El próximo 9 de enero, el Tribunal de Mayor Riesgo A conocerá el juicio contra los generales en situación de retiro Manuel Benedicto Lucas García y Manuel Callejas y Callejas, ambos acusados de genocidio, desaparición forzada y delitos de lesa humanidad contra la población maya ixil en los años 1978 y 1982.
El estrado estará integrado por Gervi Sical Guerra y las juezas Aura del Carmen Canil Grave y Diana Guisela Juárez Ordoñez.
Para el 22 de marzo de 2023 fue programado el inicio del debate oral y público en contra de dos exfuncionarios del Tribunal Supremo Electoral (TSE); el Tribunal Quinto de Sentencia de Primera Instancia Penal.
Se sentarán en el banquillo de los acusados: Gustavo Adolfo Castillo González, exdirector de informática, y Beny Obdulio Román Chanquín, exsubdirector de informática del TSE, quienes son señalados por la Fiscalía de Delitos Electorales de tener responsabilidad en las inconsistencias del traslado de los datos durante el proceso electoral de 2019.
El 10 de abril de 2023 se tiene previsto el inicio del juicio contra 13 presuntos implicados en el caso denominado Caja de Pandora, de acuerdo con la agenda del Tribunal de Alto Impacto B, presidido por Jeannette Valdés.
Las investigaciones comenzaron el 3 de septiembre de 2014 cuando el Ministerio Público (MP) de forma conjunta con la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), desarticuló una organización de corrupción aparentemente dirigida por el fallecido reo Byron Lima Oliva.
En dicha red participaban altos funcionarios de la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP), así como personas particulares, quienes obtenían beneficios económicos, producto del traslado de reos, entre otros ilícitos.
Mientras que para el 11 de abril de 2023 se tiene previsto el comienzo de la deliberación para determinar la responsabilida de dos soldados en la muerte de más de 200 personas en la comunidad Dos Erres, en Petén.
Según la Fiscalía de Derechos Humanos del MP, las víctimas sufrieron torturas y violaciones. Por este proceso ya fueron condenados seis exmilitares y otros serán juzgadas en los siguientes meses.
El 4 de mayo de 2023 es la fecha establecida para el inicio del debate oral y público en contra de cuatro agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), sindicados del delito de abuso de autoridad por el arresto de la periodista Norma Sancir, hecho que ocurrió el 8 de septiembre de 2014.
Luego de ocho años de ejecutar la detención de la comunicadora, serán juzgadas las agentes Olga Leticia Segura, Marcelina López Pérez, Mirna Marleny Ortiz y el excomisario Ceferino Salquín.
El 17 de ese mismo mes, el exministro de Cultura y Deportes, Elder Súchite, enfrentará juicio por supuestamente autorizar un contrato administrativo suscrito en 2019 entre el ex viceministro de Deporte y la Recreación, Mario Monterroso y Eber Eduardo de Jesús Súchite, sobrino del exfuncionario, quien recibió Q47 mil por servicios técnicos entre enero y junio de ese año.
En la carpeta judicial se detalla que el 2 de julio de 2019, se renovó el contrato hasta el 31 de diciembre por el mismo salario. El exministro es señalado de incurrir en abuso de autoridad.
Otros casos
Para el 13 de junio también está programado el debate contra un coronel y ocho soldados, según la agenda del Tribunal de Mayor Riesgo A, por su presunta implicación en una represión armada que se dio en la cumbre de Alaska.
Los hechos ocurrieron en el kilómetro 169 de la ruta Interamericana el 4 de febrero de 2012, cuando un grupo de personas fue convocado por los 48 Cantones de Totonicapán, contra el alza a la energía eléctrica y en defensa del derecho a la educación durante el gobierno de Otto Pérez Molina, el 4 de octubre de 2012.
Y el 18 de julio de 2023 se sentarán en el banquillo de los acusados ocho militares en situación de retiro por su presunta responsabilidad en una desaparición de 656 personas, cuyos restos fueron descubiertos en 85 fosas clandestinas en la antigua zona militar 21, ubicada en Cobán Alta Verapaz.
Actualmente, en ese lugar funciona el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz (Creompaz).
Las etapas de ley
De acuerdo con la sección segunda del Código Procesal Penal guatemalteco existen por lo menos 13 etapas en el desarrollo del juicio, los cuales son importantes e inciden en la valoración de los medios probatorios con los que se podrá establecer la culpabilidad o inocencia del o los sindicados.
Una de ellas es la audiencia en la que se declara abierto e iniciado el debate oral y público, cuando los fiscales a cargo de los procesos exponen sus alegatos iniciales, para después conceder la palabra a los querellantes y abogados defensores a fin de conocer si hay claridad sobre los hechos atribuidos.
Posteriormente se desarrolla la recepción de las pruebas, las que son expuestas ante las partes procesales, se recibe la ratificación de los peritos forenses, la declaración de testigos y se incorporan los medios de prueba nuevos, tras la discusión sobre su admisibilidad.
Además, se inicia la discusión final en la que se conoce el requerimiento de los castigos y penas a imponer solicitadas por el MP y los querellantes, aparte de los alegatos de defensa de los litigantes; también se le otorga la última palabra al acusado.
Por último, los integrantes del Tribunal de Sentencia Penal declaran el cierre del juicio, se retiran a deliberar e informan la fecha y hora en que darán lectura a la sentencia, fase que puede tener lugar en las semanas siguientes tras lo cual, se puede ejercer el respectivo derecho de apelación.
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