Los señalamientos contra López Bonilla y Baldetti son hechos en conjunto por el Ministerio Público (MP), entidad que tiene el monopolio de la persecución penal en el país, y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), querellante adhesivo en cada caso, cuyo mandato indica que su función es la de contribuir con la Fiscalía.
Debido a la gravedad de los hechos imputados por el MP y la Cicig, existen tres órdenes judiciales por las cuales los sospechosos permanecen en prisión preventiva.
Estados Unidos busca su extradición
El 8 de enero pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó por separado las acusaciones contra la exvicepresidenta Roxana Baldetti y el exministro de Gobernación Mauricio López Bonilla, ante la Corte del Distrito de Columbia, en la cual se señala a ambos exfuncionarios guatemaltecos por acciones relacionadas con tráfico de drogas.
En el expediente se indica que Baldetti y López Bonilla habrían colaborado con traficantes de cocaína que desde el sur del continente trasladaban el alcaloide hacia territorio estadounidense, y que su vínculo podría haberse originado en el 2010 y mantenido hasta el 2015.
La información llegó a la embajada de ese país en Guatemala el 22 de febrero, y dos días después se hizo pública.
En la nota de la sede diplomática se establecía que quedaba pendiente que se determinara si Baldetti y López Bonilla serían solicitados en extradición, para responder ante la justicia de EE. UU.
La exvicemandataria era referida solo por su nombre, mientras que al extitular del Interior se le denominaba también por los alias el M, Pato, el Arquitecto y la Hombre.
Si la referida nación determina pedir a los exfuncionarios, se utilizaría un tratado que data de junio de 1903.
Casos
El Juzgado Noveno Penal ordenó que el exministro enfrente proceso por peculado por uso y cohecho pasivo, en la investigación denominada Patrullas.
El caso se divide en dos fases. La jueza Silvia Morales decidió ayer que López Bonilla y otras ocho personas permanezcan en la cárcel mientras la Fiscalía concluye la investigación en su contra, mientras que otros nueve fueron beneficiados con arresto domiciliario por fianzas que llegan a montos de hasta Q25 mil.
La primera fase del expediente ha tenido más avances y para hoy se tiene programado discutir si los acusados enfrentarán juicio.
El exministro es sospechoso de haberse beneficiado con Q3.8 millones de los Q12 millones que la dependencia a su cargo destinó para la reparación de autopatrullas al servicio de la Policía Nacional Civil.
El segundo caso se denomina Blindados, por el supuesto arrendamiento irregular de 47 vehículos blindados que serían ocupados por la cartera del Interior para el transporte de funcionarios, investigadores y testigos de casos de alto impacto.
El contrato que se otorgó a la empresa que fue beneficiada ascendía a Q32 millones.
El último proceso penal de López Bonilla, en el cual también está vinculada Baldetti, es el que se denomina Cooptación del Estado de Guatemala, en la fase llamada La Cooperacha.
Cada uno de ellos, por su posición en el gobierno del PP, habría realizado diferentes funciones. En general, el MP describe que la investigación se hizo en contra de una supuesta red que se habría beneficiado con comisiones ilegales por haber entregado contratos a empresas que en el 2011 financiaron la campaña del referido partido político.
El exministro pudo haber recibido soborno por la contratación de la empresa Escorpión para brindar seguridad a las sedes del Registro Nacional de las Personas (Renap) y utilizar parte del dinero para comprar regalos lujosos al expresidente Otto Pérez Molina. Baldetti es señalada como la artífice de la estructura, la cual habría comenzado a operar en el 2007.
En el caso Cooptación también se hacen señalamientos contra Baldetti por haber dado en usufructo un terreno de la Empresa Portuaria Quetzal a la entidad Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), la cual habría entregado US$30 millones de soborno a las autoridades. A esa fase del caso se le denomina TCQ.
Baldetti también es sospechosa en el caso de defraudación aduanera llamado La Línea, que se habría beneficiado con comisiones ilegales cobradas a importadores, a quienes se les reducía el pago de impuestos y sus contenedores eran revisados con menos controles.
En contra de la exvicemandataria también hay otro proceso por la compra de un líquido que sería utilizado para limpiar el agua del Lago Amatitlán, al cual se le denomina Agua Mágica.
Otros funcionarios del PP que afrontan la justicia son Pérez Molina, Rudy Gallardo, exdirector del Renap, y la exdiputada Daniela Beltranena.
