“Hoy se les trata de demeritar por el fiscal Juan Francisco Sandoval, sin antes haber sido citados, oídos y vencidos en juicio, violentándoles garantías constitucionales, como el debido proceso, presunción de inocencia y sobre todo el derecho de inmunidad del que gozan y que les otorga la Constitución”, se lee en el texto.
El Instituto de Magistrados detalla que en la elaboración del informe presentado por el Ministerio Público al Congreso se han violentado los principios constitucionales esenciales, pues este se elaboró sin respetar el derecho de defensa de los nominados.
“Sobre este punto, la Corte de Constitucionalidad, en sentencia del 15 de octubre del 2009, indicó que el derecho de defensa en términos generales garantiza que quienes intervienen en la sustanciación de un procedimiento administrativo o judicial tendrá la oportunidad de exponer sus argumentos y proponer sus respectivos medios de prueba”, añade el documento.
Los magistrados se quejan de que el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Juan Francisco Sandoval Alfaro, ha violentado los derechos humanos y debido proceso. “Cabe mencionar que actualmente dicho fiscal no contaría con la idoneidad para realizar investigaciones, al ser investigado por la Fiscalía de Asuntos Internos, por supuestas acciones delictivas”, refiere.
En el documento, los magistrados instan al Congreso a que proceda a realizar la elección de las personas que integrarán la CSJ y Corte de Apelaciones con estricto “respeto” a las normas constitucionales y ordinarias correspondientes, tomando en cuenta la jurisprudencia vigente de la CC.
Orden de la CC
Al ser consultado sobre el documento, Sandoval Alfaro manifestó que llama la atención que los magistrados no adviertan que lo que él hizo fue cumplir con una orden de la Corte de Constitucionalidad, y que las situaciones que lamentan están relacionadas con la presunción de inocencia, pero no se puede hablar de eso, ya que el informe requerido por la CC y que fue girado al Congreso, corresponde al ámbito constitucional y es un informe sobre selección de personas idóneas para ocupar las magistraturas de la CSJ y Apelaciones.
“Como ocurre en el país cuando se advierte de alguna situación donde habría corrupción, y acá podría existir corrupción en la integración de las cortes, los magistrados los matices que dan es que los que resultaron afectadas es por ideología y no es algo mío, sino que este informe es una orden de la CC para que los electores, en este caso los diputados, puedan tomar decisiones sobre los profesionales idóneos para conformar las cortes”, explicó.
“También hacen referencia a que tengo muchas denuncias y es cierto que las tengo, como mucho de los postulados, y de ser así ellos tampoco podrían haber ejercido la magistratura”.
Este informe fue entregado al Congreso por el MP para que los diputados puedan discernir y excluir a los abogados que de alguna forma comprometieron la idoneidad, honorabilidad e independencia al reunirse con Gustavo Alejos, ya que como operador buscaban un padrino para ser electos e integrar las cortes.
Negociaciones “espurias”
La directora del Movimiento Pro Justicia, Carmen Aída Ibarra, sobre la acción de los magistrados de Apelaciones, señaló que han quedado al descubierto las negociaciones “espurias” de algunos de ellos y por eso se alzan contra el informe de la Feci.
“Las investigaciones de la Feci ponen a varios del Instituto en aprietos, en evidencia de que para ser electos y conservar el puesto se asocian y comprometen con sindicados de graves crímenes. El informe de la Feci no se fundamenta en documentos de organizaciones como Pro Justicia, solo alude en un párrafo y eso no anula la documentación, y las imágenes que evidencian el amaño”, refirió Ibarra.
El informe
En la investigación del caso Comisiones Paralelas se han identificado redes que operan desde dentro y fuera del sistema de justicia para influir en la toma de decisiones, e incluso algunos grupos se han especializado en “ofrecer” o “vender” servicios de impunidad a partir de contactos en el sistema de justicia, señala el informe del MP.
La investigación que realiza la Feci se refiere a la manipulación o influencia que diferentes actores en el proceso de integración de las nóminas a magistrados, sobre todo, con la participación del empresario Gustavo Alejos, quien al estar privado de libertad logró ser trasladado a un hospital de la zona 2, donde tenía un anexo en el cual hacía sus operaciones para la cooptación de la justicia.
El informe enviado por la Feci se elaboró en cumplimiento a la sentencia de la CC emitida el pasado 6 de mayo. Las nóminas que deben evaluar los diputados son de 26 candidatos a magistrados para la Corte Suprema de Justicia y 270 para salas de Apelaciones.
Este informe se refiere a los profesionales cuya idoneidad y honorabilidad estén comprometidos, requisitos establecidos en el artículo 113 de la Constitución y también sobre la independencia judicial.
