Las organizaciones dedicadas a analizar el fenómeno de la violencia a la que se le negó parcialmente la información son Diálogos y el Centro de Investigaciones Económicas y Nacionales.
Expertos en materia de seguridad consideran que la referida decisión carece de fundamento y es inconstitucional, de acuerdo con lo que establece la carta magna de Guatemala.
Inconstitucional y carece de fundamento
La Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 30 establece que “todos los actos de la administración son públicos”, recuerda el abogado Gabriel Orellana y mencionó que si bien, existen algunas excepciones estas “no encaja ningún motivo para negar determinadas estadísticas”.
El profesional explicó que las estadísticas son susceptibles de interpretación de acuerdo con la metodología y la forma en que se trabajan los datos, por parte de las organizaciones. A criterio del constitucionalista es “una fragante violación de la constitución” derivado a que violenta la libre emisión del pensamiento y el libre acceso a la información.
Orellana recuerda que la Convención Americana de Derechos Humanos también “protege tanto la libre emisión de pensamiento como el libre acceso a la información” y lo podrían negar en base a un criterio de censura previa y no es acorde a lo que establece la Constitución.
Además, la Convención cuenta con las mismas disposiciones “protege tanto la libre emisión de pensamiento, como el libre acceso a la información”, por lo que es importante analizar los argumentos por parte del Ministerio de Gobernación para justificar la negativa de proporcionar información y los afectados podrían presentar acciones legales a fin de frenar “este atropello” dijo Orellana.
El abogado considera que, si uno de los argumentos es la posible distorsión del contenido de la información, lejos de ayudar a resolver la situación, más la están empeorando “porque dan margen a pensar que precisamente la situación puede estar peor de lo que está y por eso ocultan la información”.
“Daña mucho la imagen internacional del país” porque se están alcanzando extremos donde no hay acceso información y podría generar repercusiones muy lamentables para Guatemala, la decisión se considera como “inconstitucional, no tiene fundamento y no existe argumento para negar información” y advirtió que “ya estamos dentro de un Gobierno autoritario” y se ha recibido de forma inconsciente e irresponsablemente.
Se violan derechos adquiridos
María del Carmen Pelaez, analista de Diálogos, comenta que ya presentaron un recurso de revisión contra la decisión ministerial de ocultar los datos de violencia homicida y esperan que el mismo sea resuelto con lugar.
“Hay derechos constitucionales que están por encima de cualquier otra disposición. Hablamos de la emisión del pensamiento y del acceso a la información. Hay una obligación del Estado de procurar publicidad y transparencia”, dijo Pelaez.
Asimismo, recuerda que, en años anteriores, las estadísticas de homicidios desagregadas por departamentos y municipios ya ha sido entregada, por esta razón resulta imposible que ahora el Ministerio de Gobernación argumente que no la tiene. Además, tampoco puede asegurar que dicha información es reservada.
“Nosotros destacamos el hecho de que, si esta información ha sido otorgada con anterioridad, ahora ya no se puede restringir ese derecho. Porque se trata de un derecho humano adquirido o argumentar de que no se proporcionará porque no están de acuerdo con el uso que se le está dando”, dijo Pelaez.
Recordó que negar esa información es un delito, tal como lo regula la Ley de Acceso a la Información Pública en su artículo 66.
“Incurre en el delito de retención de información el funcionario, servidor público o cualquier persona responsable de cumplir la presente ley, que en forma arbitraria o injustificada obstruya el acceso del solicitante a la información requerida”, reza el artículo.
Asimismo, se establece una pena de prisión de uno a tres años, con inhabilitación especial por el doble de la pena impuesta y multa de diez mil a cincuenta mil quetzales.
Lo grave, según la entrevistada, es que cada vez hay menos insumos para analizar el índice de criminalidad en el país. Con esto, se ven desprotegidos otros derechos, como el de la seguridad, integridad y a la vida. “Estos análisis que hacemos alertan a la población sobre el nivel en que nos encontramos y también para generar recomendaciones al Estado para atender el fenómeno de la violencia, que a todas luces nos está perjudicando a los guatemaltecos”, sentenció Pelaez.
Walter Menchú, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, considera que las declaraciones del ministro confirman el hecho que una de las razones por las cuales se negó la información es porque él estaba enojado con los análisis que hacían tanques de pensamiento y a partir de ahí giró la instrucción de no seguir compartiendo las estadísticas.
Resalta lo preocupante de esto, dado que en 20 años ningún gobierno se había atrevido a limitar el acceso a estos datos. Menchú dice que la tasa de 17.2 homicidios por cien mil habitantes que se reportó en abril pasado es alarmante, puesto que si bien no alcanza los 21.5 que se reportaron a finales de 2019, sí podría igualarla o, incluso, superarla si no se toman las medidas pertinentes.
“Ellos dicen que la tasa de homicidios no ha regresado a los niveles que se reportaron a finales de 2019, pero si siguen acumulando cifras como las que se han venido registrando sí se alcanzarán los niveles de violencia antes de la pandemia pandemia. Si deciden negar la información y quedarse de brazos cruzados en vez de hacer algo, va a continuar el incremento de homicidios”, dijo Menchú.
