducente para que se investigara la cadena de mando policial.
Mientras un juez sobreseyó la persecución penal contras los capturados del 21 de noviembre, aún no se tiene respuesta de lo que pasa con los agentes que debían ser investigados por abuso de la fuerza pública, falso testimonio, abuso de autoridad, detenciones ilegales, entre otros delitos.
“El fiscal me dijo que ya tenían las cámaras de Emetra donde se ve muy bien el momento en que me detuvieron, pero cuando les pregunté cuándo procederían contra los agentes me dijo eso todavía lo tenemos que ver”, dijo una de las personas capturadas hace un año que pidió no publicar su nombre por temor a que el MP actúe en su contra.
Según explicó, esa conversación fue en marzo de este año y al momento no ha habido ningún avance.
Esta persona dice que él no se encontraba en la Plaza Central manifestando cuando lo capturaron y que escuchó el nombre del agente que lo capturó. “Escuché cuando alguien lo llamó por su nombre, lo identifiqué y se los dije a los fiscales y solo me dijeron que ya sabían de quién se trataba, al parecer es un alto mando”, agregó.
En respuesta a los hechos reportados el 21 de noviembre, el MP formó un equipo de investigadores de las fiscalías de Delitos contra la Vida, de Distrito Metropolitano, de Delitos contra Periodistas, contra la Extorsión, contra Delitos Administrativos y la Fiscalía contra el Patrimonio Cultural.
La abogada Jovita Tzul, quien representa a Claudia Salguero y a su hija Mavelyn Guzmán que fueron detenidas cuando ayudaban a las personas afectadas por los gases lacrimógenos, explicó que presentaron una denuncia colectiva por medio de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (Udefegua) para que se individualice a los agentes captores y se identifique a quien estaba al mando de las operaciones de ese día.
Según otra fuente, el MP tiene en su poder fotogramas de los videos que captaron las cámaras que están instaladas en el Centro Histórico, además de la reconstrucción robótica del rostro de los agentes que tiraron los gases lacrimógenos que provocaron que uno de los manifestantes perdiera un ojo. Aún así, no se han girado capturas.
“Ellos tienen los suficientes insumos para hacer la persecución penal, pero es lamentable la forma tan selectiva y desproporcionada de cómo está actuando la justicia penal en estos casos”, agregó Tzul.
La abogada se refiere a las capturas que coordinó el MP el 24 de noviembre donde allanaron la vivienda de la activista indígena Nanci Sinto y del muralista Juan Francisco Monroy a quienes se les ligó a proceso por el delito de depredación del patrimonio cultural por las pintas que se realizaron en una de las paredes del Congreso de la República.
A decir del fiscal Jorge Alberto De León, que estuvo en la audiencia de primera declaración de Sinto y Monroy, lograron ejecutar la persecución penal contra ellos gracias al material audiovisual que proporcionaron “de forma voluntaria” fotoperiodistas que cubrieron los hechos del 21 de noviembre.
Sin embargo, los fotógrafos que colaboraron enviando el material indican que fueron presionados por el fiscal Henry Monroy que se identificó como parte de la Fiscalía de Delitos contra Periodistas, asegurando que dicho material era par denunciar la represión policial ejercida contra un el fotoperiodista Carlos Sebastián.
Pero por el contrario, el material ha sido usado para la persecución de Sinto y Monroy.
¿Han logrado establecer la cadena de mando de los agentes involucrados en las capturas del 21 de noviembre? ¿Por qué están usando material que entregaron fotógrafos de forma voluntaria para investigar las agresiones contra los periodistas para perseguir a los manifestantes? Si ya se identificó a los agentes ¿por qué no hay capturas? ¿A cuántos agentes están investigando por abuso de la fuerza pública?
Estas preguntas fueron trasladadas a la Fiscalía de Delitos contra la Vida, que coordina al equipo de investigadores a cargo de los hechos de ese día, pero respondieron que no pueden dar información porque “implica datos sensibles que pueden afectar el curso de la investigación”.
