Una de las tachas de la actual CSJ es que desde su elección en Congreso de la República, el 25 de septiembre del 2014, las bancadas minoritarias denunciaron que los diputados de los hoy partidos clausurados PP y Líder pactaron la elección de los 13 magistrados -de 26 propuestos por la Comisión de Postulación-, lo cual también incluyó la designación de los magistrados de las Cortes de Apelaciones.
En conferencia de prensa, la Fiscal General y jefa del Ministerio Público, Thelma Aldana y el jefe de la Cicig, Iván Velásquez, brindaron detalles de la investigación preliminar denominada Comisiones Paralelas, en la cual Roberto López Villatoro habría actuado como el operador de las Comisiones de Postulación para sus fines particulares.
Según se explicó, mediante reuniones, festejos, pagos en efectivo, alojamientos en hoteles y otras prebendas el abogado López Villatoro alias “el rey del tenis” logró formar un andamiaje para influir en las decisiones de las Comisiones de Postulación para el período 2014-2019. Para lograr su objetivo de control de los procesos de elección gastó una gran cantidad de dinero. Cuestión que el acusado ha negado en varias ocasiones.
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En una oportunidad la exvicepresidenta Roxana Baldetti contó la manera en que se pactó la integración de la CSJ y mencionó que había se logrado “alrededor de una cama de hotel”.
Tres magistrados acusados
Tres magistrados electos en el 2014 no concluirán los cinco años para los que fueron nombrados, por estar involucrados en procesos penales. Douglas René Charchal Ramos y Vladimir Aguilar (extitular de la Procuraduría General de la Nación) se vieron obligados a renunciar en el 2016, mientras que Blanca Aída Stalling Aguilar, exdirectora del Instituto de la Defensa Pública Penal (DPP) se encuentra separada del cargo y ha presentado varias excusas para frenar los procesos penales en su contra.
Charchal Ramos es acusado por el MP y la CICIG de apoyar desde el juzgado de Escuintla, a la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) y dictar una resolución que favorecía el usufructo para evitar el pago de Q24 millones y con ello obtener la licencia de construcción exigida por la municipalidad del Puerto San José.
El 10 de mayo del 2016, con el voto de 136 diputados, el magistrado Charchal perdió la inmunidad luego de ser vinculado con el caso TCQ y ese mismo día el Juzgado de Mayor Riesgo B ordenó arraigo contra el magistrado y el 2 de septiembre fue ligado a proceso y enviado a prisión preventiva por los delitos los delitos de asociación ilícita y tráfico de influencias.
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El 25 de septiembre de 2018 el Juzgado de Mayor Riesgo B, le concedió la libertad domiciliar después de estar en prisión preventiva 753 días en un área aislada ubicada en la cárcel que se encuentran en la Brigada Militar Mariscal Zavala.
La magistrada Stalling Dávila fue capturada el 8 de febrero del 2017 en un operativo coordinado por el MP, la Cicig y el Ministerio de Gobernación. Al momento de su detención, en una tienda de la zona 9, llevaba peluca y lentes oscuros para pasar desapercibida ante las autoridades, y portaba un arma de fuego.
La denuncia contra la magistrada fue presentada por el juez Carlos Giovanni Ruano Pineda el 10 de enero de 2017, quien expuso que Stalling abogó ante él por el proceso penal en contra de su hijo Otto Molina Stalling. En su denuncia, el juez Ruano Pineda explicó que tuvo la precaución de grabar la entrevista con la funcionaria para tener prueba de que fue invitado a esa reunión, y que en ningún momento comprometió su trabajo, ni aceptó nada a cambio.
Cuando se postuló como aspirante a Magistrada de la CSJ, en el 2014, fue incluida en un listado de profesionales señalados por estar vinculados con Juan de Dios Rodríguez, presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), en ese entonces, para quien trabajaba su hijo Otto.
Vladimir Aguilar es sindicado de haber dado opinión favorable al contrato de usufructo para las operaciones de TCQ cuando fue procurador General de la Nación en la gestión de Otto Pérez Molina.
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El 13 de mayo de 2016 el magistrado Aguilar presentó su renuncia ante la CSJ después de que el MP solicitara que se le retirara la inmunidad por su supuesta vinculación con el caso TCQ.
El 17 de mayo con el voto de 129 diputados, el magistrado Aguilar perdió la inmunidad luego que los congresistas aceptarán la renuncia. Ese mismo día el MP confirmó el arraigo. La investigación contra el exmagistrado Aguilar está en proceso.
