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El expediente no menciona ningún otro objetivo, salvo por Juan Pablo González Mayorga, otrora tercer secretario adjunto de la UCN, quien primero tuvo contacto con dos sujetos que fingieron ser miembros del Cartel de Sinaloa, pero que en un documento de 2019 la DEA describe como “fuentes pagadas de las fuerzas de seguridad”. Ambos participaban como agentes encubiertos bajo la dirección de la DEA, y que el expediente del caso 19-CR-00328 describe como CS1 y CS2 (confidential source, o fuente confidencial).
El documento cita al agente de la DEA Francis Cucci explicando que el CS1 colaboraba con la agencia desde 2016, y el CS2, desde 2008. La DEA tiene una fuerza de tarea que incluye policías de confianza que ejecutan operativos de investigación, vigilancia, cateo o captura bajo su asesoría. En esa dinámica, trabajan en varios casos a la vez. Uno de esos casos, involucraba a González, quien se había vuelto un sujeto de interés para los CS por su manifiesto interés en financiar la campaña política de la UCN con fondos del narcotráfico.
Robert Feitel, el abogado defensor de Estrada, dijo que uno de los CS originalmente se perfilaba como candidato para el Congreso, y era familiar de un alto funcionario gubernamental. Agregó algo más. “Uno de los informantes era miembro del partido de Mario [la UCN], que es una de las razones por las que Mario aceptó reunirse con él”, dijo Feitel. La fiscalía no comentó acerca de la identidad de los agentes encubiertos.
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El vínculo de la UCN y el narcotráfico no era nuevo. Un cable diplomático de la Embajada de los EE.UU. fechado en 2009, y que Plaza Pública divulgó en 2011, describe a la UCN como “un pequeño partido (…) que tiene vínculos con narcotraficantes”.
Para el 6 de febrero pasado, Estrada y su abogado echaron a González al agua. “En ese entonces, González enfrentaba serios problemas económicos”, dijo Feitel. El abogado agregó, según el documento 36, que el co-acusado era virtualmente un extraño para Estrada pero que el partido lo designó para manejar la campaña presidencial. Sin embargo, la grabación de una reunión que sostuvieron hace un año refleja que tenían suficiente confianza entre sí como para discutir el asesinato de varias personas.
Feitel argumentó que los informantes de la DEA manipularon a Estrada. “Se aprovecharon de su deseo por llegar a la presidencia para mejorar y cambiar Guatemala”, dijo, y lo persuadieron a aceptar involucrarse en la conspiración. La fiscalía respondió que “el cambio que el acusado buscaba era facilitar el narcotráfico por las fronteras del país para su cartel preferido”.
No obstante, la defensa pidió un año y un día de cárcel para Estrada porque que el expresidenciable no tenía antecedentes penales, la conspiración no se concretó (solo hubo promesas de permitir a los supuestos miembros del Cartel de Sinaloa para traficar), y Estrada no trató con verdaderos narcotraficantes sino con agentes encubiertos. Sin embargo, la fiscalía recordó que “Estrada alardeó acerca de estar trabajando con un narcotraficante en Guatemala” y que el Cartel Jalisco Nueva Generación también le pidió financiar su campaña para tener paso libre por Guatemala. El expediente no revela si hay evidencias que comprueben este extremo, o si el acusado también fingía para impresionar al CS1 y CS2.
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El fiscal Geoffrey Berman dijo a la corte que la ley ordena la misma pena para quien trafica como para quien tiene la intención de traficar (aunque no lo haya logrado), y por eso pidió de 17 a 21 años de cárcel para Estrada. La fiscalía esperaba un castigo ejemplar. El juez Jed Radkoff ya le había advertido al expresidenciable que no le dictaría menos de cinco años y lo cumplió. Le dictó 15 años, que durante el curso de la condena podrían ser reducidos hasta en un 60% como ha ocurrido con otros procesados.
Radkoff también le impuso una multa US$40 mil, que podría obedecer a que Estrada recibió $10 mil dólares en febrero de 2019 como un anticipo del dinero que supuestamente recibiría del cartel. La multa, cuyo pago no tiene ningún peso en la reducción de la sentencia, como mínimo duplica la cantidad del dinero recibido producto de un crimen, según las leyes estadounidenses.
