Algunos jueces de Mayor Riesgo dicen sentirse vulnerables luego de la tomar de posesión de Roberto Mota Bonilla como encargado de la seguridad del Organismo Judicial (OJ). Incluso, uno de los guardia fue descubierto grabando conversaciones ¿Qué opina?
Esto es parte de las deficiencias que genera la Dirección de seguridad institucional del OJ, lo cual provoca un riesgo adicional para los jueces. Con los agentes de seguridad hay grandes problemas: 1) No están capacitados para una situación de riesgo, lo cual es grave para los juzgadores y 2) La mayoría son hombres y no representan una garantía para las juezas. Pero lo más serio es que estén grabando la vida privada de los jueces, lo cual despierta muchas sospechas porque se da justamente luego del cambio de las autoridades. Se podría pensar que los hechos no están vinculados, si siempre hubieran sucedido, pero esto comenzó con el cambio de las autoridades del OJ, que también propiciaron cambios en los cuadros técnicos.
¿En la investigación han detectado que se atenta en contra de la independencia de los jueces?
Los jueces de mayor riesgo conocen los casos de mayor impacto relacionados con delitos del crimen organizado, narcotráfico, corrupción y violaciones a los derechos humanos. Por este tipo de criminalidad y complejidad de los casos, en la actualidad existe una fuerte presión sobre los jueces para obtener impunidad por parte de algunos grupos de poder. Estos factores afectan la independencia de los juzgadores, desde la propia institucionalidad y desde fuera de la misma, pues comprometen la independencia de los togados.
Cuándo dice adentro ¿a qué se refiere?
Son las intromisiones que suceden desde lo interno del Organismos Judicial (OJ), no me refiero a las Cortes superiores o Inferiores, sino, por ejemplo, a lo carrera judicial y los procesos de selección y nombramiento y la distribución de la carga de trabajo, que son aspectos que de alguna manera inciden en la efectividad que pueda tener el juzgador.
Hemos encontrado, por ejemplo, que hay disparidad en la carga de trabajo de los organismos de mayores riesgos, pues hay algunos que están sobresaturados de trabajo, con la agenda llena hasta para dos o tres años, y otros, en cambio, no tienen lo mismo. Nosotros consideramos que es correcto que se establezca un mecanismo de distribución de casos.
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Otra cuestión es que estos jueces conocen casos que tienen un alto número de procesados, hasta de casi 200 en una causa y el OJ no provee la infraestructura y las capacidades necesaria institucionales para procesar una cuestión tan grande en un plazo razonable, lo cual genera un mayor retraso en la audiencia porque muchos piden la palabra y para ello hay que tener una infraestructura. También hay que considerar el traslado de las personas procesadas por parte del Sistema Penitenciario, porque a veces hay retraso en los traslados de los reos, lo cual influye negativamente, porque si tenemos un proceso con 50 personas y no llega una, entonces hay que reprogramar la audiencia y esto afecta la gestión judicial.
Y los factores externos, ¿cuáles son?
Uno de los problemas que afecta el avance de los casos es el litigio malicioso que me parece que llegan a tener hasta 40 acciones de amparo en un mismo proceso y que puede llegar hasta la Corte de Constitucionalidad y tardar hasta 475 días. Y si no se da el amparo los abogados intentan inducir al juez para que no continúe con las audiencias con lo cual se genera una relativa incertidumbre procesal. Otro factor es el nombramiento de jueces suplentes, quienes han emitido unas resoluciones cuestionables porque en algunos casos han otorgado libertad provisional u otras deficiencias. Esos son factores que desde adentro deben solucionarse, porque los jueces suplentes que se nombran deben nombrar responder con capacidad y experiencia, porque son casos de mayor riesgo.
¿La investigación encontró presiones de otros poderes un tanto oscuros?
Nos llamó mucho mucho la atención el actuar de la Oficina Nacional para la Prevención de la Tortura, que desde sus inicios fue una institución altamente inefectiva, y de repente comenzó a hacer señalamientos de tortura en contra de los jueces de mayor riesgo por las condiciones carcelaria cuando la responsabilidad corresponde cien por ciento al Sistema Penitenciario y el Ministerio de Gobernación. Esto, sin duda, evidencia una clara injerencia. Lo que debería pedir el relator es que se adopten todas las medidas necesarias para salvaguardar a las personas, pero lo que recomienda es que se le otorgue libertad condicional a tal persona y eso es lo que cambia sustancialmente la forma en que se hace la recomendación. En ese sentido se ve que la institucionalidad se ha prestado, en algunas ocasiones, para afectar la independencia de los jueces.
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El litigio malicioso también es otra injerencia que también afecta, la presentación de denuncias administrativas y penales por parte de los abogados cuando no tienen un sustento real, por lo que deberían ser rechazadas. Hay cuestiones que no deberían tenerse como espada de Damocles sobre los jueces para ejercer presión. En esencia el juez debe ser libre y debe resolver conforme a la ley y los hechos, pero cuando se le ejercen presiones alrededor se afecta la independencia de la justicia.
¿Cuál es la situación que viven los jueves de la provincia?
Hay quejas de juzgadores del interior donde expresan que se sienten presionados por estructuras criminales locales, quienes los amenazan o son objeto de procesos por no pertenecer a esas redes, que, de alguna manera, trabajan con las redes criminales. Estos problemas se registran en distintas áreas, pero en mayor número en las zonas fronterizas por todos los crímenes que allí suceden y se manejan.
Un problema de todos los jueces es la nula investigación que se hace de los casos que denuncian. Los jueces Miguel Ángel Gálvez y Pablo Xitumul, por ejemplo, han puesto denuncias y no se investigan o al menos no se sabe qué es lo que pasa. Estos hechos se deberían investigar porque pueden estar relacionados con los casos que llevan.
En relación a las comisiones de postulación, ¿Cuál es su visión?
Molestias y retrasos por el traslado del Juzgado de Ejecución de la Torre de Tribunales a la zona 7
Estamos sumamente preocupados por la pureza de ese proceso, porque es crucial que haya Cortes independientes para el próximo período, tanto en las Salas de Apelaciones como la Corte Suprema de Justicia. Es necesario el nombramiento personas probas para estas comisiones porque son la piedra angular para nombrar a los jueces. Si este proceso no se realiza con la transparencia del caso con las tablas de gradación y la publicación necesaria con la sociedad civil le resta transparencia al proceso y puede poner en riesgo los avances de la justicia. Este proceso debe estar libre de las presiones políticas, y eso se logra con el respeto a los criterios técnicos y la publicidad del proceso.
¿Qué opina de las reuniones que ha tenido el presidente del OJ con los presidentes del Ejecutivo y Legislativo y no informan de los temas abordados?
Todo acto del sector público, por su nombre mismo, tiene que ser público. Si eso no sucede da lugar a la especulación de lo que se está haciendo. Es una irresponsabilidad de las autoridades del Estado no dar a conocer lo que tratan. Todo acto público debe darse a conocer para despejar las suspicacias que están generando. Esperamos que no sea cierto que uno de los temas sea la expulsión de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, porque la denuncia unilateral del Gobierno es inconsistente tanto con el Derecho Internacional como con la Constitución Política de la República. La persecución contra los magistrados de la Corte de Constitucionalidad afecta y debilita la independencia judicial, así como los pesos y contrapesos en un Estado de Derecho.
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