La jueza determinó que el ente investigador no tenía pruebas para sindicar a los detenidos.
La Fiscalía contra la Corrupción no logró sustentar su imputación, por lo que la juzgadora en reiteradas ocasiones le pidió a los fiscales que aclararan la manera en la que explicaban cómo se cometió el lavado de dinero.
De León Santos, en su resolución, explicó que los Q50 millones que Fonapaz entregó a la Asociación para el Desarrollo Integral de Guatemala (Asodegua) fue lícito.
Según la juzgadora, lo que se debe investigar es el momento en que Asodegua le trasladó a la firma Diseño y Construcción Sociedad Anónima (Diconsa) Q29 millones y después otros Q21 millones. Esa empresa fue subcontrada para que ejecutara el proyecto habitacional Peña Flor, en Sinquinalá, Escuintla.
De León Santos afirmó que el MP expuso que había un faltante de Q13 millones, que podrían ser la sobrevaloración del proyecto, monto que supuestamente se habían apropiado los señalados, situación que no fue demostrada por el MP.
El fallo judicial se basó en informes de la Contraloría de Cuentas y de un peritaje del MP en el que explican que no hubo sobrevaloración de la obra ejecutada.
El MP les imputó a los detenidos haberse repartido Q9 millones, pero demostró que solo Q7 millones fueron trasladados a sus cuentas, además se desconoce el paradero de otros Q4 millones.
De León Argueta se abstuvo de declarar ante la jueza pero su abogado, Enio Flores, afirmó que el monto al que se refiere el MP corresponde al pago de una deuda que Asodegua le tenía a su cliente.
A eso de las 21 horas, cuando concluyó la audiencia, De León lamentó la posición del ente investigador pues dijo que se ha presentado para colaborar de forma continua en la investigación en su contra por el supuesto secuestro de su hijo de 3 años, y se mostró satisfecho con el fallo de ayer.
En tribunales trascendió que la jueza De León Santos ha conocido casos, cuyos fallos han sido cuestionados.
Apelarán
Raquel Sáenz, jefa de la Fiscalía contra la Corrupción, afirmó que apelarán la resolución.
Sostiene que los capturados sí cometieron lavado de dinero, ya que eran recursos del Estado y lo trasladaron a sus cuentas personales.
Entre los medios de prueba se mostraron cheques, la forma en que efectuaron los depósitos y transfieron el dinero, explicó. “Nos parece que la juzgadora no entendió que se cometió lavado”, dijo la fiscal.
La captura
A eso de las seis horas de ayer fue capturado De León Argueta, en un operativo de las fuerzas de seguridad efectuado en su residencia situada en la 27 avenida 3-02 zona 15, Colonia San Lázaro.
El exfuncionario fue señalado de lavado de dinero por el ente investigador y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) que colaboró en las pesquisas después de que De León Argueta supuestamente recibiera Q2 millones que estaban destinados a la construcción de un complejo habitacional en el kilómetro 79, Escuintla, en donde se construirían 450 viviendas para familias de escasos recursos.
De acuerdo con el MP, el proyecto fue sobrevalorado por poco más de Q13 millones 164 mil 235.93 por Fonapaz, según un contrato firmado en el 2001 con Asodegua, una Organización No Gubernamental (ONG) fundada por Maximiliano Yngemar y Miguel Onasis de León Argueta, hermanos del exfiscal aludido.
La ONG recibió Q50 millones de Fonapaz en dos desembolsos; el primero por Q29 millones, el 17 de diciembre de 2001, y el segundo por Q21 millones, el 8 de noviembre.
Según el convenio 265-2001, firmado el 4 de septiembre de ese año, por Haroldo Quej Chen, director de Fonapaz, las autoridades se comprometieron a construir un proyecto habitacional en la finca El Conacaste, Suchitepéquez. Pero el 11 de diciembre siguiente se modificó el convenio para que la obra se desarrollara en Escuintla.
De acuerdo con el convenio, Asodegua cobró el 5 por ciento de los Q50 millones para ejecutar la obra y tuvo la libertad para contratar a las constructoras.
Las pesquisas determinaron que el costo del proyecto debió ser de Q36 millones, ya que en Peña Flor cada vivienda costó casi Q100 mil mientras en otros complejos construidos por Fonapaz el valor oscilaba entre Q16 mil y Q30 mil.
La investigación
Según fiscales del MP, la investigación se basó en una denuncia presentada por la Intendencia de Verificación Especial (IVE), tras movimientos bancarios de De León Argueta y las otras dos personas capturadas.
“Aunque los detenidos no tienen relación directa en el proceso de construcción, sí tienen vinculación con las empresas, pues como ciudadanos reciben fondos del Estado sin ninguna justificación”, se lee en documentos a los que Prensa Libre tuvo acceso
Asodegua contrató a Diconsa, cuyo representante legal es Domínguez Ruiz, según el expediente.
Esa persona recibió Q6 millones mediante cheques de diferentes bancos. Cáceres García, propietario de la Pastelería El Rey, recibió Q3 millones.
“El resto del dinero también fue distribuido entre las tres mismas personas, pero no se determinó la manera”, dicen los fiscales.
“Hay un dictamen de la IVE que terminó de cerrar el círculo, donde hacen análisis del movimiento financiero de la cuentas y determina que existió el delito de lavado de activos”, señalan.
Agregan: “Existen documentos bancarios que especifican la sobrevaloración y la ruta del dinero. Sabemos que de esos Q13 millones fueron a parar Q2 millones a las cuentas de De León, quien después los retiró”.
