Esa resolución judicial se dio después que la agente fiscal Cinthia Monterroso, integrante de la nueva Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), hizo la solicitud al juzgador durante una de las audiencias del proceso contra José Rubén Zamora, presidente del diario El Periódico.
La medida, desde entonces, ha sido objeto de análisis por expertos en derecho constitucional, que afirman que la decisión judicial estaría siendo una clara violación al artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala.
El artículo constitucional hace referencia a la libre emisión del pensamiento, que según los profesionales del derecho, estaría en peligro por el precedente que significa abrir una investigación contra periodistas por publicaciones en un medio de comunicación legalmente establecido.
Luis Fernández Molina, exmagistrado de la CSJ, afirma que la decisión del juez Bremer es inconstitucional, y según su lectura jurídica, existe un mecanismo legal para poder desestimarla ante las Cortes nacionales.
¿Cómo visualiza las recientes decisiones judiciales que ordenaron una investigación contra periodistas y columnistas?
Yo coincido con todo lo que ha salido. El periodismo libre es una herramienta vital de la democracia. No podemos hablar de una democracia sin eso.
¿Esta decisión judicial es inconstitucional?
Totalmente inconstitucional.
Si es inconstitucional, ¿Cuál es el camino legal para atacar esto?
Podría plantearse una inconstitucionalidad, pero primero cabría un amparo en contra de la resolución del juez.
Me parece un poco desafortunada esa resolución, y muy imprecisa, pero básicamente en la medida que iniciará una acción contra alguno de los periodistas sería más procedente el amparo, y eventualmente una inconstitucionalidad contra una resolución.
Uno cree que inconstitucionalidad es contra leyes, pero es contra cualquier tipo de resolución de la autoridad, como en este caso.
Pero definitivamente es una decisión desafortunada, no puede haber periodismo sin investigación, y no puede haber democracia sin periodismo libre.
Creo que si procedería ahorita, un amparo. Este amparo sería ante una Sala, porque es contra una resolución de juez.
Si la Sala no otorga un amparo provisional. ¿Qué procede?
Una apelación ante la Corte de Constitucionalidad (CC).
Esta resolución se da ya cuando fue convocado el proceso electoral. ¿Qué peligro se corre que se limite el ejercicio periodismo en la época electoral?
Realmente es significativa y al mismo tiempo preocupante. Se está cerca de las elecciones, está alborotado al medio el clima político, por eso digo que es una decisión desafortunada el ordenar una investigación contra los periodistas.
Una fiscal hace una petición que la respalda un juez, pero si la acción es inconstitucional. ¿Cuál es la directriz que debería tomar el MP desde su Fiscal General?
Realmente la fiscal puede pedir lo que quiera, hasta que ahorquen al sindicado, pero el juez es el que dicta la resolución.
Por otra parte, el fiscal debe procurar la aplicación de la justicia, no necesariamente la condena de un personaje y otros que han estado alrededor de él.
En ese sentido, la Fiscal General debería, creo, corregir en el sentido de que no tomen en cuenta esa petición, que desestime esa petición.
No perdamos de vista la independencia funcional de los fiscales, esto también hay que tenerlo muy presente, pero la Fiscal General puede instruir en el sentido de que se desestime esa petición siendo que la misma es atentatoria contra la Constitución, más concretamente el artículo 35.
¿Hace cuánto no se mira una limitación de este tipo al ejercicio periodístico?
Que yo recuerde, dese el período constitucional, desde 1985 a la fecha, nunca había visto una reducción, una amenaza a la libertad de la práctica del periodismo.
En la época reciente. ¿Cuál fue ese momento donde se empezó a mermar el trabajo de la prensa?
Realmente no es tanto los últimos años, fue desde que se fue la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
Ha habido un contra ataque contra todo lo que era Cicig, o lo que estuviera cerca de Cicig, y en esa medida, en ese contraataque no se detuvieron a detallitos puramente técnicos y legales y se pasaron… Se quieren pasar trayendo la libertad de prensa.
Si se permite esto. ¿Qué le espera a Guatemala?
La libertad de expresión y la libertad de prensa es el oxígeno que necesita una democracia, si no hubiera tal práctica realmente se asfixia una comunidad.
En los últimos días gremiales de prensa, organizaciones sociales, incluso sectores y entidades internacionales han emitido pronunciamientos públicos solicitando a las autoridades de justicia dejar sin efecto la investigación contra los periodistas, indicando que la medida atenta derechos fundamentales para cualquier sociedad: El derecho a estar informado y a la libre emisión del pensamiento.
