“La calidad indígena y su liderazgo no les da el derecho de denigrar a una persona ni de violentar la integridad física de nadie. Ni el derecho indígena ni la justicia indígena contempla violar de esa forma la dignidad de una persona”, afirmó Rivas.
El ministro agregó que se presentarán las denuncias correspondientes al Ministerio Público (MP). “Las personas contra quienes se actuará lo determinarán las investigaciones de los fiscales”, dijo.
La calidad indígena y su liderazgo no les da el derecho de denigrar a una persona.
Violación de derechos
El procurador Jordán Rodas condenó la vejación hacia la integridad de una persona y la calificó como una clara violación de los derechos humanos, que ni en el sistema occidental ni en el indígena puede ser válida.
“Como también se da en el sistema occidental, hay errores. Para mí, este es un grave error que vulnera un derecho humano, que es la integridad de la persona”, enfatizó Rodas.
El magistrado de conciencia recalcó que las autoridades indígenas no tienen el derecho de denigrar a ninguna persona y que deben buscar otros mecanismos.
Ha sido una práctica que no tiene que utilizarse por los pueblos indígenas.
“El derecho indígena tiene eso como una norma, que sin duda alguna ha sido una práctica que no tiene que utilizarse por los pueblos indígenas. Si ha sido así, el error no es fuente de derecho. Todos los sistemas de justicia tienen sus errores y tienen como principio respetar los derechos humanos, ya que son universales”, recordó Jordán Rodas.
Para el director de la PNC, Nery Ramos, los actos en contra del subcomisario son constitutivos de delito y espera que se abra una investigación que permita procesar a quienes los cometieron.
“Esas acciones, como guatemaltecos, no las podemos permitir, porque contravienen las disposiciones de nuestras normas penales o procesos que existen para deducir responsabilidades a una persona que se supone que ha cometido actos ilícitos, más cuando los señalamientos contra el subcomisario son infundados, porque fue por una confusión”, expuso Ramos.
El jefe policial agregó que las acusaciones en contra del subcomisario se deben a que es de apellido López y los comunitarios lo relacionaron con un extorsionista capturado días antes.
“En efecto, hay una persona sospechosa, que se llama Gustavo Adolfo López, que es un extorsionista y que la PNC había capturado y que operaba en Huehuetenango y Quetzaltenango”, explicó Ramos.
Si nosotros —autoridad indígena— no actuamos, la gente se nos va encima.
Justifica acciones
Prensa Libre se comunicó con el líder comunitario de Sololá, Tomás Saloj, quien no quiso dar declaraciones al respecto. Él participó en el juicio comunitario y también fue uno de los que ejecutaron el castigo hacia el subcomisario.
La mañana de ayer, Saloj declaró al programa radial Con Criterio que lo actuado por ellos no se puede catalogar como una violación a los derechos humanos, cuando el Estado también es violador de esos derechos. “No es un castigo, sino una corrección lo que hacemos los pueblos indígenas”, enfatizó Saloj.
El líder comunitario aseguró que el martes un extorsionista estaba negociando con una persona quien fue grabada. Los supuestos delincuentes se encontraban en dos vehículos, uno blanco y otro negro, de los cuales se tomaron los números de placa y se determinó que uno pertenecía a la PNC.
“En las grabaciones se escucha la voz de un ayudante que gritaba: ¡Guatemala! ¡Guatemala!, porque el bus se estacionó a un costado de los carros. Por eso se determinó que ellos estaban extorsionando. Si en ese momento los pobladores los hubieran capturado, otra historia habría sido; los hubieran quemado”, señaló el líder indígena.
Saloj dijo que en una reunión en la que participaron la Oficina de Responsabilidad Policial (ORP), la Procuraduría de los Derechos Humanos y el MP, el subcomisario confirmó que estuvo en esa área y que venía de Guatemala.
“Si nosotros —autoridad indígena— no actuamos, la gente se nos va encima”, refirió.
Confianza en el agente
Saloj reconoció que el subcomisario López trabajaba activamente en la comunidad e inspiraba confianza; sin embargo, su testimonio lo incriminaba.
“El subcomisario dijo que andaba en el lugar, que estaba en la la camioneta (…) fue lo mínimo que hicimos. Si cometió un error tuvo que pagar con 15 azotes”, dijo el líder indígena.