Estrada, los generales y el plan de asesinato
Cinco días antes de la audiencia sentencia contra el expresidenciable Mario Estrada, su abogado Robert Feitel enfocó la defensa en culpar al co-acusado en este caso, Juan Pablo González Mayorga. El defensor dijo que González involucró a Estrada con los supuestos miembros del Cartel de Sinaloa y propuso el asesinato de rivales políticos, y que Estrada no se refería a atacar a la exfiscal general Thelma Aldana (el objetivo principal de los acusados) sino a dos fiscales que colaboraron con la exfuncionaria.
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York argumentó que Estrada era tan responsable como González y lo comprueba la transcripción de las conversaciones que ambos tuvieron con dos agentes encubiertos, que fingieron ser miembros del citado cartel (los confidential sources, CS1 y CS2, o fuentes confidenciales bajo la dirección de la Agencia Federal Antidrogas de los EE.UU., o DEA, por sus siglas en inglés). Los siguientes fragmentos corresponden a una reunión del 8 de febrero de 2019, en el anexo 1 del documento 37, adjuntado al expediente 19-CR-00328 del caso el 7 de febrero de 2020.
El texto del diálogo empieza con González diciendo que ya había hablado del tema con CS1 y CS2, y llevó a Estrada a la reunión para aprobar lo negociado.
González – Por eso te dije, “Para mí es importante que Mario, que va a ser el presidente, asuma”, porque muy diferente es que yo te cuente. Ahí está él; ahí él dirá.
CS2 – Así es. Siempre que hacemos un trato vamos con la cabeza una sola vez, y no tenemos que volver con ellos jamás porque ya sabemos que hay mucho chismoso. Hay una cosa muy importante señor Estrada, ¿[Qué] candidatos que le están haciendo peso?
Estrada – Eso le iba yo a decir también.
CS2 – ¿Son US$15 millones para que gane, verdad? ¿Qué vamos hacer con ellos? ¿Los vamos a tener que quitar del camino? ¿Bien hechos los trabajos verdad? (…) Le voy a decir una cosa: Si mañana sale un candidato, por una pendejada, por otros problemas que yo desconozca y empieza a estar chingando a su madre con eso, [usted] va a tener un problema.
Estrada – Sí, sí. Hay que ir por un compañero de Thelma. Es la única.
González – Para que hablemos las cosas así como son, si Thelma es un problema, se va.
Estrada – Puta, si eso lo hiciéramos con los generales, quedaríamos bien, y, y, y…endosársela a los que están ahí en el bote (risas de Estrada) (minuto 55:46) ¿O no? P*** y es endosársela.
CS2 – Entonces no tenemos ningún problema. Nos podemos volar a esta señora Thelma.
Estrada – Sí pues, a la señora yo le puedo ganar. Yo sí le puedo ganar.
CS2 – ¿Pero es un riesgo verdad?
Estrada – Ella está chingando a todo el mundo (…). Tiene dos fiscales que son h*** y le obedecen a ella (minuto 56:18) (…). Ahí está la señora esa. Chingátela con los dos cabrones que tiene.
CS2 – ¿Cuánto tiempo usted cree que tenemos para darle en su madre a esa cabrona?
Estrada – ¡Ya!
González – Porque ahorita sería ideal.
CS2 – Bueno, ya. Está bien, ella. Y necesito los nombres de esos dos MP de una vez para ver.
Estrada – Francisco Sandoval, y, y, Oscar Schaad, que es el de Delitos Electorales (minuto 58:38).
<<Fin de transcripción>>
En octubre pasado, cuando Estrada se declaró culpable de conspirar para traficar cocaína a EE.UU., la fiscalía retiró la acusación contra Estrada por conspirar para cometer crímenes violentos vinculados al narcotráfico—que se originó a raíz de la evidencia en su contra de ordenar el asesinato de Aldana y los fiscales. Era un plan que Estrada canceló cuando al exfiscal ya no fue inscrita como candidata presidencial. Después de su captura en abril pasado en Miami, el expresidenciable negó ante la corte que ofreció facilitar contactos en el gobierno a los CS, y en julio también negó que ordenó asesinatos.
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